¿Negociaciones para la guerra total? – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Para disipar la cortina de humo creada por los que quieren que esa amenaza sea olvidada por los colombianos, mientras los preparativos mortíferos continúan en las barbas de las autoridades, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se vió en la obligación de reiterar, como ya lo había hecho el 12 de noviembre pasado, que los planes criminales de las Farc contra el ex presidente Álvaro  Uribe siguen en pié.

Otra cosa es lo que había dicho el 15 de noviembre  el presidente Juan Manuel Santos. En diálogo con Diana Vélez del canal Teleantioquia, el jefe de Estado aseguró,  de manera absolutamente irresponsable,  que el informe de inteligencia que mencionaba esos preparativos era “viejo” y que los proyectos de atentado de la cuadrilla Teófilo Forero contra el ex presidente Uribe “vienen desde que [él] era ministro de Defensa”, es decir desde un amplio periodo que va de 2006 o 2009.

Sin embargo, para el ministro Juan Carlos Pinzón la realidad de esa amenaza es tan grave y actual que no dudó en arriesgar ponerse en contravía de  la línea adoptada por Santos. Según un diario de Medellín, el ministro fue muy claro: rechazó, este 25 de noviembre,  la “confusión creada por unas palabras del presidente Juan Manuel Santos, interpretadas por sectores de la oposición como que estuviera restándole vigencia a las amenazas”.

No hubo interpretaciones abusivas de la oposición. Santos dijo a Teleantioquia eso y no dijo nada más. Se puede entender que para evitarse complicaciones,  Pinzón haya tenido que agregar esta fórmula apaciguadora: “El presidente fue claro en decir que esas eran intenciones viejas pero que se habían encontrado planes nuevos y que por eso le había pedido al ministro de Defensa que informara, y a partir de allí se creó una confusión innecesaria”.

En su intercambio con Diana Vélez, el presidente Santos no habló, para nada, de “planes nuevos”. Los que duden de eso que examinen la entrevista:

http://www.teleantioquia.co/v2_base/index.php?sub_cat=34744&command=ap_secc&ap_secc=viewver&idx=4725&ap=19&nombre=Teleantioquia+Noticias+entrevist%F3+al+presidente+Juan+Manuel+Santos+

Por otra parte, el ministro Pinzón, quizás para responder  de manera anticipada a quienes  están deslizando ya la idea de que  en La Habana será “muy fácil” resolver la contradicción que hay entre “la paz” y la actividad narcotraficante de las Farc, mediante la aceptación de una enorme impostura, como sería firmar un papel donde se diga que las Farc, en realidad, nunca fueron narcotraficantes,  el ministro de Defensa reiteró ayer:  “No estamos acá para causar nada que no contribuya a ese esfuerzo por conseguir la paz, pero de lo que nadie duda en Colombia y todo el mundo sabe, y todos los días se encuentran evidencias, es de la participación de las Farc en toda la cadena del narcotráfico en la que mueven cientos de millones de dólares”.  Juan Carlos Pinzón especificó acertadamente esto: “En toda la cadena del narcotráfico” para desmontar la falacia de que las Farc sólo cobran un “impuesto revolucionario” a los productores de coca y a los laboratorios clandestinos.

En todo caso, esos planes de atentados,  las precisiones del ministro de Defensa, y la frase pronunciada por el ex presidente Uribe cuando supo que Santos trataba de deslegitimar la revelación hecha por Pinzón –“Si Santos busca ocultar delitos de las Farc, que no sea conmigo”–,  plantean un serio problema.

¿Pueden continuar las conversaciones de La Habana en las actuales circunstancias? ¿Humberto de la Calle y sus asesores pueden discutir de paz con los mismos que están urdiendo planes para asesinar a un ex presidente de la República y otras personalidades de Colombia?

¿Cómo puede Sergio Jaramillo Caro seguir llamándose “comisionado para la paz” si no exige a los jefes de las Farc que desautoricen y repudien públicamente tales preparativos de terror, de magnicidio y de guerra total?

Pues eso es lo que está detrás de los preparativos de atentados contra Uribe. Ello prueba que las Farc no van hacia la paz sino que lo de La Habana es un peldaño más hacia la guerra total. Esa guerra total no es sólo militar: requiere una toma previa e insidiosa de las instituciones, como el Congreso, la justicia, el poder ejecutivo, y las tierras laborables y la población urbana y rural. Eso es lo que  están logrando. Parcelas de poder ya están en esas manos. Los dos únicos puntos que Santos dice haber acatado con las Farc (la cuestión agraria y la participación política) reflejan eso y son los trámites necesarios para esa nueva forma de toma del poder.

Negociar sin exigir la abolición de esos planes terroristas equivale a acomodarse a esos planes.  ¿Qué validez podrían tener unas negociaciones salidas de ese tipo de reuniones, impregnadas de traición y crimen?  ¿Si esa es la actitud los negociadores de Santos, qué consecuencias judiciales recaerán sobre ellos, dentro y fuera de Colombia?

¿Y qué decir sobre la pasividad y la tolerancia de los negociadores de Santos ante los atentados discretos (pues silenciados por la Fiscalía y la prensa arrodillada) que está sufriendo el Procurador Alejandro Ordóñez?

Los colombianos no buscan únicamente la terminación del conflicto, punto que parece absoluto y excluyente para Sergio Jaramillo. Buscan que tras la terminación del conflicto la democracia siga en pié, que las libertades sean una realidad, que el país viva en un clima donde el mercado, la concordia y las relaciones con el mundo libre puedan prosperar. La Colombia que describen los dos puntos acordados hasta ahora en La Habana es la negación de eso: un país “en paz” (es decir con unas Farc impunes, armadas y en cese momentáneo de terror, pero dispuestas a atacar de nuevo en cualquier momento) con el agravante de que las Farc ocuparán, al mismo tiempo, posiciones en el Estado y dentro de la sociedad civil para hacer imposible la democracia, la libertad, el mercado y la prosperidad. Pues todo estará regimentado por ellas a través de sus falsos organismos “sociales”.

Colombia es un país ávido de libertad. No de libertad entre comillas. No de libertad tutelada por criminales. La actual operación de Santos en La Habana equivale a presentarles a los colombianos una capitulación en regla del Estado como un paso adicional hacia la libertad y la democracia. Tal actitud es una infamia, es una nueva traición.

