Petro en su nadir – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

La suerte parece haberlo abandonado a Gustavo Petro. Sus gesticulaciones de los últimos días, acudiendo al ruido, a la multitud y a la falsa reclamación de derecho, no parecen darle resultados. La gente que salió a la calle el pasado 10 de enero en Bogotá fue la minoría que los aparatos de izquierda del país utilizan rutinariamente como masa intimidatoria. Los bogotanos, siete millones de personas, le dieron la espalda a esa invitación. No hay que perder el sentido de las proporciones: los que desfilan a favor del alcalde destituido no son sino un puñado de personas, comparados a la ciudadanía total de la capital.

No hubo grandes violencias esa tarde, es cierto, pero unos días antes hubo una muerte misteriosa. Gerson Martínez, uno de los organizadores de la marcha, fue asesinado por desconocidos en un cerro suroriental del barrio San Cristóbal. Otra persona fue herida a bala, al lado de Gerson. La prensa parece desinteresarse del asunto, la policía dejó violar, según un matutino, la escena del crimen, y la Fiscalía guarda silencio y se demora en entrevistar a los testigos. ¿Por qué?

El paso de Petro por la alcaldía mayor de Bogotá culmina así de manera abrupta: con una destitución que no puede ser más legal y que la mayoría de bogotanos considera necesaria, con vocinglería obsesiva y con extraños hechos de sangre que algunos quisieran soslayar.

Las ejecutorias de Petro como alcalde mostraron su impericia y sus obsesiones anticapitalistas.  El hombre que prometía un porvenir luminoso para Bogotá, después de los millonarios desfalcos cometidos por sus ex copartidarios, ni siquiera logró ser un gerente  perspicaz de  la capital. Por el contrario, le creó enormes problemas a la ciudadanía.  Ahora, ante su derrota, insiste en usar sus armas habituales: verbalismo,  ofuscación y  amenazas. El estima que Bogotá está en deuda con él. Que ser relevado de funciones sería cometer una injusticia y que, sobre todo, la crisis de las basuras, que él y solo él desató, no fue sino un “complot” de sus enemigos. Tal acto de negación de la realidad no convence sino a los convencidos.

Al adoptar esa estrategia para atornillarse al cargo, Gustavo Petro no hace sino copiar las gesticulaciones de otro ogro izquierdista con ínfulas enormes: el mexicano Manuel López Obrador,  súcubo de Fidel Castro y lacayo de Hugo Chávez, que perdió dos veces la elección presidencial y precipitó a la capital de su país en graves dificultades. La última vez, en 2012,  perdió ante un candidato de centro, Enrique Peña Nieto. López Obrador decretó que la elección había sido “comprada” y le ordenó a su gente tomarse el Paseo de la Reforma y levantar campamentos, casuchas, letrinas. Eso duró seis meses. El día de la toma de posesión de Peña Nieto vandalizaron comercios y agredieron  transeúntes. El daño a la ciudad fue enorme. En 2006, López Obrador decidió que él era el presidente electo y que un reconteo de los votos lo probaría. Y calificándose de “legítimo” tomó posesión de su “cargo” ente una multitud enardecida. Todo ese circo fue en vano.

Gustavo Petro sigue ese ejemplo: alebresta la gente desde los balcones de la alcaldía, insulta a sus adversarios, trata de ocupar de manera indefinida la Plaza de Bolívar, conmina al presidente Santos para que salga en su defensa, lanza un centenar de tutelas contra el acto de destitución, viaja a Washington para agitar los lobbies anticolombianos, pide medidas “cautelares” al CIDH, como si la justicia de su país hubiera cometido una atrocidad contra él, exige un nuevo choque de trenes (que el Fiscal Montealegre castigue al Procurador Ordóñez por cumplir con su deber), y hasta trata de empapelar a uno de sus críticos, el ex vicepresidente Francisco Santos, en un proceso por “contaminación ambiental, estafa y concierto para delinquir”. Petrista durante años, la revista Semana ahora cambia prudentemente de tono y asegura que tales ardores defensivos “no auguran buenos resultados”.

Petro es un hombre que miente y que ha mentido. Recuerde el lector las insistentes acusaciones de Petro contra el coronel Alfonso Plazas Vega de que lo había “torturado”, lo que era falso. Y los años que gastó como senador para lanzar contra el presidente Álvaro  Uribe  las peores infamias y calumnias, fría y sistemáticamente. Un hombre así no se merece Colombia.

Petro mintió de nuevo cuando dijo que las firmas recolectadas para obtener la  revocatoria de su mandato eran un “enorme fraude”. Las autoridades dijeron lo contrario. Petro mintió cuando dijo que no le habían respetado sus derechos. En realidad, el interpuso más de 250 obstáculos para frenar el proceso de revocatoria y éste fue adoptado.

¿Por qué tantas contorsiones? Petro es, quizás, el hombre más visible de la primera fase,  de la transición que algunos pretenden hacer, sin decirlo,  de una democracia liberal-conservadora, imperfecta o no, a una democracia “popular” de salsa chavista, que terminará, como se vio en Cuba y en Venezuela, en el derrumbe de la economía y el desbanque de los idiotas útiles del primer ciclo de asalto, y con la toma de control férreo del poder por el partido “revolucionario”, encarnado, en el caso colombiano, por las Farc maquilladas que saldrán de las negociaciones en La Habana.

El argumento final de Petro es que, en una democracia, lo que vota el pueblo no lo puede deshacer el ministerio público. Falso. La democracia no consiste en atribuirle poderes omnímodos al voto. Ese es, por el contrario, el subterfugio de los dictadores, para legitimar su terror. Fidel Castro y Hugo Chávez entre otros siempre utilizaron el voto como coartada.

