Obama y los “hispanounidenses”

   Fernando Luis Egaña

Uno de los factores que más influyó para que la victoria  de Barack Obama fuera menos estrecha de lo esperado, tanto en el voto popular como especialmente en los votos electorales, fue la votación de la llamada población latina o los “hispanounidenses”.

La participación fue mayor de la prevista y además se estima que el 71 por ciento de la misma fue para Obama. De los 127 millones de electores que sufragaron, cerca del 10% forma parte de la comunidad latina, por lo menos en términos censales.

De allí su importancia creciente como factor político, y no sólo en los estados que tienen una tradicional y numerosa población de origen “hispano”, como California, Florida, Texas o Nueva York, sino en otros como Iowa, Ohio o Indiana, por cierto considerados estados “bisagra” o de máxima significación para el péndulo comicial.

En las recientes elecciones, también los candidatos hispanos en contiendas parlamentarias obtuvieron triunfos de peso, fortaleciendo la tendencia de una mayor representación política, aunque todavía falte mucho por recorrer al respecto, en la opinión de los expertos y de las entidades dedicadas a defender los intereses de tan promisoria “minoría”.

Uno de esos triunfos destacados, fue el de Rafael Edward “Ted” Cruz, el nuevo senador de Texas, afiliado al partido Republicano y con una trayectoria académica muy parecida a la de Obama. El senador Cruz, sin duda, dará mucho que hablar.

También es interesante resaltar que el 90% de los votantes “latinos” de entre 18 y 29 años, lo hizo por Obama, según cálculos de USHLI o “United States Hispanic Leadership Institute”. Ello expresa una muy fuerte identidad o conexión que seguramente tendrá repercusiones en las tendencias electorales de los “hispanounidenses” que, paso a paso, están creciendo en influencia nacional, tanto en número y proporción de electores como en capacidad de presión y decisión.

Estas realidades se derivan de la temática doméstica de los hispanounidenses en Estados Unidos, bien sean ciudadanos o aspiren a serlo. Es decir, tienen muy poco que ver con la política exterior del gobierno de Obama hacia América Latina. La calificada mayoría de Obama en el “voto latino” es consecuencia de dinámicas internas y no de una apreciación favorable del desempeño internacional de su administración hacia la región latinoamericana.

Temas centrales como la expectativa de una legislación más flexible hacia la inmigración, o el alivio de actuales restricciones laborales para los inmigrantes ilegales, o la mera consideración de que Obama representa un tributo político a la diversidad de esa nación –y por lo tanto una mayor perspectiva de futuro–, son elementos necesarios para comprender la amplia preferencia de los votantes latinos por su causa de reelección.

Por el contrario, la variedad de asuntos o “issues” que integran la agenda de las relaciones entre Estados Unidos y los países de América Latina, no parecen tener, en líneas generales, una posición decisiva en relación con esa preferencia. Ni siquiera el espinoso tema de Cuba, o el menos notorio de Venezuela, u otros como la lucha contra el narcotráfico, o el comercio hemisférico.

Por lo demás, si algo no ha caracterizado al gobierno Obama es que tuviese a América Latina como prioridad de su política internacional. De hecho, una apreciación  relativamente consensual es que nuestro Continente no figura en la lista de urgencias de la Casa Blanca o del Departamento de Estado.

En suma, lo que haga o deje de hacer Barack Obama en América Latina tiene una connotación secundaria en la votación de los hispanounidenses a su favor. Lo que prometa y trate de cumplir en el ámbito nacional es lo que ha contado más, y contará para el rumbo de las preferencias futuras.

Eso y la identificación de la política y los líderes políticos de Estados Unidos con la compleja diversidad social y cultural de su nación.

flegana@gmail.com

Consulte el archivo de artículos del autor

Anuncios

La regaladera del Doctor Giordani

   Fernando Luis Egaña

En días recientes, el ministro-jefe de la economía bolivarista, Jorge Giordani, realizó una de sus acostumbradas pontificaciones sobre los efectos negativos del rentismo… Y en dicha ocasión fue más allá al afirmar que debe acabarse la regaladera… que toda la población debe pagar por los servicios públicos… que lo gratis se acabó y que las cosas cuestan y deben pagarse…

Y bueno, el contenido de esas afirmaciones es tan valedero como el que el ministro Giordani y su llamada “PEB” o política económica bolivariana, han expandido el rentismo hacia dimensiones siderales. De hecho, Giordani es el zar del rentismo del siglo XXI, porque todo lo que ha hecho (y deshecho) tiene por fundamento el vivirse la renta petrolera que, en estos años, ha sido cuantiosa por causa de los altos precios petroleros en el mercado internacional.