Consulte el archivo de artículos del autor

Santos va a Washington ¿Demasiado tarde? – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

En su condición de presidente de la República de Colombia y de candidato a la reelección en 2014, Juan Manuel Santos prepara un nuevo viaje oficial a Washington. Según un vocero de la Casa Blanca, en el encuentro con Barack Obama, el 3 de diciembre próximo, Juan Manuel Santos pedirá, probablemente, apoyo para el proceso de paz con las Farc. Es curioso que sea la parte americana la que evoque este punto en particular. Bogotá había dado a entender de manera mucho más elíptica los temas que discutirán los dos mandatarios: “seguridad ciudadana, derechos humanos y expansión económica”.  En algún discurso en provincia, Santos aseguró alegremente que el tema de la entrevista con Obama sería cómo “atraer más inversión” a Colombia.

Es evidente que el presidente Santos siente una notable aversión por  los dos temas más cruciales de Colombia, en este momento, en materia de soberanía y seguridad nacional, ante los cuales él debería sentirse en la obligación de discutir con Obama. Es lo que todo mandatario responsable haría al reunirse con el líder de Estados Unidos, la única superpotencia mundial. Pues ese país es, precisamente, nuestro principal aliado diplomático, militar y comercial desde siempre.

Colombia está a punto de perder 75.000 km² de mar territorial en el Caribe, a causa de las intrigas y maniobras jurídicas y militares de Nicaragua y Cuba y de un bloque de regímenes dictatoriales antiamericanos.  Colombia está haciéndole frente, por otra parte, a un ascenso rápido de la violencia y de la subversión narco-terrorista, a causa de una alianza de las Farc con esos mismos regímenes dictatoriales antiamericanos. Esos dos puntos deberían ser priorizados en la reunión Obama-Santos. Pero no lo serán. Parece que para ellos eso no tiene importancia.

¿Cómo se llegó a ese estado de cosas?

Santos perdió la mano ante Nicaragua, pues descuidó la alianza de defensa que Colombia tenía con los Estados Unidos y relegó los lazos que Colombia comenzaba a hacer con la Otan.  El excelente trabajo de los presidentes Pastrana y Uribe para actualizar la alianza con Estados Unidos fue dejado en el limbo por Santos. Lo ocurrido con los aviones rusos Tupolev 160 que violaron el espacio aéreo colombiano el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2013, sin que Colombia pudiera hacer nada, no habría ocurrido si Colombia hubiera conservado su plan para dotar siete bases militares colombianas con ayuda de Estados Unidos. Tal negligencia es el resultado de otro hecho: desde la llegada de Santos al poder,  la diplomacia colombiana ha sido hecha en Caracas. Resultado: Colombia está más sola que nunca, y ni siquiera la chavista Unasur, tras los servicios prestados por Bogotá en la conformación de ese club sectario, que pretende sacar a Estados Unidos y Canadá de los asuntos del hemisferio, no apoya a Colombia  en su pleito contra Nicaragua y no la apoya tampoco ahora ante la agresión de la Rusia de Putin.

¿Tiene en esto responsabilidad también el gobierno de Barack Obama? Claro que sí. El desinterés de Obama por el continente latinoamericano, donde dejó que se instalaran cinco nuevos regímenes antiliberales y antiamericanos bajo la férula de la tiranía venezolana, es un fracaso mayor de esa administración.

Hay, por otra parte, un paralelo curioso entre Obama y Santos.

Después de impedir desde 2009, por puros caprichos ideológicos, la firma del TLC con Colombia, y de intentar cambiar el texto del mismo, Obama aceptó respetar ese tratado firmado en 2006. Y acogió en 2010 con beneplácito (¿e inspiró quizás?) las conversaciones de Santos con las Farc. Obama sueña con llegar a un acuerdo con el  régimen islamista de Irán, como Santos sueña con un acuerdo con las Farc. Obama está dispuesto a firmar un compromiso con Teherán que le permita levantar las sanciones a Irán, aunque no obtenga garantía reales para Israel. Santos está dispuesto a firmar cualquier papel con las Farc con tal de que éstas apoyen su reelección y contribuyan a dormir a los colombianos ante las perspectivas perversas que se preparan en La Habana.

Obama sabe que Irán está a punto de llegar al punto de no retorno en la obtención del arma nuclear. Santos le hace decir a sus amigos que se está llegando “al punto de no retorno” en los pactos secretos con las Farc. Obama sabe que Irán plantea abiertamente, como lo acaba de reiterar Ali Khamenei, la destrucción de Israel. Santos negocia con una organización terrorista que busca acabar con Colombia y reforzar las posiciones de los aliados de Cuba y Venezuela.

Tras los vuelos rusos sobre el espacio aéreo colombiano, Obama no dijo nada: ni una frase de apoyo, ni una frase de amistar por Colombia. Sin embargo, tal incursión ilegal de Rusia fue el acto de agresión más sombrío cometido por Rusia en el continente americano desde la crisis desatada por la URSS al instalar misiles nucleares en Cuba contra Estados Unidos.

El régimen de Assad se salvó del derrumbe gracias al apoyo militar y diplomático de Rusia. Al permitirle jugar ese papel a Moscú, Obama le propinó a Estados Unidos una derrota geopolítica fuerte en ese punto clave del globo.  Las alianzas construidas por Washington durante años de esfuerzos se ven debilitadas ahora.

Al permitirle a Putin pasear impunemente dos de sus bombarderos estratégicos, portadores eventuales de ojivas atómicas, en el espacio aéreo colombiano e internacional del Mar Caribe, a 60 millas de Barranquilla, Obama le ha asestado otro golpe formidable a la seguridad del continente americano.  De hecho, lo ocurrido en el espacio aéreo colombiano el 1 de noviembre pasado, no es un chiste ni un hecho aislado. Es una advertencia: las armas rusas pueden hacer lo que quieran en nuestro continente. Es, además, una continuación deliberada de la ofensiva audaz de Putin para arrebatarle a la alianza occidental, y sobre todo a Estados Unidos, puntos geoestratégicos. Es la continuidad de lo que ocurrió en Siria, donde Moscú apareció como el nuevo patrón de la diplomacia mundial.

Un patrón que le muestra los músculos a Colombia y que defiende los intereses de las dictaduras que conspiran contra Colombia.

Tal es el verdadero marco político-diplomático de la entrevista Santos-Obama de diciembre. Sin embargo, el presidente Santos no parece interesado en eso, como tampoco la canciller Holguín, quien acaba de declarar que  no ha encontrado “un hecho nuevo que permita la revisión de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya”.