Petro afirma que la destitución pronunciada por el Procurador Ordóñez es “una violación a la elección del voto popular”. Y que prefiere una votación caliente de revocatoria a la fría destitución. El truco es simple. Quiere convertir el voto revocatorio en un plebiscito tramposo: por o en contra de la paz. ¿Quién podría votar en contra?  Lo dice así: “Iremos a las urnas para decir no más guerras, no más mafias, no más élites”. ¿Es un llamado a la guerra civil?

El voto como acto superior a la Constitución y a la división de los poderes, es una falacia. Quien pretenda que el voto popular  prevalece sobre la Constitución, y sobre el derecho, mina la democracia.

La Constitución da poder al Procurador General para vigilar la conducta de los funcionarios públicos, incluso los de elección popular. Petro lo sabe y ahora lo oculta. Infla al extremo el voto, lo potencia y le atribuye poderes mágicos. El absolutismo del voto jamás fue la esencia de la democracia. El déspota utiliza esa creencia para legitimar sus abusos.

El poder disciplinario es una de las atribuciones del Procurador General que la Constitución y la ley enmarcan. Lo democrático es respetar el orden jurídico, no confundir a la gente, sobre todo fuera del país, con leguleyadas.

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Reflexiones a medio plazo

   Eduardo Mackenzie

 

La injerencia orgánica creciente de los cubanos en los asuntos internos venezolanos es un fenómeno nuevo en nuestro continente pero no en otras partes del mundo. Ese tipo de relación particular entre Cuba y Venezuela, que tiene forzosamente un impacto sobre Colombia,  comenzó con acuerdos diplomáticos y comerciales y continuó con una vasta implantación de militares y funcionarios de inteligencia del país dominante (Cuba) sobre el país dominado (Venezuela). La cifra de 46.000 agentes cubanos en Venezuela fue dada en meses pasados en la Asamblea Nacional venezolana. Hoy ese proceso avanza con un entrometimiento directo de Cuba  en los asuntos internos del vecino país. Ese sistema fue ideado y puesto en práctica, en grados diversos, por el sistema comunista, sobre todo en  la relación que la URSS logró establecer, por la fuerza y el engaño, con los países de Europa del Este y con China, tras el fin de la segunda guerra mundial.

 

La implosión del mundo soviético, en diciembre de 1991, y la liquidación del Pacto de Varsovia y del Comecon, no pusieron fin del todo a ese fenómeno. Ese modelo de dominación y opresión de un régimen comunista sobre otro ideológicamente compatible, sobrevive hasta hoy en algunos países. El caso más conocido es el que existe entre Vietnam, de un lado, y Camboya del otro.

 

Para ser breves: la  injerencia vietnamita en Camboya es muy fuerte, sobre todo desde que el primer ministro camboyano Hun Sen está en el poder. Ese dictador, quien hoy se dice liberal, aunque fue un  khmer rojo en 1975 antes de aliarse a los vietnamitas,  vive rodeado de consejeros vietnamitas que garantizan su seguridad. El aparato de Estado camboyano está infiltrado por los  vietnamitas. Sam Rainsky, un líder de la oposición camboyana en el exilio (en Francia), explica que los vietnamitas trabajan en Camboya “para mantener la dominación de Hanói sobre Camboya, para que no podamos escapar a la esfera vietnamita.”

 

Eso comenzó tras la invasión vietnamita de Cambodia y la caída del régimen de los khmers rojos, en 1979. Desde hace más de 30 años, ese sistema de imbricación, injerencia y dominación, de un país comunista sobre otro país comunista, está siendo experimentado, aún después del derrumbe de la URSS.

 

El resultado no es halagador para Camboya: ese país no logra salir de la pobreza y la gestión económica de Hun Sen, basada en la corrupción y en la represión, es pésima.  Por eso sectores de Camboya buscan la ayuda de China y Japón pero los vietnamitas mantienen su control férreo, a pesar de todo. Vietnam controla también la vida política y económica de Laos.

 

Lo que vemos hoy en Venezuela, sobre todo la dominación cubana sobre los asuntos de Estado de Venezuela es, pues, un sistema probado en Asia y mantenido incluso en un periodo posterior a la desaparición del sistema soviético. Aunque el caso Venezuela tiene una particularidad. El país económicamente más fuerte (Venezuela) es obligado a entregar una parte de su producto nacional bruto al país económicamente más débil pero políticamente hegemónico. Se le atribuye a Fidel Castro esta frase de 2005: «Somos dos países, una sola nación». Se sabe que  Caracas, gracias a ese cuento,  envía a La Habana  3.700 millones de dólares al año, más otros rubros no petroleros.

 

¿Este fenómeno podría aparecer en otros países?  Mi punto de vista es éste: puede haber planes para Colombia en ese mismo sentido. Si los designios de Cuba se cumplen, si la hegemonía cubana en Venezuela se profundiza, si la orientación del gobierno colombiano sigue siendo compatible, como lo ha sido desde agosto de 2010, con la aventura venezolana, es decir si el presidente Juan Manuel Santos cede más y más ante los esquemas de Caracas, Colombia entrará en una fase de injerencia venezolana-bolivariana cada vez más acentuada.

 

Como los venezolanos dependen hoy del control político de Cuba, Colombia terminará  forzosamente bajo la dependencia política de la Venezuela castrista. Ese puede ser, precisamente, el esquema estratégico de los hombres de La Habana. No es siquiera un plan de las Farc. Ellas aquí no son más que los comodines de Cuba. En el fondo, lo que busca la dictadura cubana es manejar finalmente toda de la parte norte de América del Sur, para extender su penetración totalitaria sobre Centroamérica y el resto de América del Sur. En ese esquema Colombia quedaría bajo la tutela de Caracas, y ésta dependería de las decisiones de La Habana.

