Las Farc han sido varias veces derrotadas – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Quien dice que es imposible o “utópico” derrotar a las Farc se comporta como alguien que miente sin vergüenza a los colombianos, o como un simple de espíritu que ignora lo que está ocurriendo y ha ocurrido en su propio país.

Las guerrillas comunistas que ha tenido que padecer Colombia desde hace más de 50 años fueron derrotadas varias veces por las fuerzas del orden. Los dispositivos más tenebrosos montados por la subversión para esclavizar a Colombia fueron destrozados en ciertas fechas por las Fuerzas Militares, tras ingentes sacrificios. Algunos de esos aparatos sangrientos, como el M-19, el EPL, el grupo Quintín Lame, nunca pudieron reponerse de esas derrotas, tanto militares como políticas, y han sido incapaces, hasta hoy, de seguir matando colombianos.

Las Farc tratan de hacernos creer que son invencibles. Sin embargo, lo que ocurre hoy mismo, en el terreno militar, muestra que ellas tienen pies de barro y que están al borde del colapso. La fatiga y la desmoralización de sus combatientes es evidente, pero sus jefes, apoltronados en Venezuela y Cuba, quieren usarlos hasta el último hombre y la última mujer y el ultimo niño pues alguien les dice que aunque pierdan la guerra física, la ganarán en la esfera política mediante una mesa de negociación tramposa que les abrirá, en La Habana, las puertas del poder.

Esa es la situación de hoy. En cuanto al pasado los hechos están ahí para ser examinados. El artículo que sigue (1), del investigador social Carlos Alberto Romero Sánchez, describe la primera gran derrota que tuvieron las Farc, en Marquetalia. Romero muestra lo que siempre la propaganda ha querido ocultar. El enorme dispositivo bélico que el PCC había montado con sangrientas bandas errantes que éste  (y sus sociólogos adoctrinados) siempre mostraron como “bandoleros” sin norte político, fue desmantelado definitivamente. Lo que emergió después, bajo la sigla Farc, fueron los restos de esa derrota.

Aunque varias veces vencidas, las Farc y el Eln levantaron cabeza una y otra vez durante la Guerra Fría. Pues no eran un proyecto colombiano, sino algo externo y ajeno a Colombia. Gracias a la labor de zapa, infiltración y presión constante de las dictaduras de Cuba y la URSS, esas fracciones subversivas pudieron reconstruir sus redes de apoyo logístico, político y diplomático. Al caracterizar mal esa amenaza, varios gobiernos cometieron enormes errores.  Hasta hubo jefes políticos –los unos por miopía, los otros por ínfulas  progresistas–, que colaboraron con ese proyecto. La democracia es, por un tiempo, débil e imperfecta ante sus enemigos más tenaces. La colombiana no es una excepción.  Pues el terror es como el alcohol: a veces comienza con una fiesta “pero termina siempre en delirios”, según el conocido aforismo. Ello explica ese balance contradictorio, esos éxitos y esos reveces transitorios ante las bandas totalitarias.

Esas formaciones no son imbatibles. Sus jefes más protegidos perdieron la vida en combates muchas veces desesperados. Otros fueron a dar a la cárcel o a los refugios que encontraron en la URSS, en Cuba, en Venezuela y Ecuador. Durante los dos periodos del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), el país vio que las Farc, sin diálogo político y sometidas a la acción decidida del Estado, son vulnerables.

Al momento de escribir esta nota, un ex amigo de las Farc, un ex jefe de la banda terrorista IRA, Martin McGuinness, convertido desde 2007 en  vice primer ministro de Irlanda del Norte, va a Bogotá con un claro mensaje para Timochenko: decrete un cese al fuego unilateral. Unilateral, le dice, no bilateral, pues no le ve otra salida a las Farc.  Es el mensaje para un movimiento terrorista agotado. McGuinness ve que las Farc sobreviven solo por el oxígeno que recibieron de unas obscuras “negociaciones de paz” que se convirtieron en un premio por sus asesinatos, pero que levanta, en revancha, una ola de cólera inmensa en la población colombiana.