¿Santos trata de enmendar sus errores en política exterior cambiando de embajador en Washington?  Nada lo indica. Empero, aunque Santos tratara de hacerlo, tal acción llegaría demasiado tarde. Obama está en su peor momento, tras el fracaso del Obamacare y los fiascos en seguridad global. Según el sondeo de CBS, el 57% de la población americana desaprueba lo que Obama está haciendo.

Colombia está sola y en conflicto larvado con una coalición internacional agresiva presidida por una Rusia más pérfida que nunca.

Santos también está en un mal momento. Un acuerdo secreto o semi secreto con las Farc le ayudará a hacerse reelegir, es cierto. Pero tal acuerdo es, al mismo tiempo, un peso muerto: los colombianos jamás aceptarán ser gobernados o cogobernados por las Farc. El repudio es inmenso en Colombia contra esa máquina de muerte. Ante la perspectiva de ver a los jefes de la sangrienta banda presidiendo los destinos del Congreso colombiano y organizando varios grupúsculos y partidos con prensa, radio y televisión propia, financiados con nuestros impuestos, y verlos ocupando millones de hectáreas, con población y todo, y dictándole la línea a la empresa privada y a los planes de desarrollo, y cambiando el sistema electoral e imponiendo la censura de prensa, como lo prevén los pactos de La Habana (ver el llamado “acuerdo” del 6 de noviembre de 2013), los colombianos no votarán por el padre de semejante suicidio.

Santos ha aislado a Colombia por su manejo izquierdista de las relaciones exteriores con sus aliados históricos y por el impulso cínico de las conversaciones de paz más anticolombianas de la historia.  Santos no puede escapar a la dinámica que el mismo ha creado y eso se verá más y más durante la contienda electoral. Y Barack Obama no podrá sacarlo del lio.

Consulte el archivo de artículos del autor

Las FARC y sus víctimas mujeres – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Hace unos días, una guerrillera y “negociadora” de las Farc en La Habana anunció la creación de un portal web para “retratar” la vida de ellas “como rebeldes” y para “acabar con el mito que (sic) las mujeres del grupo son víctimas de sus compañeros hombres”.  Una página web de Bogotá dio esa noticia en siete líneas y sin comentarios y desde entonces muy pocos retomaron ese tema. Sin embargo, ese asunto invita a una reflexión pues el sapo que esa guerrillera le pide tragar a todos es enorme y muy feo.

 

¿Que las guerrilleras no son víctimas de sus compañeros? ¿Que el sufrimiento de las mujeres enroladas en las Farc, a la fuerza o por convicción, es un mito?  ¿Qué lo que cuentan las ex guerrilleras desmovilizadas es pura mentira? Si eso fuera así, ya se sabría. Y muchas mujeres descarriadas se irían,  sin pensarlo dos veces, a vivir en el espléndido mundo de los cambuches y trincheras de las Farc.

Pero eso no es así. Las Farc tienen dificultades para reclutar en general y para reclutar mujeres, en particular. Las Farc reclutan mediante la mentira y la violencia, sobre todo a las personas más frágiles, y a niños y jóvenes que tuvieron la desgracia de cruzar un día el camino de esos matones.  Y, así, la verdad de la condición femenina dentro de las Farc sale a flote, una y otra vez. Cuando una guerrillera huye, o se entrega a la fuerza pública, cuenta espontánea y escrupulosamente los incidentes más tristes de esa experiencia. Los ex secuestrados también han sido testigos de lo que le ocurre a las mujeres dentro de las Farc, ya sea como combatientes y/o como rehenes.

 

Los jefes de las Farc, quieren montar ahora una página web para que muchachas ingenuas o mal  informadas caigan en sus trampas. Las mujeres que fueron víctimas de las Farc, como rehenes o como guerrilleras, deberían tomar, de nuevo, la palabra. Es un deber moral hacerlo. ¿Que están esperando, por ejemplo, Clara Rojas e Ingrid Betancourt para luchar contra esa nueva impostura?

 

La minoría que cree todavía que las Farc respeta a sus mujeres deberían ver lo que declaran y escriben las guerrilleras que escaparon a ese infierno. Escuchen, por ejemplo, el testimonio de Brenda, reclutada a los 13 años y quien escapó en octubre de 2012. Aguerrida guerrillera, ella sufrió sin embargo golpizas por estar embarazada. Sus tres niños  eran considerados un estorbo y estuvieron a punto  de ser abatidos por la guerrilla. El cuarto hijo de ella fue asesinado por orden de su jefe. Una periodista que recogió el testimonio  contó que Brenda “al ser descubierta en medio [del parto] fue golpeada y llevada a la fuerza a un campamento donde la anestesiaron con una sustancia que se utiliza para sedar a las bestias”. Lo que sigue es pavoroso: “Sin perder el conocimiento, observó cómo, luego de abrirle las piernas, un guerrillero le insertaba unas tenazas y le desmembraba a su bebé. Meses después, cuando [Brenda] supo que estaba esperando a otro niño, David, tomó la decisión de escapar”.

 

Podrían escuchar también a Zenaida Rueda Calderón,  guerrillera que se fugó en 2009 con un secuestrado que hacía dos años estaba en poder de las Farc. Ella había sido reclutada cuando tenía 18 años y terminó siendo miembro de la seguridad de Jojoy. Ella vio y vivió el infierno de los secuestrados y de los guerrilleros castigados, enfermos o heridos, sobre todo de las mujeres guerrilleras. Ella fue víctima de los tratos crueles de sus jefes. Ella narró, entre otras historias horribles,  la muerte lenta y atroz de una de sus compañeras que padecía de sífilis y que nunca fue tratada pues el “comandante” de su unidad decía que era “mañosa” y que se “hacía la enferma para no trabajar”. Esa guerrillera murió peor que un perro: “inflamada y llena de moretones en casi todo el cuerpo, como si la hubieran golpeado”.  “Al novio ya lo habían matado. Lo acusaron de infiltrado. A ella la habían dejado viva para hacerle inteligencia y averiguar si era infiltrada y de quien. Decían que los habían mandado con esa enfermedad para que contagiaran a otros guerrilleros”. La disciplina y la vida cotidiana de las Farc se resume a esto: temor,  traición y muerte. El sufrimiento y el miedo son constantes.