Cierto también que Giordani no inventó el rentismo venezolano, que por lo demás viene amasándose desde los años cuarenta del siglo anterior, pero no lo es menos que el propio Giordani ha sido un agente principal de su transmutación en un rentismo omnímodo, por una parte, y en un rentismo tribal o personalizado, por la otra.

El sociólogo Ezio Serrano lo explica con elocuencia al señalar lo siguiente: “En los tiempos que transcurren observamos una distribución personalista o personalizada de los recursos públicos, por oposición a la distribución institucional del pasado… Con esto NO estamos señalando la inexistencia de beneficiarios personales de los recursos del Estado en tiempos democráticos, pero durante aquel período se procuró fortalecer diversas instituciones con lo cual se produjo un claro impulso de la despersonalización  administrativa y distributiva.”

Continúa acertando Serrano al expresar: “La distinción entre distribución rentista personalizada e institucional es fundamental: la primera asumida por el régimen,  es absolutamente coherente con el proyecto hegemónico personalista implantado en  Venezuela”. Y en esta materia, después del señor Chávez, quién más tiene que responder es el doctor Giordani.

Por lo demás, ¿cuál es el rumbo –si se puede hablar de rumbo—de la economía venezolana? ¿Se va en dirección del trabajo productivo o del subsidio improductivo? ¿Se respeta un valor principal del trabajo, que es la propiedad, o se la atropella por todos los frentes? ¿El Estado estimula el emprendimiento, la iniciativa, la innovación, o por el contrario patrocina la molicie, el conformismo y la dependencia?

Todas las propuestas y medidas legales y administrativas que salen del régimen imperante, todas, están reforzando la subordinación social al rentismo público: el Estado comunal, la destrucción del mercado inmobiliario –entre otros mercados, las marañas regulatorias para cualquier nimiedad, las expoliaciones de la propiedad privada, sea grande, mediana, pequeña o microscópica; la proliferación de organismos burocráticos, cada vez más onerosos e inservibles, y un muy largo etcétera.

Y todo ello sin contar la regaladera petrolífera y financiera del Estado venezolano a los fiscos y bolsillos de los aliados políticos de la región, y más allá. Entonces doctor Giordani, no venga con pontificaciones sobre lo malo del rentismo, al tiempo que sus acciones y omisiones van entubadas hacia la consagración rentística y la ruina productiva.

flegana@gmail.com

Consulte el archivo de artículos del autor

Miopía ante la hegemonía

   Fernando Luis Egaña

La miopía no sólo afecta la visión ocular sino también la política. Y ello se está poniendo de manifiesto, sin duda, cuando se plantea que un aumento de la abstención opositora el 16-D, traería como consecuencia el que se estrenase o instaurase una hegemonía oficialista en Venezuela.

Como la miopía se entiende como cortedad de alcances o de miras, es obvio que quienes formulan el referido planteamiento están subestimando crasamente la realidad venezolana. Tienen o parecen tener una vista muy corta en relación con el régimen político que impera en el país.

Y ello por la sencilla razón que la hegemonía política no es una eventualidad o una amenaza en ciernes que, de no hacerse esto o aquello, se materializaría. No. La hegemonía y más precisamente, la hegemonía despótica, es la dimensión esencial del régimen del señor Chávez, y no de este presente del 2012 sino de mucho tiempo atrás.

De hecho, esa hegemonía despótica se comenzó a construir en el proceso Constituyente de 1999, y con altos y algunos bajos ha continuado desarrollándose desde entonces y hasta la fecha. De allí que la existencia de una hegemonía no pueda ser una probabilidad del futuro inmediato, porque ya viene siendo a lo largo del siglo XXI venezolano.

