Sindicalismo depredador – Trino Márquez

Trino Márquez

El sindicalismo oficialista es una forma de coaligarse, no para estimular la producción y la productividad y luego repartir entre el capital y el trabajo los beneficios derivados de ese incremento, sino para arruinar las empresas, sean estas públicas o privadas. Los ejemplos abundan. Helados EFE, Coca Cola FEMSA, Toyota, las industrias de Guayana (particularmente Ferrominera), son algunas de las víctimas de ese sindicalismo depredador y gansteril, suerte de  bazar ideológico con trazos de marxismo, anarcosindicalismo y cheguevarismo, expresión de una cultura cuidadosamente elaborada para combatir y exprimir las empresas, en el caso de las industrias privadas,  y ordeñar la ubre del Estado, en el segmento de las empresas públicas, y, por encima de todo, enriquecer la aristocracia sindical.

El régimen que se instala en 1999 intenta desde sus inicios capturar y someter al movimiento obrero organizado. Sufre sus primeras derrotas precisamente en uno de los momento de su mayor popularidad. El año 2000, mediante el Referendo Sindical, trata de deslegitimar la directiva de la CTV para entronizar a sus aliados dentro de la Confederación. Luego, en 2001, Carlos Ortega compite por la presidencia de la CTV con Aristóbulo Istúriz (de quien nunca se conoció su pedigrí obrero), al que le propina una soberbia felpa. En vista de esos reveses sucesivos y dolorosos, el Gobierno opta por una nueva estrategia que tendrá  dos líneas de acción: crear organizaciones paralelas a los sindicatos donde no triunfaba por la vía electoral y dejar languidecer las organizaciones sindicales autónomas.

Luego de la salida de Carlos Ortega de la CTV, la confederación se desvanece en manos de una dirigencia burocrática, indolente y cómplice de los abusos del Gobierno. Su antigua combatividad, esa que muestra contra las reformas modernizadoras de Carlos Andrés Pérez, se extingue. En medio de la peor crisis vivida por los trabajadores venezolanos, con varios miles de convenciones colectivas vencidas, con el derecho a huelga amenazado  en organismos públicos como el SENIAT, esa capa “dirigente” optó por esconderse. No dar la cara, ni pelear. Es tan dócil e inofensiva que el gobierno más autoritario desde Juan Vicente Gómez ha dejado que sobreviva de las migajas que les dan sus afiliados y la OIT. Solo aparece en los tristes desfiles del 1º. de mayo para celebrar las “victorias de la gloriosa clase obrera”. Los grupos de sindicalistas honestos y combativos desprendidos de la CTV para crear tienda aparte, todavía no han adquirido la fuerza ni la proyección suficiente para convertirse en una referencia nacional significativa.

La desidia del sindicalismo tradicional le ha dejado el camino libre al sindicalismo depredador. Helados EFE constituye un ejemplo emblemático de esta práctica perversa. De acuerdo con el trabajo de investigación “Helados en coma”, publicado por EL Universal el 30 de junio de 2013, con la firma de Francisco Olivares, “un grupo de sindicalistas mantiene sitiada la planta de Producto EFE con frecuentes paralizaciones. En el… ejercicio 2011-2012 se registraron pérdidas por 161 millones de bolívares”. Según Olivares, “el nuevo contrato colectivo ofrecido a los trabajadores de EFE elevará el salario promedio a 8 veces el salario mínimo, pero persisten acciones de paralización que han provocado un ausentismo de 10%”. Las asambleas convocadas por los sindicalistas pueden realizarse en cualquier momento de la jornada laboral. Las líneas de producción se interrumpen cuando a esos pranes se les antoja. El resultado de esta operación de exterminio es que la empresa se encuentra al borde de la quiebra, luego de haber sido la firma más representativa en ese rubro y a pesar de que la demanda de ese delicioso producto ha crecido. El sindicalismo socialista no saciará su impulso destructivo hasta verla aniquilada. Luego se trasladará a otra empresa. El destino de los trabajadores no le interesa a esa casta corrompida.

El ejemplo de EFE se replica en Lácteos los Andes, SIDOR, las empresas cementeras estatizadas, donde se mezclan una gerencia incompetente y abúlica, con unos sindicatos voraces. En otros casos como  Toyota, Mitsubishi y Coca Cola FEMSA, prevalece la ferocidad de unos dirigentes insaciables que cuentan con la complicidad del Gobierno. El discurso de la “lucha de clases” y “el combate al capital transnacional” maquilla el hostigamiento a la propiedad privada, al Estado de Derecho y a una forma de actuación delictiva.  