Lo que McGuinness no dice es que él firmó la paz e ingresó a título simbólico al gobierno de Irlanda del Norte y no para desmantelar la democracia en Gran Bretaña. Las Farc, en cambio, estiman que son más astutas que McGuinness, y que podrán firmar con el presidente Santos un remedo “de paz” para aterrizar en el poder y desmantelar la democracia, como les exigen sus patronos de Caracas y La Habana.

(1) El Plan Lazo o de una derrota militar del PCC-FARC

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Santos y el malestar militar en Colombia – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

El 17 de marzo pasado, dos días después de que el presidente-candidato Juan Manuel Santos, 62 años, declarara que pretender derrotar a las Farc es una “utopía”, el general Jorge Segura, comandante de la Tercera División del Ejército de Colombia, que realiza en estos momentos una ofensiva contra esa guerrilla comunista en el sur del país, objetó: “Las Fuerzas Militares le están ganando la guerra a las Farc”. El no dijo que esa era su réplica a lo dicho por Santos. Empero, el tono y la cercanía de los dos enunciados sí permite pensarlo.

Aunque la prensa de Bogotá guarda silencio absoluto sobre las tensiones que existen entre JM Santos y las Fuerzas Armadas, ese fenómeno ya es inocultable. La bronca surge desde que Santos decidió abrir unas negociaciones “de paz” muy opacas con las Farc en La Habana, en octubre de 2012, bajo el patrocinio de las dictaduras de Cuba y Venezuela.  Nadie le había pedido a Santos que abriera diálogos con el narcoterrorismo, pues su mandato era para que continuara, por el contrario, la obra de aniquilamiento de éste y de restauración de la seguridad, iniciada con gran éxito por su antecesor, el presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Empero, Santos tomó otro camino. Prometió que esos diálogos le traerían la “paz definitiva” al país al cabo de seis meses. En realidad,  esos contactos ya llevan más de un año y medio sin que se vea el final del túnel. La temática, precisa y limitada al comienzo, se transformó en un abanico de cuestiones que no se sabe hasta dónde irán. Pues todo es secreto.  Por lo que logra saber la prensa, Santos está negociando cambios estratégicos, es decir el sistema económico, político, social y militar del país.

Las Farc  dicen que no entregarán las armas, que no repararán a sus víctimas, ni pagarán un día de cárcel por sus crímenes. En cambio, entre otras cosas, piden millones de hectáreas de tierra con sus poblaciones (es lo que llaman “zonas de reserva campesina”) para continuar sus negocios, y disponer en las ciudades de una infraestructura política y mediática descomunal (curules en el Congreso, un periódico, una radio y una televisión) para difundir su ideología y su retórica totalitaria. Así, la negociación “de paz” no sería para que la subversión adhiera al sistema democrático sino para que Colombia acepte las ambiciones de las Farc. Tal manipulación del sentimiento de paz hace que los altos mandos, y gran parte de la ciudadanía, vean con horror la perspectiva que se está perfilando en Cuba.

Ese malestar se agravó a comienzos de febrero. Un semanario pro santista acusó a la inteligencia militar de estar “espiando” a los negociadores de Santos  en el “proceso de paz” de La Habana. La revista decía haber “hallado” en Bogotá la oficina clandestina desde donde los militares hacían esas intercepciones “ilegales”.  Antes de que la investigación judicial terminara, Santos ordenó la destitución y el traslado de varios generales, entre ellos del general Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares. Después se supo que la acusación de la revista era inexacta y que no había nada de “ilegal” en esas  actuaciones. No obstante, Santos desorganizó  el grupo militar que monitoreaba a las Farc en Cuba, y cambió el alto mando militar y policial del país. Tal medida fue percibida como una concesión a los enemigos del Ejército, y así lo hizo saber Acore, la principal asociación de militares retirados.  El General Barrero había hecho saber a Santos que no se podía negociar la “reducción” del Ejército de Colombia en La Habana, como quieren las Farc.

Incluso un miembro de la negociación en Cuba, el general (r.) Jorge Enrique Mora Rangel, se molestó con la campaña estigmatizadora contra las Fuerzas Militares y con la llegada de conocidos narcotraficantes a la “mesa de diálogo”. El general Mora llegó a sugerir que se retiraría del diálogo pero Juan Manuel Santos evitó su salida. Poco después se supo que el general Mora le había confesado al general Barrero que los dos principales negociadores de Santos, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, “se reunían con las Farc a tratar ciertos asuntos, reuniones a las que Mora no era invitado o, mejor, de las que era excluido”.