 

Pero hay otra variante que hay que considerar. Pues también se da el caso de que una dictadura comunista es capaz de llevar a un país vecino no comunista a subsidiarla. Es lo que ocurre entre Corea del Norte y Corea del Sur. La hambreada pero ultra agresiva y militarizada Corea del Norte ha sido beneficiada por  enormes cantidades de alimentos y de insumos agrícolas que le envió la próspera y anti comunista Corea del Sur, sobre todo entre 2000 y 2008. Para tratar de apaciguar a su belicoso vecino, Seúl propuso un sistema de coexistencia pacífica con Pyongyang que no sirvió, finalmente, sino para que Corea del Norte empleara sus recursos para desarrollar armas nucleares y sistemas balísticos sofisticados. Seúl cambió su actitud y hoy trata de ligar su ayuda a si Pyongyang avanza en  temas como derechos humanos y desarme nuclear. Lo que no le impide a Pyongyang atacar barcos de Corea del Sur y amenazarla con desatar la “guerra total”.

 

Pienso en una Venezuela como la actual, dirigida por fanáticos desesperados, que sabiéndose más fuertes desde el punto de vista del armamento, y respaldados por sus alianzas con potencias como Rusia, China e Irán, creen que podrán obligar a su vecino, aunque éste no abandone el modelo democrático, a moldear su política interior y exterior y a hasta dedicar una parte de su ingreso nacional y de su comercio exterior a satisfacer las necesidades del Estado bandido vecino.

 

¿Cuál será la actitud de Washington y de la OEA ante esa preocupante perspectiva?  ¿Seguirán en su indiferencia y ceguera actual y verán esos planes y escenarios futuros como fantásticas creaciones del espíritu sin pies ni cabeza? Si los Estados Unidos y la OEA permiten que las cosas sigan como van (consolidación del proyecto castro-“bolivariano” en el hemisferio, si el régimen dictatorial cubano no cae, Colombia deberá enfrentar sola ese desafío y tendrá que darse ella misma los medios diplomáticos, políticos y militares para derrotar ese plan de sojuzgamiento a mediano plazo.

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Santos y su encrucijada ante Caracas

   Eduardo Mackenzie

¿Por qué Nicolás Maduro  acusa a Colombia de urdir un plan para derrocarlo? ¿Por qué ese súbito estallido de histeria de los líderes de la “revolución bolivariana” contra el presidente Juan Manuel Santos tras su entrevista en Bogotá con el líder opositor Henrique Capriles?  ¿Cuándo fue que  Bogotá aceptó la doctrina brezhneviana de la “soberanía limitada”?

Nicolás Maduro tuvo que haber creído  que Colombia estaba definitivamente bajo la bota de Caracas gracias al pretendido “acuerdo de Santa Marta” (1), y por lo que siguió después. Como Colombia aceptó hacer parte –en mala hora– de Unasur, y el presidente Santos acomodó su diplomacia regional a las veleidades de Hugo Chávez, los de Caracas estimaron que los “neogranadinos” eran ya su colonia.

Desde que Santos llegó al Palacio de Nariño, el 7 de agosto de 2010,  no sólo declaró que Chávez era su “nuevo mejor amigo”, sino que empezó a demostrar que esa frase iba muy en serio. Santos aceptó archivar y enterrar, sin ningún debate, como lo exigía con gritos destemplados Caracas, el plan para reforzar con Washington siete bases militares  colombianas, única posibilidad que tenía Colombia para equilibrar en ese momento la relación de fuerzas ante el armamentismo rampante, sobre todo aéreo, de Venezuela. Esa errada decisión mostró que la venia de Bogotá antes el gobierno tiránico vecino era real.

El  giro de Santos, cuyo capítulo mayor fue el abandono de la doctrina de la seguridad democrática y la entrada en contactos secretos con la dirección de las Farc, con ayuda de Caracas y de La Habana, fue la culminación de ese cambio brutal de políticas. A cada paso que Santos daba para alejarse del uribismo, su política interior y exterior entraba más en un molde  consternante.

La independencia de Santos frente a las orientaciones de su predecesor, la cual desconcertó a los uribistas pero no a los santistas, quienes adujeron que era legítimo cambiar de línea, no desembocó en la profundización de la democracia, ni en un reforzamiento de la posición geopolítica de Colombia. Condujo, por el contrario, a una pérdida de claridad y de autonomía de Santos ante el mayor amigo y protector de las Farc y a un debilitamiento de las posiciones internacionales de Colombia. El peor resultado de ese debilitamiento, hasta hoy, fue la pérdida de una parte considerable de la soberanía de Colombia en el Mar Caribe, por cuenta de un fallo irresponsable e inicuo de La Haya que Santos no supo ni prever ni evitar. Y que Nicaragua, Cuba y Venezuela habían tramado descaradamente.

Ante esos errores de análisis, Hugo Chávez vio que podía ir muy lejos. El déspota de Caracas siguió apoyando a las Farc y consolidó la relación de dominación que había logrado imponerle a Santos desde agosto de 2010, mientras que éste le daba a entender  a Colombia que la templanza de Chávez (quien finalmente no envió sus aviones Sukhoi a bombardear Barrancabermeja y Bogotá) era el fruto de su “habilidad negociadora”.  Lo que estaba ocurriendo era lo contrario: el decline de la coherencia interna y externa de Colombia.

Consecuentes con ese nuevo paradigma, y bien guiados por La Habana, las Farc acogieron la invitación de Enrique Santos, el hermano del presidente colombiano, para abrir las “negociaciones de paz”. Seis meses después éstas no han llegado a nada, pero las Farc están felices: piden que la farsa continúe y se prolongue más allá del gobierno de Santos. Tienen razón: esas negociaciones las refuerzan mucho.