 

Esa es la vivencia real de los guerrilleros, donde las mujeres llevan la peor parte. Es lo que los jefes narco-terroristas  en La Habana, que dialogan con Santos, quieren borrar con una página web cargada de mentiras.

A las Farc no les interesa contrarrestar únicamente los testimonios cada vez más numerosos de sus víctimas.  Quieren ir más lejos: con su técnica de repetir y disfrazar las mismas mentiras y de cambiar el sentido de las palabras, quieren que los colombianos pierdan el sentido moral que les queda. Que no puedan distinguir  entre el bien y el mal, entre la piedad y la crueldad, entre la libertad y la esclavitud.  Es una vieja  receta bolchevique: quien logra jugar con la realidad y con las palabras, para que el mal aparezca como bien, puede controlar el mundo. Pues el mundo, para ellos, está dentro del cráneo de la gente y no afuera.  El comunismo rechaza y difama todos los principios de la democracia pero simula actuar en nombre de la democracia. George Orwell estudió ese asunto y descubrió algo que llamó el “pensamiento doble”. Éste consiste en “el poder de introducir simultáneamente en la mente humana dos creencias contradictorias para que ambas sean aceptables”.  Con ese método, el comunista y el fascista logran borrar en el otro una verdad para que la repudie como una mentira, y viceversa.

 

Cuando una guerrillera asegura que su vida es satisfactoria, que sus jefes y compañeros son humanitarios, que la sexualidad en los frentes no es un calvario, que tener hijos en las Farc es una bendición, que servir de esclava sexual de un jefe fariano es encomiable, que abortar  brutalmente es indoloro, que clavarle un bisturí  al hijo recién nacido de una compañera es gratificante, que fusilar a sus compañeros por el robo de una panela es banal,  que degollar a un rehén porque no puede marchar más rápido es fácil,  que matar es luchar por la paz, ella está tratando, como  decía Jean-Paul Sartre, de “deslizar el mundo al seno de la nada”, para abolir el espíritu crítico y el sentido moral del pueblo.  ¿Cómo se defenderá Colombia de esa nueva ofensiva? ¿Con la pasividad y el silencio?

Consultar estos textos:

Así es la dramática vida de las mujeres en las Farc

Por Jineth Bedoya Lima, 11 de junio de 2011

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9598605.html

 

La miserable vida de las mujeres en las FARC

http://www.elmundo.es/america/2011/03/09/colombia/1299687650.html

 

Videos muestran maltrato de las Farc sobre mujeres

19 de Noviembre de 2010

http://www.terra.com.co/noticias/articulo/html/acu36527-videos-muestran-maltrato-de-las-farc-sobre-mujeres.htm

Las mujeres de las FARC, abusadas y violadas. La igualdad de género no pasa del discurso. Un estudio advierte sobre las vejaciones como forma de castigo, el reclutamiento de niñas y el aborto forzado para controlar la natalidad. Vea las galerías de fotos y videos:

http://www.infobae.com/2011/06/16/1027272-las-mujeres-las-farc-abusadas-y-violadas

 

Desmovilizada de las Farc le contó a El País sobre los abusos que sufrió en la selva

Por Karen Daniela Ferrin, reportera de El País, Cali, 26 de noviembre de 2012

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/desmovilizada-farc-le-conto-pais-sobre-abusos-sufrio-selva

Consulte el archivo de artículos del autor

¿Con quien negocia Santos? – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

El presidente Juan Manuel Santos lanzó antier en Neiva un nuevo ataque verbal, bastante violento, contra  la oposición. La acusó de lo que la viene acusando desde hace más de un año cuando comenzaron los contactos visibles con las Farc en Cuba. “Los enemigos del proceso están diciendo mentiras sobre lo que se está discutiendo en la Habana”, lanzó el mandatario ante un auditorio que esperaba de él otra cosa, en respuesta  a los problemas urgentes del departamento, como el colapso de la justicia por la falta de nuevos jueces y juzgados y como la lentitud de las obras públicas por él prometidas (los trayectos Neiva–Girardot y Neiva–Mocoa–Santana) y el pago de un subsidio prometido a los caficultores.

En lugar de tratar esa temática, Santos se embarcó en una diatriba incendiaria al decir, según Radio Caracol, que el ex presidente Álvaro  Uribe “se está oponiendo a todo, a su reelección [la de Santos] y al proceso de paz”. Enseguida, reiteró contra Uribe su epíteto preferido: “Uribe es uno de los enemigos de los diálogos con la guerrilla”. Según Santos, los colombianos también somos culpables. Dijo: “Los colombianos se están dejando llenar la cabeza de cucarachas y (…)  por eso hay más incrédulos en el país que en el extranjero sobre la paz que se está negociando”. El jefe de Estado remató así: “Yo estoy negociando con la guerrilla, no con Uribe”.

Esas alegaciones insinúan algo que es a la vez cierto y falso. Es cierto que los colombianos –y por muy buenas razones– ya no creemos en el llamado “proceso de paz”. Las encuestas lo dicen:  el 78% está contra la participación de los jefes de las Farc en elecciones; el 80% está contra la no entrega de las armas de éstas y solo la pretendida “dejación”; el 80% está contra la entrega a las Farc de las zonas de reserva campesina;  el 87% está contra el no pago de un solo día de cárcel por los crímenes de las Farc; el 89% está en contra de que las Farc tengan una representación parlamentaria a dedo, es decir sin pasar por el voto de los ciudadanos.

Aunque Santos esté muy molesto con la opinión, debería admitir la verdad: las Farc y él mismo fracasaron en hacernos creer a los colombianos que esas aberraciones, esa capitulación en regla del Estado y de la sociedad ante las Farc, era lo mejor para el país. Por otra parte, no es exacto que “en el extranjero” estén muy felices de ver a las Farc convertidas en alegres borregos que nunca cometieron crímenes de guerra ni crímenes contra la humanidad. Pensemos en lo que ha dicho al respecto, con gran autoridad, la fiscal de la Corte Penal Internacional, de La Haya.

El otro punto, aún más importante es este: ¿Con quién está negociando Santos? Si él cree que está negociando con una guerrilla, el presidente se equivoca.

