Las Farc han sido varias veces derrotadas – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Quien dice que es imposible o “utópico” derrotar a las Farc se comporta como alguien que miente sin vergüenza a los colombianos, o como un simple de espíritu que ignora lo que está ocurriendo y ha ocurrido en su propio país.

Las guerrillas comunistas que ha tenido que padecer Colombia desde hace más de 50 años fueron derrotadas varias veces por las fuerzas del orden. Los dispositivos más tenebrosos montados por la subversión para esclavizar a Colombia fueron destrozados en ciertas fechas por las Fuerzas Militares, tras ingentes sacrificios. Algunos de esos aparatos sangrientos, como el M-19, el EPL, el grupo Quintín Lame, nunca pudieron reponerse de esas derrotas, tanto militares como políticas, y han sido incapaces, hasta hoy, de seguir matando colombianos.

Las Farc tratan de hacernos creer que son invencibles. Sin embargo, lo que ocurre hoy mismo, en el terreno militar, muestra que ellas tienen pies de barro y que están al borde del colapso. La fatiga y la desmoralización de sus combatientes es evidente, pero sus jefes, apoltronados en Venezuela y Cuba, quieren usarlos hasta el último hombre y la última mujer y el ultimo niño pues alguien les dice que aunque pierdan la guerra física, la ganarán en la esfera política mediante una mesa de negociación tramposa que les abrirá, en La Habana, las puertas del poder.

Esa es la situación de hoy. En cuanto al pasado los hechos están ahí para ser examinados. El artículo que sigue (1), del investigador social Carlos Alberto Romero Sánchez, describe la primera gran derrota que tuvieron las Farc, en Marquetalia. Romero muestra lo que siempre la propaganda ha querido ocultar. El enorme dispositivo bélico que el PCC había montado con sangrientas bandas errantes que éste  (y sus sociólogos adoctrinados) siempre mostraron como “bandoleros” sin norte político, fue desmantelado definitivamente. Lo que emergió después, bajo la sigla Farc, fueron los restos de esa derrota.

Aunque varias veces vencidas, las Farc y el Eln levantaron cabeza una y otra vez durante la Guerra Fría. Pues no eran un proyecto colombiano, sino algo externo y ajeno a Colombia. Gracias a la labor de zapa, infiltración y presión constante de las dictaduras de Cuba y la URSS, esas fracciones subversivas pudieron reconstruir sus redes de apoyo logístico, político y diplomático. Al caracterizar mal esa amenaza, varios gobiernos cometieron enormes errores.  Hasta hubo jefes políticos –los unos por miopía, los otros por ínfulas  progresistas–, que colaboraron con ese proyecto. La democracia es, por un tiempo, débil e imperfecta ante sus enemigos más tenaces. La colombiana no es una excepción.  Pues el terror es como el alcohol: a veces comienza con una fiesta “pero termina siempre en delirios”, según el conocido aforismo. Ello explica ese balance contradictorio, esos éxitos y esos reveces transitorios ante las bandas totalitarias.

Esas formaciones no son imbatibles. Sus jefes más protegidos perdieron la vida en combates muchas veces desesperados. Otros fueron a dar a la cárcel o a los refugios que encontraron en la URSS, en Cuba, en Venezuela y Ecuador. Durante los dos periodos del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), el país vio que las Farc, sin diálogo político y sometidas a la acción decidida del Estado, son vulnerables.

Al momento de escribir esta nota, un ex amigo de las Farc, un ex jefe de la banda terrorista IRA, Martin McGuinness, convertido desde 2007 en  vice primer ministro de Irlanda del Norte, va a Bogotá con un claro mensaje para Timochenko: decrete un cese al fuego unilateral. Unilateral, le dice, no bilateral, pues no le ve otra salida a las Farc.  Es el mensaje para un movimiento terrorista agotado. McGuinness ve que las Farc sobreviven solo por el oxígeno que recibieron de unas obscuras “negociaciones de paz” que se convirtieron en un premio por sus asesinatos, pero que levanta, en revancha, una ola de cólera inmensa en la población colombiana.

Lo que McGuinness no dice es que él firmó la paz e ingresó a título simbólico al gobierno de Irlanda del Norte y no para desmantelar la democracia en Gran Bretaña. Las Farc, en cambio, estiman que son más astutas que McGuinness, y que podrán firmar con el presidente Santos un remedo “de paz” para aterrizar en el poder y desmantelar la democracia, como les exigen sus patronos de Caracas y La Habana.

(1) El Plan Lazo o de una derrota militar del PCC-FARC

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Santos y el malestar militar en Colombia – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

El 17 de marzo pasado, dos días después de que el presidente-candidato Juan Manuel Santos, 62 años, declarara que pretender derrotar a las Farc es una “utopía”, el general Jorge Segura, comandante de la Tercera División del Ejército de Colombia, que realiza en estos momentos una ofensiva contra esa guerrilla comunista en el sur del país, objetó: “Las Fuerzas Militares le están ganando la guerra a las Farc”. El no dijo que esa era su réplica a lo dicho por Santos. Empero, el tono y la cercanía de los dos enunciados sí permite pensarlo.

Aunque la prensa de Bogotá guarda silencio absoluto sobre las tensiones que existen entre JM Santos y las Fuerzas Armadas, ese fenómeno ya es inocultable. La bronca surge desde que Santos decidió abrir unas negociaciones “de paz” muy opacas con las Farc en La Habana, en octubre de 2012, bajo el patrocinio de las dictaduras de Cuba y Venezuela.  Nadie le había pedido a Santos que abriera diálogos con el narcoterrorismo, pues su mandato era para que continuara, por el contrario, la obra de aniquilamiento de éste y de restauración de la seguridad, iniciada con gran éxito por su antecesor, el presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Empero, Santos tomó otro camino. Prometió que esos diálogos le traerían la “paz definitiva” al país al cabo de seis meses. En realidad,  esos contactos ya llevan más de un año y medio sin que se vea el final del túnel. La temática, precisa y limitada al comienzo, se transformó en un abanico de cuestiones que no se sabe hasta dónde irán. Pues todo es secreto.  Por lo que logra saber la prensa, Santos está negociando cambios estratégicos, es decir el sistema económico, político, social y militar del país.

Las Farc  dicen que no entregarán las armas, que no repararán a sus víctimas, ni pagarán un día de cárcel por sus crímenes. En cambio, entre otras cosas, piden millones de hectáreas de tierra con sus poblaciones (es lo que llaman “zonas de reserva campesina”) para continuar sus negocios, y disponer en las ciudades de una infraestructura política y mediática descomunal (curules en el Congreso, un periódico, una radio y una televisión) para difundir su ideología y su retórica totalitaria. Así, la negociación “de paz” no sería para que la subversión adhiera al sistema democrático sino para que Colombia acepte las ambiciones de las Farc. Tal manipulación del sentimiento de paz hace que los altos mandos, y gran parte de la ciudadanía, vean con horror la perspectiva que se está perfilando en Cuba.