@trinomarquezc

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Municipales: las incongruencias del régimen

Trino Márquez

El régimen, con particular énfasis Nicolás Maduro, señala que existe una evidente contradicción en el comportamiento de la oposición: por un lado impugna los resultados de las elecciones del 14 de abril y por otro llama a participar en los comicios municipales del próximo 8 de diciembre. Las red de medios públicos insiste en ese supuesto antagonismo. Incluso, algunos analistas del campo opositor aprecian la misma inconsistencia.

Tal rivalidad no existe. Como dice el célebre refrán, hay que repicar y estar en misa; o, llorando y vistiendo al muerto. No queda otra. Si de incongruencias se trata, los primeros que han faltado a la palabra y a los compromisos en materia electoral son los jerarcas del Gobierno. Maduro el 14-A por la noche dijo estar dispuesto a que se abrieran todas las cajas de votación y se contaran todos los votos, pues estaba seguro de su triunfo. Henrique Capriles le tomó la palabra y le exigió al CNE que se auditara el proceso en su conjunto. Abundaban las pruebas de que se habían cometido numerosas irregularidades que favorecían al candidato del continuismo. El CNE, acosado por el Gobierno, proclamó Presidente Electo a Maduro el 15 de abril, apenas unas horas después de haber emitido el primer boletín oficial y de haber sido cuestionados los resultados. Primera incongruencia.

Presionado por la comunidad internacional y, sobre todo, por los países de la UNASUR, Maduro adquirió el compromiso de someterse a la auditoria solicitada por Capriles, en el encuentro de Presidentes de ese organismo multilateral efectuado en Lima el 18 de abril, víspera de su juramentación como Presidente Constitucional. La auditoría tendría que realizarse de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE). Conviene recordar que ese instrumento ha sido reformado varias veces durante el régimen chavista, la última fue en 2009. No se trata de una ley proveniente del pasado remoto, sino de un instrumento avalado por la mayoría oficialista que ha dominado cómodamente la Asamblea Nacional desde 2005. El CNE –forzado por el Gobierno- realizó una auditoria parcial e incompleta para cubrir las apariencias y responder a las demandas nacionales e internacionales. Fue una auditoria chucuta e ilegal que violó la LOPE. Segunda incongruencia.

Frente a esas inconsistencias del régimen, lo más lógico es que Henrique Capriles y la MUD insistan en criticar el comportamiento del CNE y cuestionar el triunfo de Nicolás Maduro. El Gobierno ha sido inconsecuente con su propia legalidad. La ha violado con el fin de eternizarse en el poder por medios ilegítimos.

¿Reconocer y denunciar este atropello, perpetrado por el hecho de que no existen órganos independientes del Poder Público y el régimen mantiene secuestradas las instituciones, debe conducir a desconocer al CNE y apartarse del camino electoral por inútil e intrascendente? De ninguna manera. No existe ninguna contradicción o incongruencia entre denunciar la actitud del CNE y, en general del régimen, exigirle al TSJ que le ordene al CNE a realizar la auditoria según los términos establecidos en la LOPE y prepararse para triunfar en los comicios de diciembre.

Al único que le interesa que se perciba esa “oposición” es al Gobierno, que sufre una merma perpendicular en su nivel de aceptación por el caos económico y social que ha desatado, que está enredado con la elección de sus candidatos a alcaldes y concejales, y que corre el grave peligro de sufrir una humillante derrota que evidencie el fraude masivo cometido en abril. Este descalabro pretende evitarlo el régimen, de allí que siembre sospechas y dudas en la oposición acerca de esa consulta.

Con lo que tiene que ser consecuente la oposición es con la ruta electoral escogida desde 2006. Este es su plan estratégico. Incluye el apego a la Constitución, a la democracia y a la paz. Nada de sobresaltos o caminos verdes. En torno de los comicios se constituirá la nueva mayoría, ya  expresada el 14-A, que permitirá salir de la pandilla que gobierna. En esta ruta se levantan obstáculos como el CNE y se cometen trastadas como los abusos de poder y la “auditoria” efectuada por el órgano electoral. Las próximas veces habrá que triunfar con una mayoría tan holgada que el régimen no pueda ignorarla, ni las Fuerzas Armadas desconocerla.