Las negociaciones en La Habana, en su estado actual, no son entre el gobierno colombiano y una guerrilla. En esas negociaciones las Farc están negociando no con el Estado colombiano en su conjunto, sino con una fracción del Estado colombiano que insiste en ese capricho, contra el desespero, aunque sea silencioso, de otra parte de ese mismo Estado. Por otra parte: las Farc están batallando allí, en La Habana, no para aplastar, en particular y de manera aislada, la democracia colombiana, sino que están batallando para hacerlo pero en nombre de los intereses globales del castro-comunismo en el continente americano y en el mundo.

Los que creen que las Farc son el “secretariado” de Timochenko y las bandas errantes que subsisten bajo su mando, se equivocan. Las Farc son mucho más que eso, son un animal mucho más letal, imprevisible y tentacular de lo que algunos creen. Las Farc nunca fueron un proyecto insurreccional anticapitalista en un sólo país. Esa organización era y es un eslabón de una cadena. Era y es un instrumento subversivo que depende de unos poderes extranjeros con ambiciones continentales.

Recordemos un detalle reciente que deja al descubierto ese fenómeno: cuando las fuerzas militares y de policía de Colombia dieron de baja a Raúl Reyes, el jefe de hecho de las Farc en ese momento, en su campamento en territorio ecuatoriano, el  1 de marzo de 2008,  tres países rompieron inmediatamente relaciones diplomáticas con Colombia: Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Esos gobiernos inflaron el incidente, que era susceptible, en condiciones normales, de ser arreglado por la vía diplomática, y lo transformaron en un casus belli: Venezuela envió ruidosamente tropas a la frontera con Colombia. Ecuador hizo otro tanto, con menos ruido. Nicaragua redobló sus intrigas para sacar a Colombia del Mar Caribe. ¿Por qué? Porque entre las Farc y esos regímenes había y hay una alianza política-militar, no solo una simpatía ideológica.

Es a la luz de hechos como ese, que algunos parecen haber olvidado, que se deben analizar las pretendidas negociaciones de paz en La Habana. ¿Santos pretende que está negociando con una guerrilla? Está negociando, en realidad, con una narco-guerrilla y con entramado de poderes y de ambiciones internacionales, es decir con un bloque totalmente anticolombiano. Yo creo que Santos sabe todo eso. ¿Por qué no lo dice a los colombianos?

¿Quién puede creer que de esa aventura en La Habana saldrán unas Farc sin narcotráfico y dispuestas a respetar, e incluso dispuestas a “ampliar” como ellas prometen, la democracia, la soberanía, las libertades, la separación de poderes, la libertad de prensa y la economía de mercado en Colombia?

Lo que buscan en La Habana es abolir la Colombia que hoy conocemos y amamos. Si los colombianos son “incrédulos”, como dice Santos, es porque saben eso, pues han escuchado lo que dicen las Farc desde La Habana, mientras ven a un gobierno mudo y acomplejado ante las vociferaciones y amenazas de los jefes de las Farc en Cuba. Y porque ven y sufren en carne propia los actos de terrorismo, infames y diarios, contra civiles, militares, policías y contra las infraestructuras del país, estimulados, precisamente, por esas “negociaciones de paz”.

No, el problema no es la “lentitud de los diálogos” en La Habana, como estima el presidente Santos. Tampoco es que las negociaciones estén “atascadas”, como cree saber la agencia Reuters. Es porque esas negociaciones son imposibles, pues buscan algo inadmisible: llegar a una situación de paz (relativa) en detrimento de la democracia. A una paz como la que existe en Cuba, o en Venezuela, o en Nicaragua. Pero no una paz en un contexto de libertades reales. Es decir, la salida que preconizan las Farc no conduciría sino a un solo escenario: a la verdadera guerra civil en Colombia. No hay en el continente una entidad más militarista que las Farc.

Los diálogos en La Habana son un peligro para el país. Por eso las Farc y sus acólitos, Piedad Córdoba, Iván Cepeda y otros, después de hacer la pantomima de rechazar los regalos de Santos, como el “marco jurídico para la paz” y el referendo, entre otros, regalos que ellos valoran, en realidad, como trampolines para alcanzar sus objetivos, no tienen en estos días sino un discurso: las negociaciones deben continuar, es la oportunidad de llegar a una “salida política” (la paz sin democracia), hay que negociar también con el Eln, etc.

¿Por qué esa insistencia? Porque las Farc y sus aliados, y la galaxia internacional que gira en torno de la dictadura cubana, el Foro de Sao Paulo, donde las Farc y el Eln tienen puestos fijos desde 1990, ven que la aventura en La Habana entre Santos y Timochenko abre una brecha, la única, para desbaratar el sistema político colombiano desde dentro y poder arrastrar un país clave del continente a la órbita de los cubanos.

Santos sabe perfectamente esto y, sin embargo, dice que está “negociando la paz” para Colombia.

Consulte el archivo de artículos del autor

La radicalización del gobierno de Santos – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Asistimos en estos momentos a una brutal radicalización del gobierno de Juan Manuel Santos. Nada parecido se había visto en los tres últimos años. Por lo menos tres hechos hacen visible ese extraño y precipitado giro. El primero es el anuncio de que el gobierno está dispuesto a decretar “inmediatamente” el cese al fuego con las Farc “si hay acuerdo de paz” en La Habana. El segundo es el nombramiento de  Alfonso Gómez Méndez como ministro de Justicia. Y el tercero es la ofensiva judicial e intimidatoria, de gran ferocidad, contra el uribismo: encarcelamiento relámpago y absurdo del pre candidato presidencial Luis Alfredo Ramos y, sobre todo, el relanzamiento judicial y mediático de los embustes archí conocidos, y jamás probados, contra el ex presidente Álvaro  Uribe Vélez, para impedir que él y su movimiento lleguen al Senado de la República a comienzos del año entrante. Esta última embestida, aunque emana de ciertos magistrados, cuenta con el aval del alto Gobierno.

Estos tres expedientes están íntimamente ligados pues hacen parte de una misma operación. Y ésta es de hondo calado aunque será ejecutada con gran rapidez. “Está llegando el momento de la toma de decisiones”, advierte el Gobierno. Habrá que creerle.

Esta aceleración y radicalización del proceso se da, paradójicamente, en un momento de creciente impopularidad del gobierno y de auge, por el contrario, de la receptividad de las propuestas del ex presidente Uribe. En cambio, el índice de favorabilidad del presidente Santos (y obviamente su posibilidad de reelección) caen drásticamente en todos los sondeos de opinión. Y ello no es sólo el resultado de la incapacidad del jefe de Estado para responder a las expectativas del agro colombiano.