Desde el comienzo, las Farc se propusieron llegar a un cogobierno con Santos, incluso antes de que las negociaciones terminen. Varios hechos muestran esa dinámica: la pérdida de la iniciativa de las fuerzas armadas frente a la violencia de las Farc, la guerra jurídica contra los militares, el hostigamiento contra el ex presidente Uribe y sus ex ministros, corrupción de la justicia, la ampliación de la agenda de las negociaciones de La Habana, la cascada de salvoconductos para los jefes de las Farc, la organización de asambleas  y sesiones de adoctrinamiento en universidades públicas, a las que debían asistir los voceros de los gremios económicos, para embolatar a la opinión y “socializar” las ideas de las Farc. Esto último es lo que Marshall McLuhan llamaba “masaje de masas” y lo que Lenin recomendaba como “agitación y propaganda”. Todo eso lo aceptó Santos, dándose las ínfulas, al mismo tiempo, de que él guiaba bien el navío estatal que los colombianos le habían confiado.

Pero no había timonel. El país empezó a verse sacudido en un mar de aguas agitadas. La promesa de Santos de conseguir la paz  generaba más miedo que otra cosa.  Miedo y del bueno. Se supo que los contactos en La Habana eran únicamente para llegar al “fin provisional del conflicto”, y que para eso había que dejarles las armas y las redes de narcotráfico a los bárbaros, regalarles  30 escaños del Congreso, permitirles que copen los medios de información, garantizarles la total impunidad a sus crímenes, y fijar con ellos el futuro de la tierra, de la economía y de las libertades en Colombia. Y que había que trabajar todo eso en un tinglado controlado por los servicios secretos cubanos.

Ese pésimo negocio debía ser de espaldas a Colombia. Pero ante los ojos de Caracas y La Habana. Pues éstos dictan los objetivos de los diálogos, los puntos que se pactarán bajo la mesa, y la estrategia para burlarse de todo el mundo, incluyendo la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional. Ellos controlan la táctica para hacerle tragar a los colombianos, a última hora, ese tremendo pastel envenenado.

Recordemos un hecho importante: durante la presidencia de Álvaro  Uribe, el presidente Hugo Chávez, mimando ser “mediador” de buena voluntad, intentó apoderarse del expediente de los rehenes en manos de las Farc y del “intercambio humanitario”, y trató de entrar en contacto directo con el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Uribe lo paró en seco el  21 de noviembre de 2007. Ahora, la clique de Caracas, apoyada por Cuba, el Foro de Sao Paulo y los gobiernos del Alba, intenta hacer lo mismo con la negociación de paz: sustraerla al control mismo de Bogotá, pues sus intereses están en juego.

¿Ante esa actitud de sumisión cómo no iban los iracundos Maduro, Cabello y Jaua  a jalarle las orejas a Santos por haber hablado con Capriles y haberlo protegido en parte contra la infame conjura pseudo judicial que la fiscal Luisa Ortega le está tendiendo para meterlo en la cárcel con acusaciones absurdas?

Cuando una democracia acepta entrar en juegos con una dictadura comunista corre muchos riesgos. ¿Qué hará Santos para aplacar a Maduro? ¿Presentará las disculpas que le piden? El “compañero Santos”, como dice Juan Alemán, un jefe del PS venezolano, debería estar aterrado ante esta amenaza: “Si Santos no se disculpa retiramos la comisión de acompañamiento en los diálogos de paz con las Farc”. ¿Se tragará Santos esa nueva culebra? ¿Escuchará a quienes le dicen, que responda: que se vayan cuanto antes? ¿Temblará ante la advertencia de que “el segundo más beneficiado de los diálogos de paz en Colombia es Venezuela”?  Esta frase de Juan Alemán indica que Caracas cuenta con esas negociaciones de paz para que las Farc lleguen al gobierno en Colombia, etapa previa para la captura del poder en Colombia.

Santos debería enviar un mensaje a La Habana y a Caracas: Colombia no es un país de “soberanía limitada”, como quiere el siniestro Iván Cepeda, quien en plena crisis Santos-Maduro vuela a Caracas para respaldar al venezolano e insultar a su propio país desde suelo extranjero.  Este señor quiere cerrarle las puertas a la oposición del hermano país como si Colombia fuera terreno conquistado por el madurismo. Veremos si Santos, para agravar sus problemas, se inclina ante la nueva orden de Cepeda.

(1).- El 10 de agosto de 2010, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia, los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez anunciaron  el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países rotas el 22 de julio de 2010,  “congeladas hacía más de un año.  Santos aseguró que Chávez le garantizaba que “no va a permitir la presencia de grupos armados al margen de la ley en su territorio”. Pese a eso, Chávez nunca le impidió a las Farc seguir escondidas en Venezuela.

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Colombia y Venezuela: crisis recurrente

IMG_0806  Luis DE LION

Las múltiples e interminables crisis entre Caracas y Bogotá desde que llegó Chávez al poder, tuvieron su inicio concreto en el año 2005 con el caso Granda. De ahí en adelante, quedaba claro para la opinión pública de ambas naciones que las FARC bajo el régimen de Chávez, ocupaban un espacio predominante, en la política exterior venezolana.

Con el correr del tiempo, sin que disminuyera la crispación, Chávez conservó estrechos contactos con el liderazgo de las FARC y para ello tuvo un enviado de confianza, en la persona del para aquél entonces diputado Nicolás Maduro. Las relaciones con los narcoterroristas colombianos siguieron su ritmo ascendente una vez que Maduro fue nombrado canciller. En ese sentido, hoy cuando Maduro ocupa la presidencia, y las FARC están en plenas negociaciones en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos, por qué el ilegítimo presidente de Venezuela, no iba a intervenir y poner todo su peso sobre la mesa de convenios de manera de colocar al régimen colombiano en situación comprometida ante las cada vez más grandes exigencias políticas de las FARC.