En esos mismos días, el vocero de uno de los partidos que colabora con el gobierno de Santos, propuso algo que alertó de nuevo a los militares: que una vez se firme la paz los guerrilleros de las Farc conformen una “guardia nacional” para descargar al Ejército de la tarea de vigilar las fronteras y las carreteras del país. De hecho, en esas regiones fronterizas, las Farc están proponiendo a las poblaciones de los dos países erigir “comités antiimperialistas” de lucha contra los acuerdos militares firmados entre Colombia y Estados Unidos.

La fuerza pública colombiana  vive una cruel paradoja. Desde hace más de cinco décadas ella ha tenido que hacerle frente y derrotar a varias guerrillas marxistas, organizadas por la URSS, la China maoísta y Cuba. Hoy le queda por vencer a dos de ellas: las Farc y el Eln, las bandas criminales  más sangrientas y depredadoras que haya conocido el continente americano. No obstante, el respaldo moral y jurídico que le debería dar el Estado colombiano a sus fuerzas armadas es deficiente. Los miembros de la fuerza pública no pueden votar en elecciones y el presupuesto de Defensa, durante 40 años,  fue paupérrimo. Sólo desde 2002 éste comenzó a ser reajustado para alcanzar un nivel aceptable. Y lo peor de todo: el Estado colombiano sigue negando hoy a las Fuerzas Militares el principal derecho que los regímenes democráticos le otorgan a sus fuerzas de defensa: el fuero o justicia militar.

Esa grave falla jurídica le facilita la tarea al narco-terrorismo. Este organiza montajes y procesos penales de hostigamiento, basados casi siempre en falsos testigos, cinco y diez años después de los hechos, contra miles de militares que son llevados así a cárcel y a la miseria. Todo ello debilita la moral de las tropas y paraliza las mejores unidades de combate, sin que esto preocupe especialmente a los poderes públicos.

Los tres procesos más absurdos, tramitados por jueces  civiles fanatizados  que violaron todas las reglas de derecho, afectan al general  Jesús Armando Arias Cabrales y al Coronel Alfonso Plazas Vega, condenados a 35 y 30 años de cárcel respectivamente. Ellos son los dos grandes héroes de las fuerzas que derrotaron el ataque del M-19 contra el Palacio de Justicia de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985,  en el que los asaltantes secuestraron a 350 magistrados, funcionarios y empleados, matando a 42 de ellos y a 11 militares y policías. Ningún jefe de esa banda terrorista fue a dar a la cárcel, pero sí los jefes militares que rescataron ese día a 260 rehenes. El tercero, el general José Jaime Uscátegui, fue acusado de no haber impedido la masacre de Mapiripan, cometida por una banda criminal en 1997, aunque desconocía los planes de ésta ni tenía mando sobre las tropas de ese lugar. Todo eso está probado y aún así, el general fue condenado a 40 años de prisión, en 2009, aunque había sido absuelto en 2007.

Precisamente, al momento de escribir esta nota, Acore y otras asociaciones de la Reserva Activa lanzaban una campaña, ante la sede de la OEA en Bogotá, para protestar por la “falta de garantías judiciales contra el General Uscátegui y demás miembros de la fuerza pública injustamente procesados”.

El 16 de marzo de 2014, una radio de Bogotá informó que el Ejército, a través de un comunicado, había rechazado las acusaciones de la prensa y pedido “que se respete el debido proceso”, de los oficiales que son investigados judicialmente.

En ese turbio contexto psicológico-judicial, otro hecho de sangre aumentó el sentimiento de fastidio de los militares contra el gobierno de Juan Manuel Santos.

El 16 de marzo, las Farc capturaron, torturaron y degollaron en Tumaco a dos policías desarmados. El Mayor  Germán Mendez y el patrullero Edilmer Muñoz fueron atados a un árbol y ultimados con garrotes y cuchillos. El Presidente se contentó con criticar lo ocurrido y no suspendió los diálogos de La Habana como muchos le exigieron. El ministro de Defensa y un agente de la ONU pidieron a las Farc entregar los asesinos de los policías. Estas justificaron su nuevo acto de barbarie y culparon al Estado.