Ese contexto desfavorable, con huelgas explosivas como telón de fondo, fue el que escogió JM Santos para anunciar que ordenará la parálisis de la fuerza pública si las Farc le firman una vaga promesa de paz. Nunca antes, desde el comienzo de este proceso, en noviembre de 2012, Santos hizo un anuncio parecido.

Esa orden la daría Santos sin que haya de parte de las Farc ni cese previo de sus violencias, ni entrega de las armas. Según Santos, esa entrega de armas vendrá mucho más tarde: “una vez aprobados los acuerdos en las urnas”. Es decir, Santos acepta por primera vez la condición de siempre de las Farc de que el primero en cesar el fuego y en parar toda actividad militar legítima debe ser el Estado “burgués”, el llamado “agresor” de las Farc. Una vez constatado el cese al fuego unilateral, las Farc, cree Santos, entrarán también en cese de fuego. Todo un sueño.

Estamos pues ante un anuncio inédito que podría terminar en una  grave distorsión del semi-equilibrio militar actual de Colombia. Esa orden se sumaría a la ya larga lista de concesiones formidables que Santos ha venido aceptándole a las Farc en La Habana.

Esas movidas explícitas del poder nos llevan a una conclusión: el presidente JM Santos está tratando de instalar de manera insidiosa un nuevo orden político y social en Colombia. Esa instalación se hace bajo la apariencia de una “negociación de paz”. Se trata, en realidad, de un proceso mucho más ambicioso y muy antidemocrático. La sociedad no fue consultada para ello. Ella no sabe que esa operación estratégica existe, que los alcances de la negociación de paz van mucho más allá del tema de la paz. La ciudadanía es mantenida al margen de esa vasta operación, es excluida  de toda decisión y hasta es desinformada sobre lo que ocurre en La Habana.

Se trata pues de una instalación solapada de un nuevo orden, con nuevas reglas de juego, con nuevas instituciones, con nueva Constitución, y con nuevos actores políticos (las Farc y sus aparatos de superficie) los cuales llevarán la voz cantante en el nuevo sistema. El rasgo dominante de ese “nuevo país” sería algo que Colombia siempre repudió: dejar que se instale en el centro del escenario político un partido armado pero legalizado.

El gol de Timochenko es, entonces, perfecto: trasformó una negociación de paz en un pacto para cambiar de sistema, para pasar de la democracia a una democracia de imitación, y de allí a un sistema totalitario. Gracias a esa operación, las Farc no tendrán que entregar siquiera las armas sino que meses o años después (cuando se “hayan aprobado los acuerdos en las urnas”)  podrían “dejar” las armas, es decir que las ocultarían y con ellas a buena parte de sus combatientes y redes subversivas, para seguir blandiendo sobre Colombia la innoble amenaza terrorista.

Ese es el pacto escalofriante que Santos acaba de aceptar y de presentar como un paso banal dentro de un límpido proceso de paz.

En ese marco, las esperanzas de los colombianos de que las Farc sean desarmadas, juzgadas y castigadas, de que reparen a sus víctimas, de que retiren las minas antipersonales que han sembrado, de que entreguen sus secuestrados, entreguen sus cultivos y depósitos de drogas y desmantelen sus redes infiltradas en las distintas esferas de la sociedad, se han esfumado.

La negociación en La Habana no busca  un desenlace en el que las Farc se desmovilizan, se desarman y acogen las reglas de la democracia. Se está erigiendo allí, a espaldas del pueblo, un nuevo orden social y político anti liberal y anti democrático: con los peores jefes terroristas del país blanqueados y entronizados en el centro de mando, con un poder ejecutivo que controla cada detalle de ese proceso de ruptura y que somete a los otros poderes.

Si la justicia legitima tales horrores el Estado de derecho habrá muerto. El panorama de una oposición aplastada y de unas “nuevas” fuerzas armadas descabezadas, sin orientaciones y recursos, no es, lamentablemente, quimérico. El proceso “de paz”, tal como va, desembocará, como lo dicen las Farc, en una “reducción” de la fuerza pública. Pues la perspectiva (no dicha) es transformarlas en un “ejército popular”. Al final de eso, Colombia habrá sido transformada en un vasallo de Cuba.

Esa operación anti-colombiana está siendo mostrada a la opinión como algo excelente, como una “ampliación de la democracia”, como la única vía hacia “una Colombia más segura” y “más democrática”, para citar las frases utilizadas el pasado 8 de septiembre por el negociador de JM Santos en La Habana,  Humberto de la Calle.

El problema es que los colombianos, si bien quieren la paz, es decir la paz en democracia (y no una paz sin democracia), no quieren la salida que están preparando en La Habana. La mayoría de los encuestados dice que  no están dispuestos a aceptar que se sacrifique la justicia para llegar a un acuerdo de paz.  El 78% de los encuestados dice rechazar la participación política de las Farc. Solo una ínfima minoría estima que otorgar la impunidad a los crímenes de las Farc favorecerá la paz.

Para pasar por encima de esa voluntad popular genuinamente democrática  el régimen tendrá que emplear la fuerza.  La fuerza y el engaño. Hasta hoy ha empleado lo segundo. Pero no podrá pasar a la fase final sin acudir a la fuerza. Las operaciones judiciales contra el uribismo muestran que estamos entrando ya en la fase avanzada.

Ahí es donde se explica el nombramiento de Alfonso Gómez Méndez. El polémico jurista, ex Fiscal General de la Nación, es acusado por guerrilleros desmovilizados de ser un agente de las Farc en el campo judicial y político. Nadie hasta hoy ha demostrado que esas acusaciones son falsas. La hostilidad de Gómez Méndez contra  las Fuerzas Armadas es conocida. Durante su paso por la Fiscalía, ese instituto se llenó de funcionarios muy dudosos. Alfonso Gómez Méndez será el encargado de mover los hilos para que el aparato judicial acepte el rol de verdugo de la oposición y de los militares. Otra tarea será hacer potables los acuerdos sobre la impunidad que están elaborando en Cuba. Para ello serán empleados los medios más audaces. La actuación de Gómez Mendez habrá que seguirla con lupa.