Previo a las elecciones venezolanas, el pasado 6 de abril, el canciller de las FARC, Rodrigo Granda uno de los negociadores claves de la guerrilla en las conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana declaró que: “Es indudable que un triunfo, como se espera contundente de Nicolás Maduro, es una garantía para el respaldo al proceso de paz en Colombia, que es un proceso que favorece a todo el continente”

De tal manera que, la visita de Capriles a Bogotá, fue la excusa perfecta. Poco importó que Capriles hubiese sido recibido previamente, en su condición de candidato, por el presidente Santos en la Casa de Nariño.

Así, de forma programada se produjo la escalada. Al mejor estilo cubano, el primero en reaccionar fue el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al señalar que el presidente Santos, al recibir a Capriles le puso “una bomba” a las buenas relaciones entre ambos países. Luego le tocó el turno al canciller Elías Jaua quien amenazó a Bogotá con “revisar” la participación de Venezuela en los diálogos de paz entre la FARC y Colombia. Mientras Maduro, guardó unas horas de silencio táctico, para luego declarar que: “El presidente Santos le metió una puñalada a Venezuela”.

La Junta en pleno, decide saltar sobre la ocasión para asediar al presidente Santos. Nótese que hasta el momento, tal y como ocurrió en las crisis precedentes, Caracas no ha ordenado la retirada del personal diplomático venezolano asignado en Colombia. Se evoca menos la repetida tesis de un inevitable conflicto bélico, sólo se hace énfasis, de manera reiterada en la amenaza, clara y directa de “revisar la participación de Venezuela como facilitador en ese acuerdo de paz”

Las opciones del lado colombiano son pocas. A pesar que ante la visita de Capriles se cuidaron, en exceso, todas las formas. Pedirle disculpas a Caracas, sobre algo que no hicieron, sobre un evento que no ocurrió, sería colocar en situación de ridículo a la cancillería colombiana.

Pero ese es el objetivo de la diplomacia perversa, humillar a los demócratas, una práctica común de la cancillería cubana y que Caracas ensaya con gran aplicación.

luisdelion@gmail.com

@LDeLion

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Santos y la impostura del fin del conflicto

   Eduardo Mackenzie

Las Farc han convencido a los negociadores de Santos que la prioridad de los diálogos en La Habana no es alcanzar la paz en Colombia sino obtener “el fin del conflicto”. La diferencia entre  lo uno y lo otro no es tan tenue ni tan ininteresante como nos quieren hacer creer. Son dos escenarios muy diferentes.

Las Farc han dicho que no están dispuestas a entregar las armas sino que éstas, si se llega a un acuerdo con Santos,  “desaparecerán” como “aparecieron”  cuando las Farc fueron fundadas. Esas armas ocultadas, estiman las Farc, son la garantía de que lo pactado será cumplido. Es decir, ellos desaparecerán posiblemente sus armas pero no definitivamente.

El mensaje que envían las Farc de esa manera es que ellas le firmarán un papel a Santos si éste les garantiza lo que dice el “marco jurídico para la paz”, es decir la impunidad total a sus crímenes y la libertad completa para invadir el terreno político y mediático del país, más todo lo que están pidiendo en La Habana: la exigencia de la “reducción” de las Fuerzas Militares y la desmilitarización permanente de inmensos territorios del país mediante el pretexto de las “zonas campesinas” (los 42 000 km² de la época triste del Caguán no serán sino un pálido recuerdo de lo que quieren obtener ahora), y el cambio de la doctrina militar. También querrán cambiar, por qué no, el sistema económico y el sistema de alianzas internacionales del país. A cambio de eso, y a partir de esa firma, el cese de las acciones armadas de las Farc será efectivo pero ese cese será únicamente provisorio.

Los ataques contra la sociedad y contra el Estado recomenzarán, desde luego, cuando las Farc lo consideren oportuno. Todo depende para ellas de la situación interna del país y de la evolución del campo internacional, especialmente de la estabilidad de las dictaduras que sostienen el proyecto de las Farc y del auge o decline del tráfico de drogas a nivel mundial.

Sin embargo, obrar de esa manera tan hipócrita no será violar el acuerdo con Santos pues las Farc no habrían pactado con él desmantelar sus estructuras de fuerza y dejar definitivamente en paz a Colombia sino únicamente llegar a un “fin del conflicto”.

Las Farc no pactarán siquiera ponerle un fin definitivo al conflicto. Ellas aceptarían llegar a un fin provisional del conflicto. Esa perversión de los objetivos anunciados por Santos desde hace seis meses, cuando comenzaron los encuentros “confidenciales” en Cuba, ya ha sido aceptada por los negociadores de Santos. Ellos se tragaron ese cuento como si éste no significara nada. La prueba es que uno de los negociadores, sin ser desautorizado por Santos, lo ha dicho en estos días explícitamente en Bogotá: el objetivo es obtener “el fin del conflicto”.

Ese fin del conflicto podría durar unos meses, mientras las Farc se reorganizan y refuerzan. Al conservar las armas, conservarían también una parte substancial de los guerrilleros (para ocultar las armas  hay que tener gente armada que las oculte). Cuando hayan mejorado su posición, y cuando lo decidan las dictaduras que  alimentan la acción de las Farc (una parte de los jefes farianos seguirá obviamente en la clandestinidad o fuera del país tras el acuerdo) la agresión contra Colombia podrá ser reanudada con fuerza mediante la reactivación de aquella parte de los frentes más experimentados y cocaineros que no se habían desmovilizado. Y para ello contarán con la participación diplomática y hasta militar, por qué no, de los poderes vecinos desesperados.

No habrá pues ni entrega de armas, ni desmovilización real de las estructuras armadas de las Farc, ni paz. Es decir no habrá nada para Colombia y si habrá muchas ventajas para los narco terroristas. Una espada de Damocles penderá sobre el país gracias a esos falsos acuerdos. Eso es lo que Santos y las Farc pretenden que los colombianos aceptemos y que la comunidad internacional salude como un gran progreso y como un gran acto de construcción de paz en Colombia.  Lo que seguirá es el premio Nobel de la paz y la reelección del “presidente más progresista de todos los tiempos”.