Ante la actitud de Santos, Oscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático, el principal partido de oposición, anunció que enviará una comunicación a la Fiscal General de la Corte Penal Internacional de La Haya sobre el “macabro asesinato” de los dos policías y reiteró la exigencia de suspender las negociaciones. Si el presidente quiere unos diálogos “debe exigir el cese de toda acción criminal”, recalcó.

Hay pruebas de que las Farc, al mismo tiempo que dialogan con Santos en Cuba, dirigen desde allá la guerra contra Colombia. Este 6 de marzo, el periodista Ricardo Puentes difundió una conversación telefónica en la que Iván Márquez, el jefe negociador de las Farc, ordena explotar la bomba que mató a un civil en Pradera, Valle, el 16 de enero de 2014, y dejó gravemente heridas más de 60 personas. Otro “negociador” de las Farc en La Habana, Rodrigo Granda, había mentido al negar que las Farc hubieran cometido ese crimen. El gobierno de Santos guardó silencio sobre la revelación de Puentes.

“¿Qué pensarán los miles de soldados, suboficiales y oficiales que todos los días arriesgan sus vidas para protegernos de las Farc?”, se preguntó otro periodista, Ricardo Galán, al saber que el presidente Santos estimaba que “pretender acabar totalmente con el último guerrillero es una utopía y nos tomaría otros 50 años”. Galán concluyó: “A juzgar por sus propias palabras, el presidente Juan Manuel Santos no confía en las Fuerzas Militares que comanda”.

No confía aunque éstas ya han desbaratado varias guerrillas y anti guerrillas en el pasado y lo estaban haciendo con las Farc cuyos jefes fueron obligados a esconderse en los países vecinos. Ese mal trato  se debe quizás a que las Fuerzas militares de Colombia son legalistas y profesionales (ellas sólo dieron un golpe militar en el siglo XX que duró cuatro años) y respetan el poder civil a pesar de la incuria y abusos de éste. Nadie dice que hay de nuevo un ruido de sables en Colombia. Sin embargo, Santos podría estar jugando con fuego al prolongar un juego ambiguo de golpes y elogios a los militares sin responder seriamente a sus demandas de protección judicial y de transparencia en sus negociaciones con las Farc y en sus relaciones con la tiranía de Caracas.

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Santos – Maduro, el mismo pantano – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

El presidente Juan Manuel Santos habría podido ofrecerles a los colombianos, al final de su mandato, al menos, unas elecciones legislativas limpias. Para mostrar su respeto por los ciudadanos y por los partidos políticos. Pero no lo hizo. Hizo lo contrario: les ofreció una bazofia, para proteger sus ambiciones personales. Y remató eso empleando el tonito displicente y zángano que siempre utiliza: todo salió muy bien, miren a otro lado, sigan su camino, no se atenderá ningún reclamo. Una vez más, Santos demostró que es muy fácil, para él, pasar de la irresponsabilidad a la impunidad.

Pero no. Nadie mirará a otro lado. Santos, el registrador Carlos Ariel Sánchez y el Consejo Nacional Electoral tendrán que responder ante la justicia por los desmanes cometidos este 9 de marzo, durante las elecciones y durante las horas y días de “preconteo” y conteo de votos. El Centro Democrático ha descrito con exactitud lo que pasó durante esa jornada y ha anunciado que presentará un informe completo de los delitos y anomalías electorales de ese día. El CD tiene todo el tiempo del mundo para cobrar esas cuentas. El CD, además, no es el único en lanzar ese grito de alarma. Tres candidatos presidenciales y ocho partidos políticos, entre los que se encuentra el Centro Democrático, denunciaron ante la OEA las irregularidades cometidas en esa votación.