Ese malestar se agravó a comienzos de febrero. Un semanario pro santista acusó a la inteligencia militar de estar “espiando” a los negociadores de Santos  en el “proceso de paz” de La Habana. La revista decía haber “hallado” en Bogotá la oficina clandestina desde donde los militares hacían esas intercepciones “ilegales”.  Antes de que la investigación judicial terminara, Santos ordenó la destitución y el traslado de varios generales, entre ellos del general Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares. Después se supo que la acusación de la revista era inexacta y que no había nada de “ilegal” en esas  actuaciones. No obstante, Santos desorganizó  el grupo militar que monitoreaba a las Farc en Cuba, y cambió el alto mando militar y policial del país. Tal medida fue percibida como una concesión a los enemigos del Ejército, y así lo hizo saber Acore, la principal asociación de militares retirados.  El General Barrero había hecho saber a Santos que no se podía negociar la “reducción” del Ejército de Colombia en La Habana, como quieren las Farc.

Incluso un miembro de la negociación en Cuba, el general (r.) Jorge Enrique Mora Rangel, se molestó con la campaña estigmatizadora contra las Fuerzas Militares y con la llegada de conocidos narcotraficantes a la “mesa de diálogo”. El general Mora llegó a sugerir que se retiraría del diálogo pero Juan Manuel Santos evitó su salida. Poco después se supo que el general Mora le había confesado al general Barrero que los dos principales negociadores de Santos, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, “se reunían con las Farc a tratar ciertos asuntos, reuniones a las que Mora no era invitado o, mejor, de las que era excluido”.

En esos mismos días, el vocero de uno de los partidos que colabora con el gobierno de Santos, propuso algo que alertó de nuevo a los militares: que una vez se firme la paz los guerrilleros de las Farc conformen una “guardia nacional” para descargar al Ejército de la tarea de vigilar las fronteras y las carreteras del país. De hecho, en esas regiones fronterizas, las Farc están proponiendo a las poblaciones de los dos países erigir “comités antiimperialistas” de lucha contra los acuerdos militares firmados entre Colombia y Estados Unidos.

La fuerza pública colombiana  vive una cruel paradoja. Desde hace más de cinco décadas ella ha tenido que hacerle frente y derrotar a varias guerrillas marxistas, organizadas por la URSS, la China maoísta y Cuba. Hoy le queda por vencer a dos de ellas: las Farc y el Eln, las bandas criminales  más sangrientas y depredadoras que haya conocido el continente americano. No obstante, el respaldo moral y jurídico que le debería dar el Estado colombiano a sus fuerzas armadas es deficiente. Los miembros de la fuerza pública no pueden votar en elecciones y el presupuesto de Defensa, durante 40 años,  fue paupérrimo. Sólo desde 2002 éste comenzó a ser reajustado para alcanzar un nivel aceptable. Y lo peor de todo: el Estado colombiano sigue negando hoy a las Fuerzas Militares el principal derecho que los regímenes democráticos le otorgan a sus fuerzas de defensa: el fuero o justicia militar.

Esa grave falla jurídica le facilita la tarea al narco-terrorismo. Este organiza montajes y procesos penales de hostigamiento, basados casi siempre en falsos testigos, cinco y diez años después de los hechos, contra miles de militares que son llevados así a cárcel y a la miseria. Todo ello debilita la moral de las tropas y paraliza las mejores unidades de combate, sin que esto preocupe especialmente a los poderes públicos.

Los tres procesos más absurdos, tramitados por jueces  civiles fanatizados  que violaron todas las reglas de derecho, afectan al general  Jesús Armando Arias Cabrales y al Coronel Alfonso Plazas Vega, condenados a 35 y 30 años de cárcel respectivamente. Ellos son los dos grandes héroes de las fuerzas que derrotaron el ataque del M-19 contra el Palacio de Justicia de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985,  en el que los asaltantes secuestraron a 350 magistrados, funcionarios y empleados, matando a 42 de ellos y a 11 militares y policías. Ningún jefe de esa banda terrorista fue a dar a la cárcel, pero sí los jefes militares que rescataron ese día a 260 rehenes. El tercero, el general José Jaime Uscátegui, fue acusado de no haber impedido la masacre de Mapiripan, cometida por una banda criminal en 1997, aunque desconocía los planes de ésta ni tenía mando sobre las tropas de ese lugar. Todo eso está probado y aún así, el general fue condenado a 40 años de prisión, en 2009, aunque había sido absuelto en 2007.

Precisamente, al momento de escribir esta nota, Acore y otras asociaciones de la Reserva Activa lanzaban una campaña, ante la sede de la OEA en Bogotá, para protestar por la “falta de garantías judiciales contra el General Uscátegui y demás miembros de la fuerza pública injustamente procesados”.

El 16 de marzo de 2014, una radio de Bogotá informó que el Ejército, a través de un comunicado, había rechazado las acusaciones de la prensa y pedido “que se respete el debido proceso”, de los oficiales que son investigados judicialmente.

En ese turbio contexto psicológico-judicial, otro hecho de sangre aumentó el sentimiento de fastidio de los militares contra el gobierno de Juan Manuel Santos.

El 16 de marzo, las Farc capturaron, torturaron y degollaron en Tumaco a dos policías desarmados. El Mayor  Germán Mendez y el patrullero Edilmer Muñoz fueron atados a un árbol y ultimados con garrotes y cuchillos. El Presidente se contentó con criticar lo ocurrido y no suspendió los diálogos de La Habana como muchos le exigieron. El ministro de Defensa y un agente de la ONU pidieron a las Farc entregar los asesinos de los policías. Estas justificaron su nuevo acto de barbarie y culparon al Estado.

Ante la actitud de Santos, Oscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático, el principal partido de oposición, anunció que enviará una comunicación a la Fiscal General de la Corte Penal Internacional de La Haya sobre el “macabro asesinato” de los dos policías y reiteró la exigencia de suspender las negociaciones. Si el presidente quiere unos diálogos “debe exigir el cese de toda acción criminal”, recalcó.

Hay pruebas de que las Farc, al mismo tiempo que dialogan con Santos en Cuba, dirigen desde allá la guerra contra Colombia. Este 6 de marzo, el periodista Ricardo Puentes difundió una conversación telefónica en la que Iván Márquez, el jefe negociador de las Farc, ordena explotar la bomba que mató a un civil en Pradera, Valle, el 16 de enero de 2014, y dejó gravemente heridas más de 60 personas. Otro “negociador” de las Farc en La Habana, Rodrigo Granda, había mentido al negar que las Farc hubieran cometido ese crimen. El gobierno de Santos guardó silencio sobre la revelación de Puentes.