Pero la sociedad colombiana no está muerta. Ella conserva una cierta capacidad de respuesta ante los abusos. Las huelgas  agrarias de las semanas pasadas, a pesar de su carácter ambiguo,  demuestran eso. Hubo en esas huelgas una auténtica  expresión de cólera popular ante el desgreño santista. Pero hubo también esfuerzos de infiltración de parte de la subversión que los líderes genuinos del agro no lograron frenar.

Todos los dominós están  en su lugar y sólo falta un impulso seco para que comience el derrumbe. ¿Dejaremos que eso ocurra?

Consulte el archivo de artículos del autor

No son vándalos, imbécil. Son las Farc – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Esa tarde del 29 de agosto de 2013 no hubo en la Plaza de Bolívar alma más valiente y noble que la de ella. Sin protección alguna, armada sólo de su valor personal y de su deseo de parar el mal con un gesto de desprendimiento y de oferta de su propia vida, Gloria Barreto Bernal, 60 años, se plantó con los brazos abiertos en forma de cruz ante  una horda de energúmenos que lapidaba y trataba de eliminar a un grupo de policías acorralados contra un muro.

La “manifestación campesina” de ese día en Bogotá llegaba a su fin y los golpeadores profesionales, los “vándalos”, como los llamó la prensa, habían rodeado a un puñado de uniformados anti motines del Esmad: buscaban escindir el grupo para tomar uno o dos rehenes y hacer papilla con el resto. Cuando, de pronto, Gloria Barreto Bernal, a pesar de la lluvia de proyectiles, apareció. Se puso al lado de los agredidos dispuesta a detener con su presencia,  aunque fuera por unos segundos, las manos asesinas.

¿Sabía ella que podía ser gravemente herida o morir en el acto? Ella estaba lejos de saber que en ese mismo día, lanzadores de piedras como los que ella enfrentaba, habían dado muerte a un chofer de bus en una carretera entre Tunja y Paipa. Ella sólo pensó en el riesgo de los otros. Dos días más tarde, la prensa la buscó y la entrevistó para hacer el elogio de ese acto heroico. Ella explicó que vio que los policías “no tenían nada con qué defenderse”, que “los rostros de los manifestantes reflejaban falta de amor” y una “furia interna en su corazón”. Y lo más sugestivo: que cuando vio “los rostros de las mujeres, detrás de los cascos del Esmad”, su “instinto maternal de protección” la obligó a dar ese paso en defensa de los policías. Esos rostros femeninos, explicó a un matutino, “le recordaron a Antonia, su hija menor de 22 años”. Pero no fue solo eso. Ella quería “que dejaran de agredir” [a los uniformados] por respeto o porque Dios quería que fuera así”.

La turba, compuesta de encapuchados vestidos de civil que se hacían pasar por estudiantes, arrojaba contra los policías inmóviles, a no menos de dos metros de distancia,  con intención homicida, todo lo que tenían a la mano: pesadas sillas y mesas metálicas, palos y filudas piedras traídas en morrales para culminar con un hecho de sangre esa manifestación subversiva.

El video que hoy circula en YouTube, muestra esos dramáticos momentos. Los atacantes trataron de sacar a Gloria Barreto del lugar para arreciar sin obstáculos la pedrea. Dos agresores la prendieron. Ella opuso resistencia y en el forcejeo, mientras era arrastrada hacia otro sector, le laceraron los brazos. Como en esos instantes irrumpió un camión de la policía, los amotinados huyeron por la calle 11. Segundos después,  inexplicablemente, el camión del Esmad se retiró y dejó de nuevo sola a Gloria y a los uniformados que seguían pegados a la pared de la Casa del Florero. Obviamente, la turba regresó, rehízo la barricada y recomenzó la golpiza.  Empero, en medio de una nube de gases lacrimógenos, Gloria avanzó hacia ellos. Trató de abrazarlos para romper de alguna manera esa oleada de odio y apaciguarlos. En vano. Uno de ellos la embistió de nuevo con violencia. El video se interrumpe en ese instante.

¿Que sabemos de Gloria Barreto Bernal? Muy poco. Que vive en el barrio San Cristóbal, del suroriente de Bogotá, donde tiene un pequeño inquilinato. Que tiene dos hijas que ya no viven con ella, que ese día había ido al centro  para hacer un reclamo por una factura del agua, y que de pronto se encontró con la violenta asonada. “Yo estaba en la mitad de todo y mi única defensa era la oración”, dijo. En su diálogo con una periodista indicó que algunas pancartas la habían asombrado. “Había unos mensajes horribles y los jóvenes se reían de la autoridad. No me aguanté y le arranqué la pancarta a uno de ellos y le dije: eso no se hace muchacho”.

Francisco Ossa, uno de los policías que fue salvado por ella, declaró más tarde: “Como caída del cielo, como un ángel, se puso en frente de los disturbios y nos protegió”.  Gloria Barreto cree en el poder de la oración y en el respeto de las instituciones. Dice que su convicción no es la guerra y que está convencida que “toda autoridad viene de Dios y que por eso hay que respetarla”.

Lo ocurrido ese día en esa esquina de Bogotá tiene una gran fuerza de evocación. Debe ser el símbolo de algo. La violenta arremetida de los extremistas contra los policías, y el gesto magnífico de Gloria Barreto Bernal, hacen pensar. Por ejemplo, en ese mismo lugar ocurrió algo el 20 de julio de 1810 que abrió la marcha de los colombianos hacia la libertad: en incidente del florero de Llorente.

La diferencia es que, esta vez, allí ocurre lo contrario: los garrulos que agredieron a la Policía y a Gloria Barreto ayudan a los que quieren interrumpir esa marcha hacia la libertad y destruir el sistema político que los colombianos han escogido, para hundir al país en una dictadura infame, basada en el abyecto modelo cubano.

Ese incidente mostró algo más: la policía arrinconada y humillada por un puñado de criminales. ¿No es eso lo que quieren, precisamente, los jefes de las Farc que en La Habana gesticulan y exigen la paralización y la “reducción” de la fuerza pública? ¿Lo que vimos este 29 de agosto no indica que esa paralización y “reducción” ya comenzó en los hechos?

Sin embargo, el gesto de Gloria Barreto Bernal deja una nota positiva: muestra que la sociedad civil, por más desarmada que esté, puede jugar un papel central en la defensa de la fuerza pública y en la defensa de Colombia contra los terroristas y los planes totalitarios.  Esa sería la mayor lección que nos dejan esas fuertes imágenes y la bella acción de valentía y amor de Gloria Barreto Bernal.