Sí puede alegarse, en cambio, que un aumento de la abstención opositora en los comicios del 16-D, contribuiría a fortalecer la hegemonía roja. Eso sí se puede afirmar. Pero se trataría de un tema muy distinto, porque tanto o más alarmante que una abstención considerable es que todavía no se tenga clara la naturaleza del proyecto de dominación que controla el conjunto del Estado, y que cada vez controla más decisivamente a la diversidad nacional.

En parte, esa confusión miope se debe a que la hegemonía “revolucionaria” es un despotismo habilidoso. Esto significa que el despotismo se ejerce con destreza y maña, aprovechando, por ejemplo, los instrumentos de la democracia formal en su propio beneficio.

La hegemonía hace prácticamente lo que le da la gana (y sin el “prácticamente, también), pero lo hace revestida de una formalidad democrática, que le permite distorsionar su identidad y presentarse con la legitimidad originaria y de desempeño de las democracias reconocidas.

Es una especie de “danza Kabuki”, o el teatro japonés del disimulo, en el que se encubren con astucia los hechos y las intenciones. Y en esa danza, los protagonistas no sólo llevan la franela roja o la boinacolorá.

La relevancia del asunto no estriba tanto en el análisis político sino en sus implicaciones concretas en términos de lucha. En una democracia convencional, la estrategia legítima es y sólo es la electoral. Pero en una hegemonía despótica y habilidosa que promueve comicios de distinta índole –sometidos a un férreo control estructural y sin garantía de respeto para los efectos políticos de triunfos opositores–, debería ser evidente que la estrategia de oposición no puede limitarse a la ruta electoral.

Fundamentarse sí, pero limitarse, no. La articulación de la protesta social, la movilización ciudadana en defensa de derechos democráticos, la organización de modos cívicos de resistencia política, son formas de lucha que deben acompañar y fortalecer el espinoso camino electoral.

De lo contrario, será muy difícil que éste por sí mismo pueda efectivamente contrapesar la marcha de la hegemonía, como en efecto ha venido ocurriendo. La miopía ocular se suele tratar y corregir de manera eficaz, pero la miopía política es más trabajosa. Ojalá y no haga falta que la hegemonía se vuelva todavía más avasallante para que terminemos de verla tal cual es.

flegana@gmail.com

Consulte el archivo de artículos del autor

El chantaje del 16-D

   Fernando Luis Egaña

Una de las vías más notorias que caracterizan el “funcionamiento” del régimen imperante es el chantaje. Es decir, la presión mediante amenaza que se ejerce para condicionar la voluntad.

Y el chantaje no es nada nuevo en los gobiernos del señor Chávez. Recuérdense los improperios públicos y las presiones privadas en contra de la entonces Corte Suprema de Justicia, por allá a comienzos de 1999, para que le diera la buena pro al atropellado proceso constituyente…

El chantaje, se sabe de sobra, forma parte del proceder natural del oficialismo en materia política, económica o social, y desde luego que en ámbito de lo electoral. Y en cada proceso o consulta comicial hay una forma de chantaje específica.

Para la campaña del 7-0, el chantaje número uno fue que si no ganaba Chávez se acabarían las políticas sociales en Venezuela, y a todos los beneficiarios de las mismas les quitarían lo correspondiente. Por cierto que el chantaje numero dos fue más frontal: si no votas por Chávez te los quitaremos de todos modos.

Y claro, la elección de gobernadores del 16 de diciembre, no es la excepción en el vasto campo del chantajismo oficial. La nuez del chantaje en curso es la siguiente: si no triunfa el candidato el rojo no habrá real para la gobernación… ¿Consecuencia?, en el estado o la región se agravarán los problemas al máximo, y lo que vendrá es un sálvese quien pueda. ¿Remedio? Muy sencillo, votar por el candidato de Chávez y ya está.

Algunas encuestas ya están registrando el impacto del chantaje en el caso de estados con gobernadores de oposición que, hasta el presente, mantienen márgenes favorables en la intención de voto. La maquinaria del chantaje tratará de demoler esas diferencias y no se la debe subestimar. Entre otras razones, porque la amenaza no es un saludo a la bandera o un brindis al sol, sino una realidad probada y comprobada. La distribución presupuestaria entre gobernaciones rojas y tricolores, no sólo es desigual en proporción de recursos sino en la disponibilidad y ejecución por parte del Gobierno central.