Las “incongruencias” escolásticas hay que dejárselas a los diletantes para que las resuelvan. A la oposición práctica le toca hacer política con los elementos reales.

@trinomarquezc

Corrupción: ¿a quién castigar?

Trino Márquez

En su discurso en el Campo de Carabobo el 24 de junio, Nicolás Maduro calificó la corrupción como un azote al que su gobierno debe combatir porque está “destruyendo la Patria”. Desde entonces el dirigente del PSUV insiste en el tema cada vez que se presenta alguna oportunidad. Su intensidad forma parte de la estrategia dirigida a golpear los grupos que apoyan a Diosdado Cabello, señalados de haberse enriquecido de forma obscena a la sombra de negocios ilícitos, comisiones, tráfico de influencia, y de socavar las bases del poder de Maduro. Sus palabras en Carabobo fueron pronunciadas luego de un gesto insólito de descortesía con quien se supone es el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. En ese acto, el comandante que dirigía el desfile le pidió permiso a Maduro para presentarle el parte militar (batallones, tanques, armas que se desplegarían) al Presidente de la Asamblea Nacional. Este comportamiento desconsiderado, nada casual, lo enfureció.

Anécdotas e intrigas palaciegas aparte, la cruzada contra la corrupción emprendida por Maduro luce fingida e incoherente. El conflicto con Cabello no puede librarlo de forma abierta porque pondría en riesgo la unidad del régimen, aspecto esencial para su sobrevivencia. Toda diferencia interna se subordina a la necesidad de mantenerse cohesionados, y, sobre todo parecer que lo están. Esa apariencia no es necesaria proyectarla con  la oposición.  A esta hay que tratar de destruirla. El “combate” a la corrupción apunta a aniquilar a Henrique Capriles, Henry Falcón y Liborio Guarulla, los tres gobernadores del campo opositor, tal como antes hicieron con Manuel Rosales y, parcialmente, con Leopoldo López.  En la mira están Pablo Pérez y Richard Mardo. Como guillotina cuentan con un Poder Judicial obsecuente y una Contraloría, sin contralora designada por el Parlamento, sucursal de Miraflores. El ariete de esta operación destructiva es Pedro Carreño. Sin comentarios.

Si el régimen desease obtener resultados impactantes tendría que adoptar iniciativas ambiciosas. Debería comenzar por levantar progresivamente los controles de cambio y de precio, y eliminar las excesivas regulaciones y normas punitivas aprobadas. Parte significativa de la  descomposición se encuentra asociada al régimen cambiario. Inmensas fortunas se han amasado al amparo de un mecanismo perverso que incentiva el tráfico de influencias y las coimas, y que solo se justifica por el dominio político que el régimen quiere mantener sobre los empresarios y la actividad económica. El control de precios es otra fuente de distorsiones. Eduardo Samán yerra cuando invoca la moral revolucionaria para preservar la pulcritud del esquema. Los precios regulados, en realidad congelados, representan un mecanismo perverso que deforma todo el sistema de precios, el cual debe estructurarse a partir de la libre competencia y la relación entre demanda y oferta. En todos los países socialistas, sometidos a férreos controles estatales, la corrupción campea. El socialismo del siglo XXI no es la excepción de esa ley universal.

Hay que desincentivar la corrupción. Crear motivos para que los funcionarios no delincan. Un Poder Judicial  profesional, meritocrático y autónomo, capaz de perseguir, castigar e impedir la impunidad, razón principalísima de la corrupción, es una pieza clave de esa lucha. El sistema judicial forma parte de la red de complicidades que alimentan la corrupción. Los tribunales sirven para criminalizar a los opositores y proteger a los seguidores del gobierno. Las investigaciones objetivas naufragaban en ese Mar de los Sargazos. Ningún caso de corrupción que comprometa seriamente al Gobierno, se examina. Por eso el Plan Bolívar 2000, Pedeval, el maletín del Antonini Wilson, la quiebra de las industrias de Guayana, los abusos electorales, forman parte de la historia de la picaresca criolla. Se castiga solo a los huérfanos de la nomenclatura, quienes sirven de chivos expiatorios.