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=cjfIG3y8tAo

Fotos:

El Tiempo, Bogotá

http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/bogot6/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-13032983.html

Consulte el archivo de artículos del autor

¿La impunidad sigue en la agenda del Gobierno? – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

La más justa aspiración de las víctimas es que sus victimarios sean juzgados y castigados efectivamente. En Colombia, donde la violencia subversiva pretende desde hace más de 50 años derribar las instituciones democráticas y ha impartido el terror y la miseria en todas sus formas y por todas partes, ese clamor es permanente, vasto y enérgico. Sin embargo, la Corte Constitucional, para asombro de todos, le acaba de decir no a esas legítimas aspiraciones.

El presidente Juan Manuel Santos, los senadores y los magistrados santistas podrán proclamar en todos los tonos lo contrario: que el fallo de antier de la Corte Constitucional es magnífico pues garantiza el derecho de las víctimas. Mentira. Las víctimas y sus derechos fueron, una vez más, dejados de lado para que los violentos puedan salirse con la suya y apoderarse de la vida política del país sin pagar un solo día de cárcel.

El mensaje que enviaron los magistrados de la Corte Constitucional es, por eso, terrible: la paz (ficticia) que ofrecen las Farc al Gobierno de JM Santos doblega hoy todos los principios de derecho y de humanidad en Colombia.

La decisión del 28 de agosto consagra ese lamentable punto de vista al dejar intacto el artículo que permite que haya una suspensión de la ejecución de la pena. Ese artículo será invocado por los peores enemigos del país para no pagarle a la sociedad sus cuentas pendientes, aunque hayan sido condenados por sus numerosos crímenes, incluidos los de guerra y de lesa humanidad.

Ante las advertencias formuladas, directa o indirectamente, por Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, y por  Alejandro Ordóñez, el Procurador General de Colombia,  y a pesar de los llamados de atención del ex presidente Álvaro Uribe y de la oposición contra la tentación de fomentar la impunidad, los magistrados acomodaron,  a última hora, una serie de consideraciones, que pueden parecer como “salomónicas” y muy garantistas, para tratar de hacer compatible el llamado “marco jurídico para la paz” con el derecho internacional y, en particular, con las exigencias de la Corte Penal Internacional.

Es verdad que el fallo exige el fin definitivo de las acciones armadas, la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados, la desvinculación de los menores de las filas guerrilleras y la entrega de las armas, y no se contenta, en principio, con la sola “dejación” de los fusiles que evocan a veces las Farc.

Sin embargo, y a causa de la fuerte presión del gobierno de JM Santos, la Corte Constitucional optó por dejar intacta la parte más errónea, negativa e inconstitucional del  acto legislativo 01 de 2012.

Si se lee con atención las declaraciones dadas a la prensa y el boletín entregado ayer a los medios (el fallo en sí y los salvamentos de voto no han sido publicados al momento de redactar esta nota), se ve que ninguna de esas observaciones o “exigencias” particulares parecen ser decisivas y determinantes. Lo decisivo es la clausula que permitirá la suspensión de la ejecución de la sanción o la pena.

Al acordar a los miembros de las Farc (pues el “marco jurídico para la paz” fue diseñado para ellas) la posibilidad de que la justicia les suspenda la ejecución de la pena, la CC asume la grave posición de desconocer los estándares contra la impunidad de la legislación penal internacional y de la misma CPI. Ésta conceptuó que dictar condenas demasiado bajas o el perdón para ciertos crímenes, en virtud de los acuerdos que se negocian en La Habana, obligará a que esa Corte intervenga sobre este asunto.

La Corte Constitucional, con ese fallo, contribuye al deterioro del Estado de derecho en Colombia y aniquila la buena imagen que podía tener en el país y en la comunidad internacional.

Toda la argucia de la Corte Constitucional descansa sobre la palabra “sancionar”. En efecto, si bien es cierto que el punto 5 del boletín de los magistrados habla de la “obligación de sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario” no es menos cierto que esa “sanción” podría ser únicamente teórica y en el papel.

En Derecho sancionar y ejecutar la pena son dos momentos judiciales diferentes. En casi todos los países democráticos hay excepciones al principio de que todo delito debe ser reprimido. La condena decidida por un tribunal o por un jurado de conciencia, puede ser dejada en suspenso. Todo proceso penal termina, en general, en una sentencia de absolución o de condena. Pero una condena privativa de la libertad, por las particularidades del caso (insignificancia del delito, culpabilidad mínima del juzgado o padecimiento de éste de una enfermedad o de una lesión), puede ser dejada en suspenso.

En los países democráticos, la suspensión de la ejecución de la pena tiene unos límites: no es otorgada sino a penas de corta y mediana duración (no más de cuatro años) y la libertad del condenado es restringida y condicionada a respetar ciertas órdenes.

Sin embargo, en el fallo de antier comienza a aparecer una desviación de esa doctrina aceptada hasta ahora por las naciones civilizadas. ¿Cómo es posible que a un jefe terrorista que ha cometido las peores atrocidades –lo que en un país normal generaría una pena de prisión perpetua o de 30 años de cárcel–, pueda ser beneficiado no sólo con una medida de renuncia condicionada a la persecución penal, o con una suspensión de la ejecución de la pena, sino además con la posibilidad de postularse como líder político?

Esa desviación lamentable es lo que constituye el epicentro de la decisión de la Corte Constitucional.

Ese aspecto no aparece a primera vista. Miremos con qué cautela formulan eso los magistrados en su boletín de prensa: “La Corte determinó que los mecanismos de suspensión condicional de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y las modalidades especiales de cumplimiento, no implican por sí solos una sustitución de los pilares esenciales de la Carta, siempre que se encuentren orientados a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.”

Las Farc deben estar satisfechas con esa decisión, aunque digan lo contrario. Las Farc rechazan desde el comienzo el “marco jurídico para la paz” no por su contenido (que les ofrece impunidad) sino porque es un texto elaborado, votado y examinado por los órganos de la democracia. Ellos quieren que ese texto sea, por el contrario, un producto del cogobierno que quieren imponerle al poder ejecutivo y que, por lo tanto, sea reexaminado y modificado en la mesa de negociación de La Habana.

Habrá que ver con mucho cuidado lo que hará el Congreso al dictar (ejercicio nada fácil) las leyes destinadas a hacer aplicable el acto legislativo 01 de 2012.

Consulte el archivo de artículos del autor