De hecho, en la manera tribal de entender el funcionamiento del Estado, eso es considerado como algo normal y hasta deseable: al aliado lo que pida, y a los demás palo por la cabeza, o por el presupuesto. Da vergüenza patriótica el constatar cómo se ha retrocedido en materia de gestión institucional en el dominio estatal-territorial. Si hasta utilizan el derecho adquirido de los aguinaldos para darle fuerza al chantaje político.

Y para aderezar el referido chantaje con un una buena dosis de intimidación, se montan las “inquisiciones” parlamentarias que formalmente dirige el diputado Pedro Carreño, en contra de ciertos y determinados gobernadores que es preciso desestabilizar antes del 16-D.

El objetivo no es sólo intimidarlos a ellos, sino a los partidarios, colaboradores, simpatizantes y electores, a fin de que lleguen a la conclusión de que seguir con tal o cual gobernador no-oficialista podría salir muy caro, y que mejor sería que ganara el de Chávez, para que al menos fluyan o bajen los recursos…

Un chantaje semejante sólo puede creíble en el contexto de una hegemonía despótica, donde ese tipo de condicionamiento fraudulento de la voluntad popular sea parte del paisaje político. Y precisamente es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela a lo largo del siglo XXI, aunque cada vez con más descaro.

El chantaje del 16-D es un capítulo más de esta mala historia del abajamiento “revolucionario”. Y porque ya constatamos que es uno de los más indignos y grotescos, es que tenemos que luchar para que no sea eficaz.

 

flegana@gmail.com

Consulte el archivo de artículos del autor

La ofensiva del Estado comunal

   Fernando Luis Egaña

 Desde hace por lo menos 7 años, el régimen de Chávez viene moviéndose para moldear un supuesto “Estado comunal”, a través del llamado “Poder Popular” y su tinglado normativo, operativo y presupuestario. Pero, ¿qué significa esto, para qué serviría y qué razones lo explicarían?

Y lo primero que debe afirmarse es que una cosa es la teoría del poder comunitario o la justicia y necesidad práctica de la organización popular, y otra muy distinta es el modelo de hegemonía política que se busca afianzar con este pretexto comunal.

La idea básica es ir sustituyendo, paso a paso, el sistema de división político-territorial establecido en la Constitución, que incluye a estados-gobernaciones, municipios-alcaldías y parroquias-junta parroquiales, por el de una estructura de comunas, consejos del poder popular, ciudades comunales y otras entidades afines…

Se trata de la denominada “nueva geometría del poder” que formó parte de la desaprobada reforma constitucional del 2007, pero que igualito se fue adelantando y ahora, al parecer, es la prioridad de la hegemonía roja.

Lo clave de todo ello, es que a los gobernadores, diputados estadales, alcaldes o concejales los tiene que elegir el pueblo a través de comicios plurales. Pero en los ámbitos del poder popular, las “autoridades” no provienen del sufragio popular y representativo, sino de la decisión política y partisana, más bien al estilo del poder popular cubano.

Y esa sustitución no ha sido ramplona sino habilidosa. Todavía existen las gobernaciones y alcaldías, e incluso el 16-D hay elecciones regionales, pero el poder que tienen es cada vez de menor cuantía y alcance. Y por el contrario, la estructura comunal ha venido sumando funciones y recursos, hasta el punto que ya recibe tanto o más caudal presupuestario que lo dispuesto para los gobiernos estadales y locales.

Así mismo, el “Estado comunal” es un concepto llamativo que ayuda a disfrazar el latrocinio continuado de las mafias de la satrapía bolivarista. Mientras en Venezuela y en el exterior se discuta sobre el “modelo comunal” y las implicaciones de sus etcéteras ideológicos, las bandas oficialistas se sentirán más confiadas de seguir en lo suyo, o sea de seguir en la depredación máxima del patrimonio venezolano.