La opacidad en la forma como el gobierno otorga las licitaciones y los contratos forma otro capítulo de esta larga novela. Los convenidos con China, Cuba, Brasil, Bilorrusia, Rusia, son secretos tan bien guardados que solo los elegidos los conocen. Las firmas se estampan en el mundo del misterio. El país ignora arreglos irresponsables, entre ellos la compra de armas, firmados por el Ejecutivo, que comprometen el presente y el futuro de la nación.

Lo medular de la lucha contra la corrupción no se orienta a adecentar el Estado, sino a destruir la oposición.

@cedice

@trinomarquezc

Plan plomo seguro

Trino Márquez

El asesinato por parte de un grupo de matones de la Guardia Nacional Bolivariana de la señora Luiminer Pacheco y de su pequeña hija María Gabriela, de 14 años, ha llenado de consternación e indignación a todos los venezolanos, menos a los diputados del PSUV en la Asamblea Nacional, quienes se negaron a discutir en plenaria ese ajusticiamiento. La mayoría oficialista, presidida por Darío Vivas, optó  por remitir el punto a la Comisión de Política Interior de la misma Asamblea con el fin de que el crimen quedé sepultado por otro homicidio parecido y duerma el sueño eterno de los justos.

Los voceros del Gobierno dicen que el suceso no tiene nada que ver con  el Plan Patria Segura, pues formaba parte de otro operativo. Argumentan que fue producto de una “lamentable confusión”. Según estos portavoces, los más de cincuenta proyectiles que salieron de la boca de los fusiles de los guardias no estaban dirigidos contra la señora Pacheco y sus hijas, sino contra unos delincuentes. Los guardias nacionales, supuestamente, perseguían a unos peligrosos malhechores que escapaban en un vehículo parecido al conducido por la señora Luiminer.

¿Cómo puede calificarse semejante  excusa? Simplemente de cínica. La impudencia le chorrea por todos los costados.  La Constitución señala, Art. 19: “el Estado  garantizará a toda persona … el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente, de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público …”  El derecho a la vida es el principal derecho humano. La pena de muerte se encuentra taxativamente vedada en la Constitución. Venezuela suscribió el Pacto de San José, que les prohíbe a los países signatarios aprobar o aplicar esa condena.   La GNB es un órgano del Poder Público. Está obligada a garantizar el derecho a la vida, incluso de personas que hayan cometido delitos graves. Los tribunales de justicia existen para establecer los castigos, atribución que no posee la GNB, cuerpo que debe agotar los esfuerzos por atrapar a los delincuentes sanos y salvos. La supuesta persecución que realizaban los guardias de unos presuntos bandidos, de ningún modo sirve para justificar la saña con la cual se comportaron los agentes que participaron directamente en el hecho.

El encono con el que actuó ese pelotón de fusilamiento forma parte del odio que este régimen le ha inoculado a la sociedad y, especialmente, al estamento militar contra los civiles. En algún momento se pensó que una vez desaparecido Hugo Chávez, quien convirtió la confrontación en su signo distintivo, la calma retornaría al país.  No ha sido ha sido. Los sargentos que lo sucedieron son peores y más viles.  El día de la fecha patria más importante, el 5 de julio, que debería haber servido para emitir una señal de reconciliación nacional, Elías Jaua se convirtió en un basilisco en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional. Amenazas, odio, insultos, descalificaciones contra la oposición, fueron las palabras pronunciadas, disparadas como una ametralladora. La Asamblea fue convertida en un paredón por ese Canciller mediocre, mucho más interesado en vengarse de Henrique Capriles por la derrota que le propinó en Miranda, que en actuar con eficiencia al frente del servicio exterior para representar y defender los intereses del país.

Luego, Nicolás Maduro le cayó a plomo verbal a Liborio Guarulla, gobernador de un estado tan pobre como Amazonas. Fue un acto cobarde el de ese señor. Utilizó todo el poder del Estado central para insultar y, de paso, darle un nuevo zarpazo a descentralización, al despojar a la entidad de Poliamazona. Debilita aún más a una gobernación que maneja un magro presupuesto, carece de ingresos propios y debe luchar contra las mafias militares protegidas por el Gobierno nacional. Guarulla no se arredró ante el ataque. Su respuesta calló al soberbio insolente, quien debería actuar de ese modo más bien con Diosdado Cabello, que se la pasa irrespetándolo.