Semejante traición a los intereses inmediatos y estratégicos de Colombia y del continente americano es lo que Santos quiere imponerle a la fuerza al país.

Quien no va tragar entero, sobre todo eso de la amnistía plena para los curtidos criminales de las Farc, lo de la ley de perdón y olvido que Santos dictó con el “marco jurídico para la paz”, será el Procurador General de la Nación, y con él las organizaciones y movimientos uribistas, y las mayoritarias corrientes auténticamente amantes de las libertades y del país. Y en el campo internacional habrá el rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, y de las Ong, como Human Rights Watch que vienen diciendo desde hace meses que ni los crímenes de guerra ni los crímenes contra la humanidad pueden ser amnistiados ni indultados aunque haya en curso un proceso de transición de la guerra a la paz.

¿Cómo se llegó a esa situación aberrante en que los negociadores de Santos, que se supone están en La Habana para defender los intereses de Colombia, terminaron aceptando las propuestas de las Farc y traicionando a Colombia?

“Hay una regla general”, advierte el historiador francés Alain Besançon. “Cuando se está frente a un régimen ideológico, la primera cosa que hay que hacer, y la línea que hay que mantener hasta el fin, es rechazar sin discusión la descripción de la realidad que el plantea. Si metemos un dedo en el engranaje y si aceptamos que en esa descripción hay ‘algo de verdad’, si aceptamos, por ejemplo, que existen arios y no arios, y que, en consecuencia, existe un ‘problema judío’, estamos perdidos y la voluntad claudicará ante una inteligencia falseada. No nos queda otra cosa que suplicar a los ‘arios’ que resuelvan ‘humanamente’ el ‘problema’. Besançon continua: “En la ideología, ese ‘algo de verdad’ que encierra el poder de seducción, es el lugar mismo de la mentira y de lo que es más falso. Esta regla se aplica a toda ideología y particularmente a la ideología comunista”.

Eso es lo que ha ocurrido en los diálogos de La Habana. Cuando los negociadores de Santos aceptan que hay “algo de verdad” en el planteo de las Farc  de que “el conflicto” fue engendrado “por la pobreza en el campo” y no por la decisión política unilateral de un partido que quería tomarse el poder para sovietizar al país, tienen que terminar admitiendo, como lo han admitido, que hay que hacer el cambio “revolucionario de estructuras” con y según los gustos de los terroristas.

Si los negociadores aceptan que “hay algo de verdad” en eso de que “hemos abandonado el campo colombiano”, y que por eso “los hijos de los campesinos no pueden llegar a las universidades ni pueden recibir servicios de salud”, tal descripción falsa de la realidad (pues exagerada),  los lleva directo a la impostura de que se debe hacer la “reforma agraria revolucionaria”, que se debe aceptar la expropiación de las mejores tierras “de los ricos” para dársela  “a los pobres” y  que, en último resorte, el capitalismo debe ser abolido  y substituido por un sistema colectivista.  Y que la democracia es un fracaso pues ha causado tales calamidades.

En eso estamos en esos diálogos de La Habana. Hacia allá van las famosas “conversaciones de paz” y sin que nada logre parar el chorro demagógico de los señores Catatumbo y Márquez. Como Santos, para pagarse una imagen de “presidente progresista”, aceptó discutir las fantasías y mentiras de una fuerza comunista derrotada, ahora están sus negociadores en un limbo teórico y político: no saben qué decir ni qué proponer. Pues están obligados a seguir esa lógica y a arrodillarse ante las soflamas de esos derrotados. Por eso toda Colombia, según ellos, puede y debe ser negociada.

Eso es lo que tiene desesperado y ofendido al país: la actitud inepta y insidiosa de un Estado democrático que termina capitulando, por los  desatinos egoístas de un mandatario,  ante una minoría terrorista.

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A Juan Manuel no le sonó la flauta

   Eduardo Mackenzie

A Juan Manuel Santos no le sonó la flauta. Hay un desfase evidente entre la manifestación de ayer “por la paz” en Bogotá y las “marchas” en las otras ciudades. La de Bogotá fue grande, sin duda, aunque no mucho, ni como el presidente Santos y los otros organizadores lo esperaban. Las de las otras ciudades fueron inexistentes, en algunas ciudades, o esqueléticas, en otras.

La marcha de Bogotá llenó a duras penas la Plaza de Bolívar. Se puede decir que fue un caudal rutinario, habitual. Como las manifestaciones convocadas en años recientes por la izquierda y los sindicatos controlados, en los 1 de mayo, por ejemplo, o al final de los procesos electorales.

Esta vez había un elemento nuevo, muy particular, que debía pesar mucho sobre la opinión pública: el llamado del jefe del ejecutivo, y de  funcionarios como el Fiscal General, a salir a manifestar. Lo mismo hicieron el  polémico alcalde de Bogotá,  un cardenal politiquero y los jefes de las Farc. Nunca se había visto en Colombia un ramillete de convocantes tan heterogéneo. Sin embargo, no hubo avalancha. Y hubo otra cosa rarísima: Santos ordenó que una parte de la fuerza pública fuera utilizada como masa de maniobra de la manifestación en Bogotá. Eso no se había visto en Colombia hacía décadas. Ni siquiera la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla se atrevió a cometer semejante abuso.