Por otra parte, la estrategia del Estado comunal se ha montado y vendido con base a legítimas y compartidas aspiraciones de amplios sectores populares, que la aprecian como una vía para acceder a recursos que puedan atender necesidades o aliviar problemas básicos.

El tema está fuertemente posicionado y seguirlo ignorando o desestimando es un absurdo que sólo favorece al poder establecido. Por ello, debe hacerse un gran esfuerzo de explicación, separando lo general y deseable de la organización social o comunitaria, de lo particular y gravoso del entramado hegemónico que se está levantando.

Las asociaciones vecinales o consejos comunales que se han extendido por todo el país, podrán ser transmutadas en meras piezas de un engranaje de dominación política, porque el  “Estado comunal” de la satrapía roja no busca más democracia, o más justicia, o más participación popular. No. Su propósito es más control, más imposición y más continuismo. Por eso la ofensiva en marcha.

flegana@gmail.com

Consulte el archivo de artículos del autor

Pelotón de paracaidistas

   Fernando Luis Egaña

 A una situación grotesca y hasta tragicómica por el descaro y el absurdo, se la suele llamar sainete. Y la “selección” de buena parte de las candidaturas oficialistas para las elecciones de gobernadores del 16-D, es precisamente eso: un sainete político que revela el desprecio “revolucionario” por la importancia de las regiones y sus comunidades, incluida la descentralización, suerte de némesis para el régimen de Chávez.

Las primarias dactilares, por ejemplo, así lo confirman. El dedócrata esperó que pasara el 7-0 para anunciar sus decisiones, y todo el colectivo del Psuv estuvo de lo más pendiente para obedecerlas sin chistar. “El gobernador que más había hecho por Anzoátegui”, Tarek W. Saab, quedó por fuera de la lista dactilar, así como otros mandatarios en funciones y en aspiraciones, tipo Rafael Isea en Aragua.

Pero lo más llamativo fue la operación de paracaidismo electoral que supuso la designación de varios candidatos a “gobernantes” estadales. Aristóbulo Isturiz no tiene mucho que ver con Anzoátegui, pero para allá ha sido enviado a fin de “construir el Estado comunal”. Yelitza Santaella es deltana y ex-gobernadora del Delta Amacuro, pero ahora cruza la frontera para competir en Monagas.

Ramón Rodríguez Chacín, nació en Anzoátegui, está formalmente domiciliado en Barinas, pero lo transfieren al Guárico. Tareck El Aissami  salió de Mérida, lo trataron de injertar en el Táchira y cuando la tentativa falló, lo “aterrizaron” en Aragua. Y Vielma Mora, aunque tachirense de origen, ha hecho carrera política en Caracas y hasta fue constituyente en 1999 por el estado Miranda. Erika Farías, por lo menos ha sido diputada por Cojedes, así sea una faceta más bien formal, como lo tiende a demostrar el hecho que no estaba inscrita electoralmente en ese estado.

Y el finiquito del sainete está en las “migraciones ilegales” para que estos ungidos puedan sufragar en sus nuevos destinos políticos. No sorprenden por su ilegalidad, ya que en esta materia el CNE es imbatible. Pero sí llama la atención el desparpajo de la actuación. Tenían que suponer que ello se podía saber, pero al parecer el disimulo ya no es tan necesario después del 7-0.

En realidad, toda esta situación o todo este sainete, lo que hace es reiterar, por enésima vez, que la dinámica de las gobernaciones o alcaldías carece de relevancia intrínseca para la satrapía bolivarista. Importa sólo de forma subordinada al proceso de acumulación de poder del señor Chávez. De hecho, se la concibe como una rémora del vituperado pasado, con prescindencia de que la Constitución de 1999 haya consagrado el  grueso de la agenda descentralizadora.

De allí la renovada insistencia en el Estado comunal, o sea en una nueva división político-territorial en la que los estados, municipios y parroquias queden completamente pintados en la pared, y los recursos presupuestarios y normativos sean asignados a una estructura sustitutiva: las comunas que, además, no tendrían autoridades elegidas en comicios sino “nombradas” por el denominado Poder Popular.