“¿Qué pensarán los miles de soldados, suboficiales y oficiales que todos los días arriesgan sus vidas para protegernos de las Farc?”, se preguntó otro periodista, Ricardo Galán, al saber que el presidente Santos estimaba que “pretender acabar totalmente con el último guerrillero es una utopía y nos tomaría otros 50 años”. Galán concluyó: “A juzgar por sus propias palabras, el presidente Juan Manuel Santos no confía en las Fuerzas Militares que comanda”.

No confía aunque éstas ya han desbaratado varias guerrillas y anti guerrillas en el pasado y lo estaban haciendo con las Farc cuyos jefes fueron obligados a esconderse en los países vecinos. Ese mal trato  se debe quizás a que las Fuerzas militares de Colombia son legalistas y profesionales (ellas sólo dieron un golpe militar en el siglo XX que duró cuatro años) y respetan el poder civil a pesar de la incuria y abusos de éste. Nadie dice que hay de nuevo un ruido de sables en Colombia. Sin embargo, Santos podría estar jugando con fuego al prolongar un juego ambiguo de golpes y elogios a los militares sin responder seriamente a sus demandas de protección judicial y de transparencia en sus negociaciones con las Farc y en sus relaciones con la tiranía de Caracas.

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Santos – Maduro, el mismo pantano – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

El presidente Juan Manuel Santos habría podido ofrecerles a los colombianos, al final de su mandato, al menos, unas elecciones legislativas limpias. Para mostrar su respeto por los ciudadanos y por los partidos políticos. Pero no lo hizo. Hizo lo contrario: les ofreció una bazofia, para proteger sus ambiciones personales. Y remató eso empleando el tonito displicente y zángano que siempre utiliza: todo salió muy bien, miren a otro lado, sigan su camino, no se atenderá ningún reclamo. Una vez más, Santos demostró que es muy fácil, para él, pasar de la irresponsabilidad a la impunidad.

Pero no. Nadie mirará a otro lado. Santos, el registrador Carlos Ariel Sánchez y el Consejo Nacional Electoral tendrán que responder ante la justicia por los desmanes cometidos este 9 de marzo, durante las elecciones y durante las horas y días de “preconteo” y conteo de votos. El Centro Democrático ha descrito con exactitud lo que pasó durante esa jornada y ha anunciado que presentará un informe completo de los delitos y anomalías electorales de ese día. El CD tiene todo el tiempo del mundo para cobrar esas cuentas. El CD, además, no es el único en lanzar ese grito de alarma. Tres candidatos presidenciales y ocho partidos políticos, entre los que se encuentra el Centro Democrático, denunciaron ante la OEA las irregularidades cometidas en esa votación.

Ese sablazo electoral no fue un accidente. Hace parte de un proceso de destrucción institucional en la que se empeña Juan Manuel Santos desde que llegó a la presidencia de la República en agosto de 2010. ¿Cómo explicar la cascada de fracasos del gobierno en materia de justicia, de transparencia electoral, de paz y seguridad urbana y rural, de relaciones exteriores (hoy bajo la censura de Maduro), de educación nacional, de la industria, de la agricultura? Lo ocurrido el 9 de marzo fue la culminación de una vasta operación contra las instituciones y contra la democracia en Colombia.

Los esfuerzos de “cubanización” no existen sólo contra Venezuela. A Colombia también la  han metido, contra su voluntad, en esa sangrienta aventura. Así como los venezolanos no quieren ser los esclavos de la clique castro-chavista y están luchando heroicamente en las calles contra la violenta colonización que trata de consolidar la dictadura cubana allá, Colombia también está en esa batalla por la libertad, aunque muchos no lo sepan todavía. Pero sí lo saben miles de militares y policías rasos y miles de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y decenas de miles de cuadros, dirigentes, militantes y simpatizantes del CD y de otros partidos y de ciudadanos sin partido. Lo saben miles de dirigentes y miembros de los gremios, sobre todo del agro, como lo acaba de decir el líder de la SAC y como lo dice Fedegán. Y, sobre todo, lo saben los millones de colombianos que votaron el 9 de marzo pasado por el CD, aunque el voto de la mitad de ellos haya sido escamoteado por la burocracia electoral corrompida.

Aunque los procesos de Venezuela y Colombia son desiguales, pues la destrucción de las libertades, de las instituciones democráticas y de la economía de mercado están en fases diferentes –el mayor caos está en Venezuela–, hay un elemento común: los dos países están siendo llevados hacia el mismo abismo: ser colonias de extracción de recursos humanos y económicos para que la Cuba castrista siga sobreviviendo a costa de otros, como ha hecho desde 1960. El saqueo actual de Venezuela debe ser seguido por el saqueo de Colombia.  Para eso Cuba emplea sus espías, la Guardia Nacional y los paramilitares venezolanos. Contra Colombia Cuba utiliza las Farc, el Eln y los falsos “diálogos de paz”.

Aunque la subversión armada en Colombia existe desde el comienzo de la Guerra Fría, esta ofensiva específica fue reforzada hace más de quince años. Tres presidentes han tenido que hacerle frente: Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Los dos primeros lucharon contra eso con suertes diferentes. En sus ocho años de gobierno, Uribe logró reducir las dos guerrillas comunistas, las Farc y el Eln, que utilizan el narcotráfico, la violencia y el terrorismo para alcanzar esa meta.  Sus jefes cayeron en combates. Otros fueron capturados u obligados a refugiarse en países vecinos. Miles huyeron de esas filas. Santos, lamentablemente, traicionó al país y frenó esa dinámica. Amigo personal de Fidel Castro, aceptó empujar en el sentido contrario. La negociación “de paz” revigorizó a las Farc y las sacó de las cavernas. Ahora, desde La Habana, esas dos “partes” están impulsando un proceso secreto: la “paz total”, como dice Santos, que pretende instalar en el centro de la vida política, económica y social, quiéranlo o no los colombianos, esa maquinaria de muerte sin que la justicia pueda cobrarle a los criminales un solo día de cárcel.

La tesis de Santos para justificar eso tiene dos ejes, ambos falaciosos: “pretender acabar totalmente con el último guerrillero es una utopía y nos tomaría otros 50 años”, y “la paz es más importante que la justicia”. Esas ideas no son democráticas. Un demócrata diría: sin justicia la paz es imposible. Santos explica que no puede vencer a las Farc. Curioso. Dice eso después de haberle dado oxigeno, durante cuatro años,  a unas Farc agonizantes, mediante la negociación secreta, los salvoconductos y la tribuna de La Habana.  Además, Santos se equivoca. Nadie quiere “acabar con el último guerrillero”. El último guerrillero, en el universo democrático, será juzgado, no “acabado”. Todos queremos, en cambio, ver el desmonte real de las Farc, la entrega de sus armas, la reparación de sus víctimas y el castigo para sus jefes criminales.