El uso de la fuerza pública en una manifestación política sí es un rasgo de la tiranía de Hugo Chávez. Ese elemento es central, en mi opinión, al momento de hacer el análisis de lo que ocurrió ayer en Colombia. Ese hecho afectará sin duda la trayectoria política de JM Santos y afectará la credibilidad de la presidencia de la República. Compromete sin duda su afán reeleccionista. Lo hecho por el jefe del ejecutivo en ese sentido es inusitado y ominoso. Esa decisión podría cambiar la definición que hasta ahora los colombianos tenían del actual gobierno. Lo de ayer confirma que hay cambios en la configuración de las fuerzas políticas sobre las que descansa el gobierno de Juan Manuel Santos.

Éste fue elegido gracias a un programa de restauración de la autoridad del Estado que las mayorías respaldaban. Una vez elegido, JM Santos traicionó esa agenda y se rodeó de las fuerzas minoritarias que habían perdido las elecciones. El acto de ayer fue un paso más en esa errática y antidemocrática dirección.

La pregunta es: ¿Lo de ayer confirmó el hecho de que los grupúsculos que le hacen el juego a las Farc, la Marcha Patriótica y el PCC, entre otros, y las mismas Farc,  hacen parte de la unidad nacional de Santos? Me parece que las cosas van en esa dirección. Lo de ayer habría sido como la confirmación pública, y en los hechos, de un protocolo secreto. Eso es nuevo y muy grave. ¿Qué consecuencias tiene ese destape de Santos hacia esas formaciones extremistas? ¿Qué responderán ante eso el partido conservador y las facciones liberales y verdes? ¿Qué puede anunciar eso a corto y mediano plazo sobre el ejercicio del poder?

Otra pregunta: ¿No violó el presidente Santos  la ley y la Constitución al hacer una utilización política de la fuerza pública? El artículo 219 de la Constitución nacional dice: “La fuerza pública no es deliberante”. ¿Esa norma no fue violada ayer? “¿Cuál es la sinceridad de un Gobierno que llama a una formación militar para participar en un desfile de civiles, con el pretexto que es un homenaje a las víctimas? Quien ha sido indulgente, quien ha dado impunidad a los victimarios, no tiene autoridad moral para convocar a un homenaje a las víctimas”, declaró el ex presidente Álvaro Uribe en la radio. “Qué tristeza que 5000 uniformados del Ejército tengan que cumplir una orden presidencial de estar en marcha para apoyar las Farc”, subrayó el precandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga.

A pesar de la masiva propaganda oficial santista y de los aparatos farianos,   los organizadores de la marcha en Bogotá no movilizaron tantas personas como querían. Eso es evidente. En eso ellos fracasaron. Ellos querían hacer algo idéntico o superior a las históricas manifestaciones contra las Farc del 4 de febrero de 2008  (entre 12 y 14 millones de colombianos salieron a las calles en 45 ciudades colombianas y en 125 ciudades del extranjero). Sin embargo, ayer el país le dio la espalda a ese escenario. Los colombianos ayer no salieron en masa a las calles, no le dijeron sí a Santos. No le firmaron el cheque en blanco que les había pedido. Y, sobre todo, rechazaron la hipócrita invitación de las Farc. El pueblo colombiano mostró así, ayer, con ese magnífico gesto, cuán inteligente puede ser en medio de una crisis  y cuán lúcido se muestra ante los espejismos que las Farc están improvisando a las carreras para engañarlo una vez más.

El fracaso de las manifestaciones “de paz” de ayer es un triunfo de la oposición, sobre todo del campo uribista, que supo explicar lo que estaba en juego.

¿La manifestación de Bogotá fue construida con recursos financieros y materiales de las Farc? Según el secretario de Gobierno de Bogotá llegaron a la capital más de mil buses y chivas con manifestantes. Estos venían sobre todo del sur del país. ¿Quién pagó esa enorme operación? La Marcha Patriótica es muda al respecto. Luego es legítimo suponer que el dinero del narcotráfico de las Farc fue movilizado para   el traslado de esas personas.

A pesar de las consignas neutras y abstractas, como “por la paz”, “por las víctimas”,  las manifestaciones de ayer tuvieron un aspecto obscuro. Hubo manifestantes encapuchados en Bogotá. Hubo gente que gritaba vivas a Chávez y a Maduro.  Un estudiante que portaba una camiseta con la frase “No más Farc” fue agredido por manifestantes. Al lado de ellos había una mayoría sincera que estaba en el cortejo por razones diferentes. Una parte de ellos asistían a una manifestación en favor de la paz.  Otros lo hicieron porque querían  respaldar las negociaciones en Cuba. Otros porque querían manifestar en favor de las víctimas del conflicto. En realidad, la franja más minoritaria, la extrema izquierda, inventó esa jornada para “ponerle gente” a su meta: fortalecer el proyecto de las Farc,  las exigencias de éstas en La Habana y reforzar lo que ellos llaman en estos días el “bloque popular revolucionario”.

Eso cambia la naturaleza de esa jornada. No fue una marcha por la paz sino una para perpetuar el conflicto. Colombia no aceptará jamás que las Farc lleguen al gobierno sin haber desmontado su aparato de muerte y sin haber pagado por sus crímenes. Lo de ayer fue sólo un episodio más de las gesticulaciones de las Farc para construir su hegemonía. Por eso el pueblo lo repudió. Lo inquietante es que el jefe de Estado colombiano ha cruzado  una línea roja que nunca debió haber cruzado.

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El 9 de abril de la dupleta Petro/Córdoba

   Eduardo Mackenzie

Para la izquierda colombiana, sobre todo para el sector más dogmático de ésta, el grupo comunista (PCC), el 9 de abril de 1948 no es la fecha del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Es otra cosa. Es la fecha en que “la-oligarquía-colombiana-asesinó-a-Gaitán”.  Para ellos lo importante no es el hecho en sí, ni sus verdaderos orígenes y autores, ni el conjunto de fenómenos verificables que están ligados a esa tragedia. Lo que les interesa es la interpretación del hecho, la leyenda construida en torno  y las ventajas políticas que ellos pueden sacar de ese “escenario”.