La arrogancia de la élite del régimen, entregada en los brazos de los militares, tiñe el comportamiento de todas las esferas gubernamentales. Esa soberbia quedó plasmada con sangre en el crimen cometido contra la familia Pacheco. Ahora habrá que luchar para que este nuevo asesinato no quede opacado por la orgía de sangre en la que vive diariamente Venezuela.

@cedice

@trinomarquezc

Universidad: tres armas de la venganza

Trino Márquez

En la violencia ejercida por el Gobierno contra las universidades autónomas existe un componente revanchista que debe explicarse a partir de la teoría freudiana de las pulsiones tanáticas. Se trata de la venganza de una élite arrogante, embrutecida por el afán de perpetuarse en el poder y eliminar todo vestigio de autonomía de las instituciones del Estado y  de las organizaciones civiles.

Desde 1999, el régimen no ha descansado en su propósito de capturar las universidades y someterlas al modelo socialista. Han probado distintas fórmulas. Unas pacíficas; otras, la mayoría, violentas. En el caso de la UCV, en 2000 fueron a las elecciones de las máximas autoridades con Nelson Merentes como candidato a Rector. Perdieron por paliza. Salieron de la competencia en la primera vuelta.  La retaliación vino al poco tiempo. El 28 de marzo de 2001 una banda de forajidos alentados por el Ejecutivo tomó la sede del Consejo Universitario durante dos meses, hasta que la comunidad ucevista los desalojó por la fuerza. El objetivo de ir a una “constituyente universitaria” y “refundar la universidad” para alinearla con el socialismo del siglo XXI sufrió un duro revés, pero se mantuvo, pese a la derrota electoral y a la resistencia de la comunidad ante los intentos de allanar la institución desde adentro. En las siguientes elecciones de las autoridades rectorales –2004 y 2008- el plan oficialista fue rechazado de nuevo, también de forma categórica.

El Gobierno se dio cuenta de que por la vía electoral no tomaría el control de la UCV, ni el de las otras universidades nacionales. Era necesario acudir a otro expediente en el que la violencia, el cerco financiero y el desconocimiento de los gremios legítimos fuesen las armas clave.

Con el fin de desatar el terror había que mantener activo el grupo 28-M y otros colectivos armados (La Piedrita, Alexis Vive) para que actuasen como brigadas de choque. Solo en la  UCV ha habido cerca de una centena de ataques terroristas en la última década por parte de esos paramilitares. Nunca el Gobierno los ha perseguido, detenido, ni presentado a la opinión pública, a pesar del daño material causado y del peligro que reprentan para la vida de los universitarios. Al contrario, los favorece y ampara, al tiempo que hostiga a la rectora García Arocha y a las demás autoridades.

El acoso financiero es el otro instrumento de guerra.  Desde 2007 a las universidades se les aprueba el mismo presupuesto. Las deficiencias financieras se cubren a través de créditos adicionales, siempre destinados a pagar remuneraciones, nunca orientados a elevar la capacidad de investigación e innovación. Este mecanismo se combina con las restricciones para que la institución académica eleve sus ingresos propios. Las posibilidades de contratar estudios con empresas particulares u organismos públicos, recibir donaciones del sector privado o de organismo internacionales, son cada vez menores. En este terreno el camino es intrincado. Se busca que la Universidad esté subordinada de forma absoluta a las transferencias gubernamentales. En términos más sencillos: ni lavan, ni prestan la batea.

La creación de organizaciones gremiales paralelas, títeres del oficialismo, el desconocimiento de los órganos genuinos de representación profesoral y de la normativa que rige las relaciones entre el profesorado y el Estado, conforman la otra pieza del rompecabezas. La FAPUV, creada hace más de 40 años, ha sido ignorada y maltratada por el oficialismo. Las Normas de Homologación, vigentes desde 1982, fueron desconocidas a partir de 2003, cuando el aumento de sueldos del sector universitario se produjo mediante un decreto presidencial unilateral. Para cubrir las apariencias de consulta, el régimen propicio la formación de unos gremios oficialistas con los cuales discutió el incremento de sueldos que ha sido propuesto. El acuerdo incluye la aceptación del proyecto socialista para la universidad venezolana. Es decir, la entrega de la autonomía de cátedra, de opinión, de pensamiento, de investigación. Se renuncia a la progenitura por un plato de lentejas.

Peligra la existencia de la Universidad concebida para transmitir, aprender y descubrir conocimientos especializados. El régimen busca sustituirla por otra de carácter confesional, donde predomine el oscurantismo y el  pensamiento único. Los comunistas entienden la educación como un sistema destinado a someter, no a libera. Pero, se toparon con el heroísmo de los universitarios.