Al manipular así el lenguaje Santos no se distingue de Nicolás Maduro. La lucha de los venezolanos contra el dominio cubano y contra la miseria creada por el chavismo es, para Maduro, un “complot del imperialismo” mientras él protege a los paramilitares que asesinan a bala y desaparecen a los estudiantes. Santos firma un “marco jurídico para la paz” que le otorga impunidad total a las Farc y sigue negociando el destino del país mientras las Farc abaten soldados, policías y civiles. Al mismo tiempo, golpea la moral de la fuerza pública y señala a los patriotas como “ultraderechistas” que quieren “descarrilar” y “envenenar” el proceso “de paz”. La diferencia entre Santos y Maduro es de grado, no de esencia.

El silencio de Santos ante las atrocidades del régimen venezolano lo pone en el mismo pantano moral de Maduro. Con su postura “cuidadosa”, Santos se hace cómplice de esas violencias contra la juventud venezolana. Por eso su afonía ante las atrocidades diarias de las Farc contra Colombia.

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Univisión ataca de nuevo – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Vuelve y juega. El viernes pasado, Univisión anunció que había descubierto otro caso de “espionaje electrónico” en Colombia. Esta vez la víctima de las “intervenciones” o “hackeos” parece ser, nada menos, que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (1). Horas después, el diario El Colombiano, de Medellín y la revista Semana, de Bogotá, sin aportar ningún dato nuevo, relanzaron la noticia tal cual. Sin hacerse la menor pregunta sobre la legitimidad de esa información. Y una nueva bola de nievo comenzó a rodar.

Como en las recientes “revelaciones” que desembocaron en la destitución de la cúpula militar colombiana, el artículo de Univisión está firmado por Gerardo Reyes y Casto Ocando. La nueva incursión de esos dos periodistas, y la forma como lanzaron la supuesta noticia, plantea, una vez más, dos problemas fundamentales del periodismo: el de la ética y el de las fuentes de información.

Los citados periodistas dicen que unos correos electrónicos privados del presidente Santos fueron pinchados. Dan a entender que  esa información viene de una documentación que ellos habrían recibido antes y que utilizaron parcialmente para lanzar el escándalo que  terminó en la destitución –sin pruebas– de dos altos oficiales de la inteligencia militar y, después, de otros generales, entre ellos el General Leonardo Barrero, comandante general de las Fuerzas Militares. Agregan que las intercepciones a Santos hacen parte de “un asalto masivo [de] por lo menos dos años”.

El acto denunciado es, pues, un delito grave y continuado. Importa saber qué individuo o qué equipo hizo eso. Y cómo esa información fue a dar a manos de Univisión. La fuente criminal puede ser un espía extranjero, como puede ser un organismo subversivo local. Puede ser un equipo local bajo órdenes de un servicio extranjero. Puede ser un servicio de inteligencia oficial, etc. Todas las posibilidades están abiertas.

¿Es ético publicar una información que es el fruto de un acto ilegal? ¿Se puede recibir y explotar información que viene de un criminal sin revelar su naturaleza y su origen? ¿Se puede callar quien es el actor ilegal y cuáles son sus motivaciones?

Reyes y Ocando no dicen una sola palabra al respecto. Parece que ellos no se plantean siquiera esos problemas de ética periodística. Sin embargo, ese es el elemento central del asunto.

Reyes y Ocando no dicen si ellos obtuvieron de manera leal esa información. Ocultan la fuente y el sentido de esas pinchadas, creyendo que la esencial del periodismo es desligar el evento de su fuente. En realidad, es lo contrario. La regla de base del periodismo es que todo evento narrado debe ser atribuido a una fuente. Hay excepciones a esa regla, como veremos, pero la regla es esa.

Lanzar una noticia sin haber investigado y sin decir cuál es el origen de la misma, sin valorar la seriedad de la fuente, ni la autenticidad de lo que dice, ni la calidad de la “prueba”, y sin ofrecer un panorama completo de lo que dice haber “descubierto”, es sorprendente.

La regla general en periodismo (lo que hacen los diarios y las agencias de prensa serias) es que todo evento debe ser atribuido a una fuente. Eso permite al lector sopesar la credibilidad de esa información y eso protege al medio en caso de discusión o pleito.

Hay casos en que la fuente pide no ser mencionada. El periodista tratará de convencerla de hacerlo, salvo en caso de fuerza mayor. Si la fuente insiste en ser anónima el periodista debe decirlo, y decir por qué. El periodista debe  respetar el secreto profesional y no divulgar la fuente si ésta ha dado la información a título confidencial.

En caso de una información sin fuente el medio debe asumir la responsabilidad de esa información. Por eso la información sin fuente es la menos utilizada, pues es vista, con justa razón, como una información frágil o dudosa. No hay que olvidar que, como dice un excelente manual de estilo de la AFP,  “la información sin fuente es el primer paso hacia la desinformación”. La propaganda soviética era experta en ese tipo de trucos.

Si no se puede citar el nombre de la fuente, al menos se debe calificar la fuente, es decir indicar qué calidades tiene, de qué medio es, agregar un detalle que pueda indicar que la fuente existe realmente.

El método de algunos periodistas en los años 50 y 60 era salir del paso  diciendo que la suya era una “fuente segura”, o una “fuente digna de fe”, o “muy bien informada”. El manual de estilo de El País, de Madrid, lo prohíbe expresamente. Tales frases son excluidas hoy del trabajo periodístico. Pues muchos timos periodísticos se hicieron con ese método. Si la fuente exige (en casos muy excepcionales) que no se dé detalle alguno de ella, ni de su medio, ni de su posición,  el periodista debe citar esa exigencia y, sobre todo, debe obtener el respaldo de su jefe de redacción, o de sus colegas, quienes asumen la responsabilidad de la información difundida en esas condiciones.

La información sin fuente es aceptable únicamente cuando ésta relata o rinde cuenta de un hecho notorio o público: una manifestación, una sesión parlamentaria, un evento deportivo, etc.

Si la fuente de un hecho público es indirecta (otro medio, un testigo), hay que mencionar esa fuente.