Ellos creen haber resuelto todos los enigmas de ese atentado. A Gaitán lo mató, dicen,  la “oligarquía”. Pero como la “oligarquía” está aliada, según ellos, “al imperialismo”, esa muerte, agregan,  es un “crimen de la oligarquía y del imperialismo”. Y ahí termina toda su introspección, todo su análisis. Y ahí comienza la falsa leyenda.

El atentado que le costó la vida a Jorge Eliécer Gaitán fue uno de los primeros golpes del mundo soviético contra las sociedades abiertas al comienzo de la guerra fría, en la fase más agresiva de la expansión mundial del sistema comunista.

El 9 de abril en Colombia comenzó unos días antes: con las ruidosas manifestaciones “antiimperialistas” de marzo de 1948 contra Estados Unidos y la IX Conferencia Panamericana que se iba a reunir en abril en Bogotá. El “Bogotazo” estalló con el asesinato de Gaitán en pleno centro de la capital y con la violenta asonada destinada a defenestrar al presidente Mariano Ospina Pérez. Terminó meses después con el segundo intento de golpe de Estado contra el presidente Mariano Ospina Pérez, en noviembre de 1949. Fue una ofensiva sanguinaria, larga y muy sofisticada.

La URSS quería sabotear la Conferencia Panamericana pues ésta iba a consolidar la construcción de la Organización de Estados Americanos y  poner en movimiento el plan Marshall para la América Latina, como  Estados Unidos lo estaba haciendo también en esos días  respecto de Europa. Nada de eso favorecía los planes expansionistas de Stalin.

Al rechazar el pedido que le hacían de malograr la Conferencia Panamericana, pues él alcanzó a vislumbrar los planes siniestros que estaban en marcha, Gaitán pagó con su vida su sentido patriótico.

Con la brutal liquidación de Gaitán, los comunistas no solo trataron de derribar el gobierno conservador. Barrieron el mayor obstáculo que tenían a mediano plazo para infiltrar los sindicatos y recuperar la influencia que habían tenido gracias al primer gobierno del presidente López Pumarejo. Gaitán y su corriente los habían barrido de los sindicatos y hasta de la vida política general pues el caudillo liberal, un anticomunista convencido, los había dejado sin banderas y sin clientelas electorales.

Pero esa no fue la mayor ventaja sacada del 9 de abril, y del hecho de que hayan podido ocultar durante años su papel decisivo en ese magnicidio y desplazar la culpa hacia otros. La cruel muerte de Gaitán siempre tuvo una utilidad operativa: con él justificaron su ideología de la lucha de clases y su aplicación teórica más próxima: la “imposibilidad” que había de una reconciliación entre los colombianos. Consecuencia: las atrocidades de todo género que ocurrieron el 9 de abril y las que ellos desataron poco después en casi todo el país, incluyendo la creación de las “repúblicas independientes” y las organizaciones  armadas y terroristas dispuestas a tomarse el poder por la fuerza, eran parte de la “violencia fundadora” de un nuevo poder y de una “Colombia nueva”.

Hoy, en 2013, la falsa versión del 9 de abril vuelve a ser explotada. Ante la crisis en que se encuentran los pretendidos diálogos “de paz” entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, y ante el mar de dudas que genera esa aventura en la opinión pública, la izquierda dura, liderada por Piedad Córdoba y su grupúsculo Marcha Patriótica, y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, proponen realizar, el próximo 9 de abril, una “marcha de apoyo a los diálogos de La Habana”. Pero hay mucha confusión respecto de los objetivos reales de esa marcha. A la Iglesia católica le han hecho creer que esa marcha es “contra la violencia”. A otros les dicen que ese 9 de abril sera el día “de las víctimas”, sin precisar de qué víctimas se habla, lo cual es muy favorable a las Farc, la mayor entidad generadora de violencia y de víctimas en el país durante los últimos 50 años.

Obviamente, el objetivo real de esa marcha es diferente:  no es el “apoyo a los diálogos”, ni hacer de esa jornada un día “contra la violencia”. Uno de los organizadores lo ha revelado,  la marcha pretende “apoyar la posición ‘programática’ de los delegados de las Farc en La Habana”. Lo que es totalmente distinto.

Es decir, esa marcha será para respaldar las exigencias absurdas que los jefes de las Farc están haciéndole a Santos:  obtener  la impunidad total para sus crímenes, alcanzar, al mismo tiempo, numerosos escaños en el Congreso (sin someterse al voto popular) y poder controlar varios ministerios. Ellos están exigiendo, sobre todo, quedarse con la mayor parte de las tierras cultivables del país para montar allá nuevas republiquetas “independientes”, es decir inmensos goulags sin Dios ni ley donde la población inerme quede prisionera  de las Farc. La “posición programática” de las Farc es eso, incluyendo su amenaza, tantas veces proclamada públicamente en La Habana, de conservar para siempre sus aspiraciones totalitarias, sus armas, sus redes operativas y sus narco-cultivos.

Por eso las declaraciones del presidente Santos y de monseñor Rubén Salazar, en el sentido de que marcharán el 9 de abril con esa gente ha generado una ola de sorpresa y malestar en el país, incluyendo sectores del partido liberal que apoyan al gobierno y del partido conservador.

Al tener tales objetivos, la “marcha” que proponen la dupleta Petro/Córdoba será, objetivamente,  una manifestación política en favor de la opresión del pueblo colombiano y de la destrucción de las libertades democráticas. Será un acto reaccionario y antireligioso, disfrazado de acto “contra la violencia”. Los que están tentados a ir a eso deberían pensarlo dos veces, sobre todo deberían imaginar qué diria Jorge Eliécer Gaitán de semejante engaño y de objetivos tan grotescos.

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