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Gobierno: educar para conseguir compinches

Trino Márquez

Desconcierta ver y oír a los simpatizantes del Gobierno hablar del “sagrado derecho a la educación” y de cómo está siendo “violado” por la “derecha” que declaró el paro indefinido. El único que profana ese derecho es el régimen  instaurado hace más de catorce años. Su hostilidad con el sector universitario traspasó todas las fronteras convencionales. Solo la UCV ha sido objeto de más de cien ataques terroristas por parte de los grupos paramilitares financiados por el oficialismo. El M-28, La Piedrita y Alexis Vive han actuado como brigadas de choque para atemorizar y sembrar terror entre los miembros de la comunidad.

Las miserables condiciones a las que fueron arrastrados los profesores, el deterioro de las condiciones para la enseñanza y la investigación, y las irrisorias  becas y otros beneficios que reciben los estudiantes, forzaron el conflicto actual, convertido en símbolo de la tenaz resistencia que el país sostiene contra la mafia enquistada en el poder. La heroica pelea que docentes y  estudiantes mantienen por lograr un presupuesto que responda a las demandas universitarias y por preservar la autonomía universitaria, ubica en su justo lugar los límites del derecho al estudio.

La educación es un proceso integral que incluye la instrucción y la formación de valores éticos y democráticos. Los alumnos se instruyen con el fin de adquirir conocimientos, habilidades, destrezas que los califiquen en determinadas áreas de la ciencia, las técnicas, las artes. La universidad enseña un saber especializado, académico, que trasciende el  sentido común y dota al estudiante de nociones, conceptos y teorías que le permiten explicar el área de la que se ocupa y proponer o tomar las decisiones que se deriven del estudio de la materia examinada. En la academia se adquiere un lenguaje especializado y se aprende a utilizar herramientas teóricas y prácticas que elevan la precisión de la observación y el conocimiento.  En la búsqueda de estos objetivos reside el fin  específico de la educación en cuanto proceso de instrucción.

Sin embargo, no solo de pan vive el Hombre, dice Jesús.  El estudiante necesita adquirir valores morales que le permitan llevar una vida digna, aceptar la pluralidad y la democracia, algo que los regímenes totalitarios siempre intentan destruir. El Gobierno busca convertir los alumnos de las universidades autónomas en cómplices de sus planes destructivos de la institución universitaria. Pretende que los estudiantes se hagan los locos ante el empobrecimiento continuo e irreversible de los docentes y la conversión progresiva de la Universidad en una escuela de formación de cuadros revolucionarios, donde no se realiza ninguna clase de investigación independiente, ha desaparecido la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, la libre discusión de las ideas, la democracia en todas sus formas, y predomina el pensamiento único de una secta oscurantista que, contra la voluntad mayoritaria del país y en abierta contradicción con la Constitución, persigue imponer el comunismo.

La “educación” de la cual habla ese grupo milenarista es de carácter confesional, similar a la que se impartía en Rusia, China o la España franquista. Igual a la que se suministra en Cuba, luego de más de cincuenta años de fracasos. En realidad ese amasijo de ideas nada se relaciona con la educación, sino con la ideologización para enajenar al estudiantado. Para despojarlo de toda voluntad y sentido crítico del entorno, y convertirlo en el instrumento dócil de una clase gobernante solo interesada en perpetuarse en el poder.

El “derecho a la educación” del que hablan esos farsantes no es tal. Lo que aspiran es degradar el acto de enseñanza, reducirlo a un lavado ideológico, con la finalidad de envilecer a los alumnos para convertirlos en compinches de su estrategia embrutecedora.

La épica batalla de los profesores y estudiantes, el heroísmo de su acción, además de las reivindicaciones salariales y económicas, posee una dimensión ética esencial. Los jóvenes han demostrado que no se mueven como marionetas, ni poseen alma de esquiroles. No ingresaron a la enseñanza superior para traicionar los fines de la educación,  en nombre de un “derecho al estudio” tramposo, concebido para someter, no para liberar. Están allí para defender el valor de la educación como acto integral. Lo lograron.