Reyes y Ocando no respetaron ninguna de esas reglas básicas, que son  universales para el periodismo de hoy. Propusieron, en cambio, una información importante pero sin fuente y sin analizar la calidad de la fuente, sin medir qué intenciones hay detrás de la entrega de esa información por una fuente anónima. Aunque ignoran las reglas de la ética periodística ellos le exigen al lector, y al poder judicial, que crean sin más, que traguen entero. Ni siquiera acudieron a la fórmula obsoleta, como hemos visto, de “la fuente de alta fidelidad”. Hay que creerles porque  ellos lo dicen. Eso es ridículo. Esos estándares de Univisión son de los años veinte. Lanzar así una noticia y venderla como una “investigación”, es reducir la credibilidad que podía tener todavía Univisión.

¿Alguien ha visto al New York Times divulgar una “información” dada por una familia mafiosa de Chicago, callando toda referencia a ese origen, para hacer caer un juez en Washington?

¿Alguien ha visto a Le Monde divulgar una información que hace parte de la reserva de un sumario para precipitar la caída de alguien antes de que haya cosa juzgada?

¿Alguien ha visto a Reuters utilizar información que viene de un robo para favorecer  una u otra facción de la vida política británica?

¿Ha visto alguien a una televisión norteamericana divulgar informaciones relacionadas con  los intereses fundamentales de esa nación, o con la protección de sus fuerzas militares, sin ser objeto de una instrucción penal?

La Declaración de deberes de los periodistas franceses dice esto: es un deber: […]  “3. Publicar únicamente las informaciones cuyo origen es conocido o en el caso contrario acompañarlas de las reservas necesarias; no suprimir las informaciones esenciales y no alterar los textos y documentos.”

Una de las reglas del periodismo en Japón dice: (…) “3. Al tratar una información hay que ver si hay el riesgo de que ésta sea utilizada con fines de propaganda y por eso se debe adoptar una actitud de vigilancia especial al respecto.”

En vista de las anomalías que presenta la información propuesta por Reyes y Ocando surge esta pregunta ¿Por qué Univisión? ¿Por qué esas “revelaciones” no fueron suministradas por la fuente misteriosa a un medio más conocido, serio y exigente como CNN, o como una de las agencias internacionales de prensa como la AFP, Reuters, o AP?

Es obvio que la fuente secreta no busca sino a Univisión. ¿Por qué? La respuesta salta a la vista: porque ésta no es lo suficientemente exigente. La deontología periodística, como hemos visto, al menos en estos episodios de las supuestas “chuzadas” en Colombia, fue ignorada. Lo que difícilmente habrían hecho las agencias o los periódicos serios.

Ese estilo de trabajo de Univisión es inaceptable. Univisión es irresponsable al lanzar la cosa así. Pues ese tipo de “noticias” tuvieron y tienen efectos negativos sobre la seguridad nacional colombiana. Si esos periodistas tienen la prueba de esas grabaciones debe tener también claro quién es el interceptador, el hackeador. ¿Por qué callan todo al respecto? ¿A quién protegen?

Ellos emplearon esta vez la misma técnica de la “revelación” anterior: citaron unos correos interceptados, y dijeron que ellos, Reyes y Ocando, habían verificado “la autenticidad de los documentos”. Falso. Lo que hicieron fue verificar el contenido, no la autenticidad de esos textos. Le mostraron al presidente Santos uno o dos textos (que nadie ha visto) y éste dijo que los reconocía.

Pero esto es sólo la punta del iceberg. Lo importante es la credibilidad de la información. ¿Alguien agregó, mutiló o alteró esos textos? Eso depende de la fuente. Lo importante es saber quién, realmente, suministra esa información y por qué. Es saber quien está haciendo esas pinchadas, dónde y cómo y con ayuda de quien. Ahí es donde habría verdadera investigación periodística.

¿Qué hacer con una información robada? Los periodistas repudian la información robada, o tratan de confirmar esa información por medios legítimos antes de publicar. Un debate sobre eso existe, es cierto, pero no ha concluido. Estamos lejos de eso. Incluso la información robada por Julián Assange no fue publicada por tres conocidos diarios europeos sino después de que esa información fuera contrastada por los periodistas de esos diarios.

Reyes y Ocando fueron utilizados como correa de transmisión. El periodismo no es eso. El periodista no puede convertirse en vocero de su fuente, de su interlocutor, mucho menos si éste oculta su identidad. La información debe ser tratada, verificada, contrastada, controlada. Como hicieron los periodistas que destaparon el Watergate: las informaciones de “garganta profunda” eran verificadas y contrastadas antes de ser difundidas.

Al final de su artículo, Reyes y Ocando tratan de consolar al lector con un dato vago sobre el origen de esas pinchadas: dicen que, según un experto “de la policía colombiana”, hay tres posibilidades: 1. Una “fuga interna”; 2. Un “acceso externo” y 3. “a través de los destinatario” (sic). Es decir que todo es gris en ese paquete que ellos recibieron y aún así ellos pretenden hablar de información “autenticada”. Increíble.

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Un escándalo de doble fondo – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Mientras en Venezuela las mayorías están en la calle sufriendo la metralla del régimen de Maduro y luchando por el fin del sangriento y ruinoso experimento chavista, en Colombia estalla una serie de escándalos destinados a fragilizar la fuerza pública que defiende al país de la amenaza chavista.

Tras la salida en falso de la operación Andrómeda, que echó a tierra a dos altos y valiosos oficiales especializados en inteligencia militar, aunque la culpa de éstos no fue probada, tenemos ahora la sorpresiva destitución de la misma cúpula militar por motivos muy discutibles. Esos escándalos en ráfagas, además de sospechosos, son de doble fondo: un escándalo puede esconder otro. Hay un juego entre un escándalo explícito, provocado por una revista y por el jefe del Ejecutivo, y otro que algunos quieren hacer invisible.

Nadie puede creer que el presidente Santos destituyó al General Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares, exitoso combatiente contra las Farc en el sur del país, por haber deslizado, en privado,  en 2012, una frase ridícula contra unos fiscales. Santos, empero, escogió ese pretexto para deshacerse de un alto mando. El mismo admitió que había destituido al General Barrero por una frase. Al hacer tal cosa, el jefe de Estado incurrió en abuso de poder.  Tal movida desnudó aún más a Santos. ¿Por qué él aceptó correr ese riesgo precisamente ahora?  ¿Para cerrar aún más las puertas de su propia reelección?

No se sanciona a nadie por una frase dicha a una persona y en privado. Desde luego, la frase en cuestión fue torpe y hasta coja, pero no era más que eso, una frase. El elemento de la publicidad faltó. Fue un desliz verbal desafortunado. El General Barrero hablaba con un oficial detenido que se quejaba de irregularidades cometidas contra él por la Fiscalía. Barrero no le dió una orden, ni una instrucción. Su frase no fue un acto de servicio. No fue un acto de insubordinación. Fue un comentario suelto, que él repudia y por el cual pidió excusas. Fue una frase como las hay por miles cada día en todos los niveles del Estado y del gobierno. En los pasillos de los ministerios, en los mails y en las conversaciones telefónicas.