Tal engendro fue denominado la “nueva geometría del poder” en el proyecto de reforma constitucional del 2007, tan desaprobado por la mayoría de los electores, como luego impuesto a través de la “legalidad emergente y habilitante”. Y desde esa plataforma “normativa” es que se pretende acabar con lo que quede de autonomía regional o municipal.

Para eso serviría el pelotón de paracaidistas, junto a los demás contingentes de la “revolución” que se aprestan a rematar la faena de la concentración de poderes en una única y exclusiva voluntad. No es exageración o alarmismo. Es la realidad que está frente a nosotros y que muchos, lamentablemente, no pueden o no quieren ver.

 

flegana@gmail.com

Consulte el archivo de artículos del autor

Una estrategia insuficiente

   Fernando Luis Egaña

 El régimen del señor Chávez hace lo que le da la gana con el poder, pero lo hace de tal manera que el despotismo proyecta aureolas democráticas que, naturalmente, sus partidarios se esmeran en resaltar, y que, curiosamente, algunos de sus adversarios también se esmeran en reconocer.

Así por ejemplo, en Venezuela no tenemos elecciones limpias, y por lo tanto tampoco tenemos elecciones enteramente libres, y sin embargo se viene intentando crear la matriz de opinión de que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores del mundo, si no el mejor.

En la Venezuela de estos tiempos no hay separación de poderes, ni por ende estado de derecho con base a la Constitución formalmente vigente; no hay garantías efectivas de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, como el derecho a la información veraz o el de propiedad o el de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas o el de huelga.

Todo depende del criterio arbitrario del poder establecido o debería decir, encaramado. Si al poder le parece bien, entonces se pueden reconocer tales o cuales derechos o reivindicaciones, o tolerar tales o cuales expresiones de protesta o crítica. Y si le parece mal, pues nada, se impone la fuerza la maquinaria estatal y punto.

Y a pesar de semejantes realidades, el señor Chávez se ufana en proclamar que Venezuela disfruta de una democracia saludable y benefactora. Y no sólo los talibanes rojos vocean esa especie, porque uno de los “argumentos” más repetidos por buena parte de la vocería opositora luego del 7-0, es que “en una democracia se gana y se pierde”…

Lo clave del “argumento” no es el ganar o perder, sino la validación democrática de la satrapía o el despotismo habilidoso. Y por eso, la estrategia de la ruta electoral es insuficiente. No es que sea equivocada, porque no lo es, pero por sí misma no alcanza a encarar el enorme desafío de contrapesar y superar a la hegemonía imperante.

Para decirlo con jerga de abogado: la estrategia electoral es condición necesaria para la lucha democrática, pero no es condición suficiente. Puede equipararse a la columna vertebral del proceso, pero no a toda su armadura. Hace falta que la dimensión de lo comicial sea acompañada o, más bien, sustentada en una actuación política y social de mayor amplitud.

Y esa amplitud está debidamente consagrada en la Constitución formalmente vigente, ya que si una virtud no debe regateársele a la Constitución de 1999 es que consagra, vale decir, constitucionaliza a la cultura de la protesta venezolana, de la lucha político-social y de la afirmación cívica y soberana frente al despotismo.

Ahora bien, una estrategia política que desvalorice lo electoral sería, como ya lo deberíamos saber, un absurdo contraproducente. Absurdo porque echaría por la borda un mecanismo principal de movilización y participación, y contraproducente porque no fortalecería sino debilitaría la lucha democrática.

Lo que hace falta, por una parte, es reconocer lo insuficiente de la estrategia en curso, sobre todo por el contexto de control hegemónico y habilidoso, y, por la otra, ampliar sus alcances con la justa concientización y comunicación sobre la realidad venezolana, con el activismo social y político de ímpetu permanente, con la defensa beligerante de derechos de los venezolanos, y con el ofrecimiento de un mensaje de esperanza que envuelva una idea colectiva de país y de futuro.

El núcleo electoral, repito, es esencial pero el gran objetivo no se consigue sólo valorando o midiendo el caudal de las votaciones, sino logrando que el régimen del señor Chávez no pueda hacer lo que de le gana, y especialmente no pueda atornillar el continuismo.

flegana@gmail.com

Consulte el archivo de artículos del autor