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Socialismo: su ineficiencia congénita

Trino Márquez

En Venezuela estamos viendo en vivo, una vez más, las taras del socialismo. Los indicadores del propio Gobierno no mienten: mayo cerró con una inflación de 6%; proyectada  llegaría, dentro de un año,  a 72%;  la que ya se registró en los últimos doce meses se montó en 35.2%;  el índice de escasez admitido por el Banco Central llega a 20.5% (aunque algunos expertos señalan que anda por encima de 30%); 49.9% es el aumento experimentado por los precios de los alimentos en los recientes doce meses; en lo que va de 2013, el salto registrado en los precios es 19.4%, muy superior a las metas propuestas  por el Gobierno, que se había fijado un tope para todo el año ubicado entre 14% y 16%; la brecha entre el dólar oficial y el paralelo es gigantesca (el marcador de la mayoría de los precios es, por supuesto, el innombrable);  la inversión es la más baja del América del Sur, a pesar de Venezuela ser una potencia petrolera; tenemos la más baja tasa de  productividad del continente; y, por añadidura, ocupamos los últimos lugares del mundo en materia de pulcritud y transparencia en el manejo de los recursos públicos; es decir, el Estado se encuentra entre los más corruptos del planeta. En el país cristalizaron dos rasgos esenciales del socialismo: la ineficiencia y la corrupción.

Nicolás Maduro tropezó con el exigente reto de dirigir un Estado interventor, que creció durante catorce años como ocurre con los obesos: de forma anómala y malsana. Aumentó de tamaño expropiando empresas productivas y eficientes en manos privadas, que pagaban impuestos, para  luego quebrarlas. Lácteos Los Andes y Agroisleña ejemplifican esta aberración. El afán de someter y supervisar condujo a aprobar un amasijo de leyes inconvenientes, torpedos dirigidos contra la inversión, la producción  y la  innovación. La Ley Orgánica del Trabajo fue un misil disparado contra la clase laboral. Ahora cuesta mucho más dinero crear un empleo en el sector formal de la economía, mientras el rendimiento de los trabajadores decrece a ritmos alarmantes. El control de precios (que en algunos casos es “congelamiento”) y el de cambio, que han demostrado ser factores distorsionantes de la economía, se mantienen contra las evidencia de su inutilidad e inconveniencia.

Dentro del oficialismo hay una intensa discusión, que puede seguirse a través de Aporrea,  acerca de línea la que debe mantener Maduro. El ala más radical se niega a aprobar los acuerdos con los empresarios privados y critica todo tipo de negociación con la “burguesía” nacional. Insiste en que debe profundizarse la revolución mediante nuevas nacionalizaciones y expropiaciones, y la expansión del colectivismo y la propiedad social. Su objetivo es asfixiar la propiedad privada, hasta reducirla a una franja insignificante. Este sector insiste en llamados piadosos a fortalecer la “moral revolucionaria” y combatir la corrupción mediante el reforzamiento de la contraloría social y el castigo a los culpables de hechos fraudulentos. Voluntarismo del más puro. El dinamismo de este grupo es intenso. En el plano del análisis y el debate mantiene contra las cuerdas a la fracción más moderada, a los socialdemócratas, que prefieren guardar un silencio vergonzoso frente al empuje irresponsable de los maoístas y cheguevaristas que exigen la radicalización del proceso.

El destino de esa confrontación dentro del oficialismo no se sabe cuál será. De lo que sí podemos estar seguros es de que si triunfan los fanáticos del marxismo, la nación se hundirá en el caos, tal como ocurrió en Chile durante la fase final de Salvador Allende. La izquierda troglodita empujó al mandatario hasta lanzarlo por el abismo de las confiscaciones y expropiaciones. Cuando quiso detenerla e, incluso, reprimirla, ya era demasiado tarde. Los fanáticos se habían envalentonado. No aceptaban, ni acataban, ninguna moderación. La economía colapsó. La nación sureña se arruinó. Los resultados de este salto suicida son ampliamente conocidos y dolorosos. No voy a recordarlos.

En Venezuela, el colchón petrolero permite algunas maniobras que Allende no podía ejecutar. Pero, ese amortiguador es cada vez más delgado. El socialismo a la “venezolana” es idéntico al que se ha visto en el resto del mundo. La planificación central y la socialización y colectivización de los medios productivos llevan en su código genético el signo del fracaso. En el Brasil de Lula y Dilma no existe socialismo, sino una socialdemocracia exitosa. Esa es otra cosa.

@cedice

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