La diferencia es que alguien escuchó ilegalmente esa frase, la disecó, la estudió y la envió a otro para que cayera un día (parece que en 2012) a la Comisión de Acusaciones del Congreso. Y la volvió a sacar ahora para que la revista Semana  la transformara en un espectro amenazante, en un crimen de Estado, en medio de una campaña electoral.

Esa revista aceptó, como otras veces, hacer parte de esa obscura intriga –quizás no está en posibilidad de decirle no a ese actor secreto–  y redactó de manera capciosa ese folletón. Aprovechando la inconmensurable fragilidad institucional del país, logró desatar así uno de los golpes más injustos de los últimos años contra los servicios de defensa de Colombia.

Es obvio que ese actor misterioso debe tener en remojo decenas de otras frases indiscretas de sus propios amigos. Y no espera sino que éstos se duerman en el cumplimiento de sus manipulaciones para obligarlos.

“Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa huevonada” (sic). Como esa frase telegráfica, tan confusa como grosera, no había logrado tumbar al General Barrero en 2012, la revista redactó su libelo de otra manera: amalgamó  las conversaciones de Barrero con el amargado coronel Robinson González, detenido en un centro de reclusión militar, como si éstas hicieran parte de otro entramado: los delitos de contratación en el Ejército, a sabiendas de que a Barrero no se le reprocha nada en materia de contratación. En otras palabras: Semana quiso, con unos párrafos tendenciosos, ponerle la etiqueta de corrupto al General Barrero, para hacerlo caer. Barrero denunció esa manipulación de Semana en su comunicado del 16 de febrero.

Ese escándalo debió haber terminado con las excusas. Fue Santos quien lo redimensionó. ¿Por qué? Desde un ángulo humano,  la tal frase tiene, además, un cierto sentido. La frase alude, evoca, unos fiscales anónimos, es decir denuncia aquella capa de operadores judiciales que son la vergüenza y la pesadilla de la justicia colombiana. La frase iba contra ellos y no contra todos los fiscales, pues los hay muy honorables. Iba contra unos funcionarios que han derribado el debido proceso, que fabrican y escamotean pruebas, que compran testigos, sobre todo cuando el justiciable es un militar. Algunos de esos fiscales han salido por eso de la Fiscalía. Otros fueron a dar a la cárcel. Otros están en líos con la ley. Pero hay otros que siguen allí, incrustados y haciéndole el más grande daño al país.

Más allá de su aspecto primario, la frase criticable del General Barrero reflejaba algo muy cierto: que los militares de Colombia están llegando a un nivel inaudito de saturación y de cólera ante la pérdida del fuero militar, ante el maltrato que sufren a manos del Estado que ellos protegen y, sobre todo, ante la acción subversiva de ciertos fiscales, los principales promotores de lo que ellos ven, con razón, como una guerra judicial piloteada por el terrorismo, sin que el poder central haga nada contra eso. Y demuestra que los altos mandos desconfían del llamado “proceso de paz” en La Habana. Antier, el General Barrero los interpretó a todos cuando dijo que él esperaba  que el Ejército de Colombia no sea nunca “negociado ni en la mesa de La Habana ni en ninguna parte”.

El silencio del presidente Santos ante estas angustias de los militares y policías de Colombia es algo que lo hace indigno de ser reelegido. Esto ocurre cuando el control cubano de Venezuela tambalea. ¿Por qué Santos, en lugar de reforzar la fuerza pública, la única muralla de contención contra las Farc y el narco terrorismo, la hunde en semejante incertidumbre?

Que tal guisote haya sido preparado por Semana, la revista que defiende con ardor la línea del actual gobierno — hasta el punto de que muchos la ven como el órgano de expresión del presidente Santos–,  permite concluir que el ataque contra la estabilidad del alto mando militar vino del oficialismo más rancio. ¿Cómo pueden las Fuerzas Militares, en esas condiciones de inseguridad moral, psicológica e institucional, combatir  con éxito las bandas armadas del castro-chavismo y echar abajo sus operaciones de toma del poder? ¿Con semejante precedente cómo se sentirá la nueva cúpula militar designada por Santos?

Esta crisis confirma algo que ya sabíamos: que en La Habana Santos no está negociando nada. Lo que sale de Cuba es otra cosa: que las partes ya están realizando lo que presentan como reformas futuras “del postconflicto”. Santos está dirigiendo, desde ya, un reordenamiento capitulador del Estado. No es algo que él y las Farc harán más tarde. Lo están haciendo ya. Sin que nadie haya conocido esos pactos ni aprobado nada. Examine el lector los textos que han lanzado los “plenipotenciarios”. Leyéndolos desde ese ángulo aparece la coherencia de lo que está ocurriendo. Las “partes” se han comprometido a hacer ya mismo estas cosas, sin decirle nada al pueblo, burlándose de su credulidad y de sus inmensos anhelos de paz.

Ese temor penetra ya hasta los círculos santistas. John Marulanda, un perspicaz analista, saludaba ayer la brutal decisión de Santos. El cree ver en eso un acto de “limpieza necesaria que fortifica aún más a la institución”. Sin embargo, con cierto realismo tuvo que ir al fondo del asunto y concluyó: “Ojalá este sometimiento no sea excusa para un futuro desmantelamiento de nuestro Ejército Nacional. Algo que no se sabe si se está negociando en La Habana, Cuba”. El temor es evidente en esa frase, solo que esa concesión a las Farc ya comenzó.  Y la están implementando a golpes pero sin que nadie vea la maniobra. Para eso sirve la propaganda. Para eso sirve Semana.

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Curioso Consejo de Estado – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

El 21 de enero de 2014, la prensa informó que el Consejo de Estado había condenado, cuatro meses atrás, a la Nación por un ataque guerrillero contra una estación de Policía y más de 40 viviendas de un pueblito de Arauca y que, en consecuencia, estaba pidiendo ahora que las estaciones de Policía sean retiradas de los centros urbanos con el argumento de que esas estaciones “ponen en riesgo a la población aledaña” durante los ataques de la guerrilla. La sorpresa fue enorme y agudos observadores cuestionaron tanto el fallo como la exigencia.

Desde ese día quedó visto que para  el Consejo de Estado quien debe pagar no son los terroristas sino la Policía pues ella es la que provoca tales ataques al edificar sus cuarteles en áreas urbanas.

Debemos estar en un gran error los que creemos que esas estaciones fueron ubicadas  razonablemente, es decir donde la población más las necesita, y que sacarlas de allí desprotegerá a los civiles y a las autoridades políticas y administrativas ante los recurrentes  ataques de la guerrilla.

Sin embargo, el CE en su gran sabiduría dice que eso no va. Desde el fondo de nuestra ingenuidad podemos preguntar al menos: ¿al invertir los términos del problema  –sacar a la policía de los pueblos es la mejor manera de proteger a los civiles–, el CE no está retomando, de hecho, y sin sonrojarse, la doctrina de las Farc? Esa banda quiere que los poblados y ciudades queden a la merced de sus granadas, obuses, fusiles y huestes depredadoras.

Al pedir que la Policía se retire de las ciudades y pueblos, y erija sus estaciones en zonas aisladas, donde serán obviamente más fácilmente el blanco de las bandas, y la protección de la población será más obstaculizada, el CE no sólo debilita los mecanismos de seguridad que el país ha construido y pagado con sangre durante décadas de lucha heroica contra el crimen organizado, sino que viola la ley natural, la lógica y hasta la Constitución.

Al obrar de esa manera el Consejo de Estado está, además, en camino de convertirse en el hazmerreir de los colombianos y de los otros Consejos de Estado del mundo.

Los magistrados del CE alegan que las cosas son así pues la ley y hasta la jurisprudencia los respaldan. Seguramente dicen la verdad. Los magistrados  parecen tener a su disposición una batería de normas heteróclitas que les permiten tomar esas decisiones que los ciudadanos consideramos absurdas.  Los malabarismos que logran hacer con esas normas son, evidentemente, “de derecho”, aunque sean actos injurídicos  que ponen en peligro la vida de millones de colombianos.

Utilizando ese arsenal, los magistrados Danilo Rojas Betancourt,   Stella Conto Díaz del Castillo y Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, pudieron, el  27 de septiembre de 2013, condenar a la Nación a pagar millones de pesos por tres ataques que la guerrilla había cometido en 1999  contra la Policía y la población civil de Puerto Rondón (Arauca).  Colombia es, pues, el único país del mundo donde los terroristas matan y destruyen y, en una segunda fase, logran que el erario público, es decir los contribuyentes y las víctimas de esos ataques, se vean obligados, en virtud de una ingeniosa legislación, a pagar una segunda vez tales horrores.

Esa realidad nos obliga a admitir que estamos ante un trabajo de zapa de amplio espectro que ciertos actores políticos-judiciales han hecho en los últimos veinte años, en el campo de las normas de derecho y de la composición de ciertas cortes, para poner de rodillas a la fuerza pública.

La curiosa legislación que existe hoy es, sin duda, el resultado, también, de la incuria, dejadez y bastardía intelectual de cierta clase política que jamás se preocupó por la relación que podía existir entre la aprobación de leyes y decretos incoherentes y la seguridad nacional.

El resultado práctico es este: las Farc ahora tienen un excelente argumento para atacar a los civiles. Al hacerlo saben que tres o cuatro años más tarde el Consejo de Estado les dará razón e impondrá sanciones no al agresor sino al agredido Estado colombiano y tomará medidas que debilitan objetivamente las posiciones militares del mismo.

Gracias a la legislación monstruosa, pulverizar civiles, arrasar pueblitos, aniquilar iglesias, minar escuelas, acueductos y torres eléctricas,  lleva inflexiblemente a dos éxitos adicionales del terror: 1. La desprotección de la sociedad y del Estado en las áreas de agresión narco-terrorista; y 2. La difusión de la idea perversa de que la Policía al salir de las urbes  le “brinda protección” a la población y al hacer lo contrario pone en peligro a los civiles. Pues, como se sabe, las Farc y el Eln nunca han maltratado la población civil: solo atacan a la fuerza pública y si hay bajas civiles es por culpa de los civiles y del Estado, no de los amables “insurgentes”.

Esa legislación le permite al CE inmiscuirse en temas que pertenecen al poder ejecutivo, como retirarle combatientes a las Fuerzas Militares y a la Policía, o fijarles  tareas a esas fuerzas, o  distraerlas en actividades desligadas del orden público, a pesar de que el país enfrenta a diario todo tipo de violentos ataques en el marco de la guerra asimétrica más perfeccionada del mundo.

Otros ejemplos ilustran esa situación asombrosa: el 17 de diciembre de 2013, por ejemplo, el CE ordenó  al Ministerio de Defensa hacer cumplir el “servicio militar ambiental”. En otros términos: que el 20 % de los llamados a cumplir el servicio militar obligatorio  –nada más ni nada menos–  trabajen en la preservación del medio ambiente,  de la flora y fauna del país. La encomiable orden, pedida por un sagaz ecologista, sería el resultado de una interpretación abusiva de los artículos 102 y 103 de la ley 99 de 1993. Estos dicen que los llamados al servicio militar obligatorio, “prestarán servicio ambiental, preferentemente entre quienes acrediten capacitación en las áreas de que trata esta ley”.

La curiosa providencia  que ve así las cosas fue firmada por la magistrada Susana Buitrago Valencia, en respuesta a una apelación del ministerio de Defensa.

Días antes, el 5 de diciembre, la prensa había descubierto otra lindeza: que había normas vigentes que le abren avenidas a cierto tipo de contrabandistas. Esta vez  la víctima fue la Fiscalía. El Consejo de Estado la condenó, en efecto, a pagar una indemnización por haber detenido a tres españoles que habían ingresado clandestinamente al país más de 200 mil dólares, en el año 2001. La magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, quien participó también en el fallo del 27 de septiembre de 2013,  falló en el sentido de que los citados contrabandistas no habían cometido delito alguno pues su acto sólo constituía una “infracción”. En consecuencia, la detención de nueve meses había sido “injusta”.

La víspera, el Consejo de Estado había vuelto a condenar al Ministerio de Defensa y al Ejército a pagar más de 2 mil millones de pesos por la desaparición, 17 años atrás, de siete hombres en una carretera de Antioquia. En vano los abogados del Ejército explicaron que en el episodio del 14 de agosto de 1996 no hubo intervención de la fuerza pública: el responsable había sido una banda paramilitar.

Haciendo caso omiso de la gravísima situación de orden público que existía en 1996,  el magistrado Enrique Gil Botero  sacó las conclusiones citadas y atribuyó los crímenes de esas bandas a un supuesto  “comportamiento permisivo” de la administración pública. Peor, invocó una supuesta –y no probada—“connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales”. Tal es el armazón de la teoría tan en boga de que el Ejército era culpable “por omisión” al no haber impedido la realización de ese crimen.

Este fallo hace recordar otro no menos indecente de 2009. El 30 de abril de ese año, el país supo que el CE, respondiendo a una tutela, había prohibido la presencia  de soldados regulares en las zonas de combate, a donde solo podrían ir, según los magistrados, militares profesionales. Un diario de Bogotá hizo las cuentas y descubrió que ese fallo, de ser acatado, le quitaría el 76% de sus combatientes a las Fuerzas Militares y el 40% de sus marinos a la Armada nacional.

Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de ese momento, y el general Freddy Padilla de León,  comandante de las Fuerzas Militares, expresaron su inconformidad.  Empero, no se sabe si esa decisión del CE fue anulada o si se está cumpliendo hoy pues el ministerio de Defensa y los medios no volvieron a tocar el tema. En todo caso, tal decisión del CE fue firmada en un contexto muy agitado: en medio de una ofensiva de activistas en Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza,  que había logrado que Londres retirara su ayuda militar a Colombia,  invocando unas presuntas violaciones de los derechos humanos.

El escritor húngaro Sandor Marai, quien vio caer su país bajo el dominio soviético en 1946, describió ese proceso de “disección en vivo” de una nación, en el que una a una, en perfecto silencio,  las instituciones y las libertades fueron cayendo. Lo que él describe en su libro ¡Tierra, Tierra! (Ediciones Salamandra, Barcelona) invita a pensar lo que está ocurriendo en Colombia. “Los comunistas trabajaban con cautela, con un cronómetro en la mano. Desmembraban el cuerpo de la nación, como hace un profesor de anatomía con las distintas partes de un organismo en una práctica de laboratorio. Por el momento respetaban los órganos vitales, aún no habían sajado los nervios fundamentales, pero ya iban disecando las vísceras con ayuda de tijeras y pinzas”.

Que el lector saque sus conclusiones y obre en consecuencia.

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La falsa “irracionalidad” de las Farc – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

El miserable ataque de las Farc contra la población de Pradera (Valle) no tiene nada de “irracional”. Sorprende ver al jefe de Estado colombiano equivocarse al calificar así la nueva infamia de la banda narco-terrorista.

El país se siente perdido y desprotegido cuando ve que el presidente de la República estima que ese atentado es “contradictorio”, antes de pasar, de la manera más displicente, a otro tema, a algo menos aterrador, como si la persona muerta y los 61 heridos de esa localidad martirizada no merecieran la compasión y, sobre todo, la acción y la determinación del jefe de Estado para lograr a corto y mediano plazo la seguridad y tranquilidad de esa región y de toda Colombia.

Santos se fue en palabras zalameras y eludió ese tema. Para él parece  inconveniente ordenar la persecución general de las estructuras subversivas que matan colombianos donde quieren, cuando quieren y al ritmo que quieren. Santos, en lugar de hacer eso, sigue con su estrategia de golpes con cuenta gotas, que no debilita a las Farc, dilata las conversaciones y contribuye a ambientar la reelección.

La sangre de las víctimas no se había enfriado cuando Santos escogió los apelativos más suaves para aludir al cobarde atentado y pasar, sin más, a hacer una especie de elogio subliminal de los victimarios al decir que este año él firmará la paz con ellos. Al día siguiente, aparecía en un diario español esta declaración: qué él se “imagina  a los representantes de las Farc sentados en el Congreso.”

Atacar pueblos, matar y mutilar uniformados y civiles, así como periodistas, sacerdotes, sindicalistas, indígenas, estudiantes, es un acto totalmente racional de las Farc. Son actos calculados y premeditados. Los golpes de las Farc tienen un calendario y una dosificación. Con ellos, las Farc reanudan sus “negociaciones” en La Habana y le dicen al país que la iniciativa de la guerra depende de ellas, que el gobierno no las ha paralizado. Lo de Pradera dice que la estrategia de tensión sigue por cuenta de ellas y que Colombia debe ceder ante sus pretensiones.

No hay nada de “irracional” en esos atentados. No son actos “demenciales” ni “estúpidos”, como cree el general Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares.

El atentado de Pradera, y los anteriores, no es “contradictorio” pues las Farc no son cascos azules. No son dialogantes pacíficos, no son interlocutores leales, no son agentes de la paz.

Matar colombianos hace parte de la racionalidad y de la cronología política de esa gente, de sus resortes psicológicos e ideológicos más profundos. Matar colombianos, sembrar minas, secuestrar, aterrorizar ancianos, mujeres y niños, mentir, dialogar en falso, no sólo es necesario sino que es legítimo y hasta indispensable. Para ellos las matanzas son simples episodios que ayudan al derrumbe espiritual del país y que preparan la toma del poder.

Ésta y la construcción del colectivismo son, para ellos, objetivos supremos, de gran humanismo. Creen que ellos encarnan el progreso. En su visión torcida y mesiánica, las víctimas, incluso las millones de víctimas  que cuesta ese “proyecto”, son muy poco o nada.

Por eso nunca hicieron la paz, y no la podrán hacer. Por eso entre las filas de las Farc jamás surgió un Mandela, que de terrorista cargado de odio saltó a lo contrario, gracias a la audacia de un De Klerk y de otros visionarios, a una perspectiva de reconciliación y colaboración entre razas y clases sociales que salvó a su país. ¿Quién imagina a Timochenko pensando así?

Los asesores del presidente Santos ven lo de Pradera como una “muestra de debilidad militar” de las Farc. Ellos piensan la guerra en términos caducos. Un atentado durante la segunda guerra mundial era, en efecto, poco útil. El paradigma de hoy es diferente. Colombia sufre la perfecta guerra subversiva, asimétrica, en que la propaganda, la infiltración del Estado y los actos puntuales de terror contra los civiles son la mejor manera de robarle a un país su alma y sus libertades. Incluso y a pesar de que haya triunfo militar del Estado.

Los asesores no ven eso. Creen que todo va bien. Estiman que “presionar militarmente a las Farc en medio de la negociación” llevará al triunfo del Gobierno. Olvidan que eso ya se hizo en el Caguan, con resultados desastrosos. Así duermen al país mientras la traición avanza.

No, la matanza de Pradera no fue un acto “irracional”. Al utilizar esa palabra, Santos dejó ver que había entrado en el embudo mental de Rodrigo Granda. Este dijo lo mismo: que era un acto que lo había “sorprendido”. Sin embargo, aprovechó la tribuna para justificar el atentado y para desinformar: “las Farc no van a atacar impunemente a la población civil”, dijo,  y aseguró que el atentado “iba sobre [sic] un cuartel de la Policía o detrás de alguna patrulla militar”.

Sí,  lo que sale de este episodio es doblemente triste. Horas después de la tragedia de Pradera el poder central habló de paz a cualquier precio, de Congreso invadido por esos monstruos. El mensaje es claro: cada nueva masacre nos acerca más de la paz. Con esa torva dialéctica los sacrificios aumentarán pero serán más y más silenciados. ¿Eso es lo que tenemos que aceptar los colombianos?

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