Ese sablazo electoral no fue un accidente. Hace parte de un proceso de destrucción institucional en la que se empeña Juan Manuel Santos desde que llegó a la presidencia de la República en agosto de 2010. ¿Cómo explicar la cascada de fracasos del gobierno en materia de justicia, de transparencia electoral, de paz y seguridad urbana y rural, de relaciones exteriores (hoy bajo la censura de Maduro), de educación nacional, de la industria, de la agricultura? Lo ocurrido el 9 de marzo fue la culminación de una vasta operación contra las instituciones y contra la democracia en Colombia.

Los esfuerzos de “cubanización” no existen sólo contra Venezuela. A Colombia también la  han metido, contra su voluntad, en esa sangrienta aventura. Así como los venezolanos no quieren ser los esclavos de la clique castro-chavista y están luchando heroicamente en las calles contra la violenta colonización que trata de consolidar la dictadura cubana allá, Colombia también está en esa batalla por la libertad, aunque muchos no lo sepan todavía. Pero sí lo saben miles de militares y policías rasos y miles de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y decenas de miles de cuadros, dirigentes, militantes y simpatizantes del CD y de otros partidos y de ciudadanos sin partido. Lo saben miles de dirigentes y miembros de los gremios, sobre todo del agro, como lo acaba de decir el líder de la SAC y como lo dice Fedegán. Y, sobre todo, lo saben los millones de colombianos que votaron el 9 de marzo pasado por el CD, aunque el voto de la mitad de ellos haya sido escamoteado por la burocracia electoral corrompida.

Aunque los procesos de Venezuela y Colombia son desiguales, pues la destrucción de las libertades, de las instituciones democráticas y de la economía de mercado están en fases diferentes –el mayor caos está en Venezuela–, hay un elemento común: los dos países están siendo llevados hacia el mismo abismo: ser colonias de extracción de recursos humanos y económicos para que la Cuba castrista siga sobreviviendo a costa de otros, como ha hecho desde 1960. El saqueo actual de Venezuela debe ser seguido por el saqueo de Colombia.  Para eso Cuba emplea sus espías, la Guardia Nacional y los paramilitares venezolanos. Contra Colombia Cuba utiliza las Farc, el Eln y los falsos “diálogos de paz”.

Aunque la subversión armada en Colombia existe desde el comienzo de la Guerra Fría, esta ofensiva específica fue reforzada hace más de quince años. Tres presidentes han tenido que hacerle frente: Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Los dos primeros lucharon contra eso con suertes diferentes. En sus ocho años de gobierno, Uribe logró reducir las dos guerrillas comunistas, las Farc y el Eln, que utilizan el narcotráfico, la violencia y el terrorismo para alcanzar esa meta.  Sus jefes cayeron en combates. Otros fueron capturados u obligados a refugiarse en países vecinos. Miles huyeron de esas filas. Santos, lamentablemente, traicionó al país y frenó esa dinámica. Amigo personal de Fidel Castro, aceptó empujar en el sentido contrario. La negociación “de paz” revigorizó a las Farc y las sacó de las cavernas. Ahora, desde La Habana, esas dos “partes” están impulsando un proceso secreto: la “paz total”, como dice Santos, que pretende instalar en el centro de la vida política, económica y social, quiéranlo o no los colombianos, esa maquinaria de muerte sin que la justicia pueda cobrarle a los criminales un solo día de cárcel.

La tesis de Santos para justificar eso tiene dos ejes, ambos falaciosos: “pretender acabar totalmente con el último guerrillero es una utopía y nos tomaría otros 50 años”, y “la paz es más importante que la justicia”. Esas ideas no son democráticas. Un demócrata diría: sin justicia la paz es imposible. Santos explica que no puede vencer a las Farc. Curioso. Dice eso después de haberle dado oxigeno, durante cuatro años,  a unas Farc agonizantes, mediante la negociación secreta, los salvoconductos y la tribuna de La Habana.  Además, Santos se equivoca. Nadie quiere “acabar con el último guerrillero”. El último guerrillero, en el universo democrático, será juzgado, no “acabado”. Todos queremos, en cambio, ver el desmonte real de las Farc, la entrega de sus armas, la reparación de sus víctimas y el castigo para sus jefes criminales.

Al manipular así el lenguaje Santos no se distingue de Nicolás Maduro. La lucha de los venezolanos contra el dominio cubano y contra la miseria creada por el chavismo es, para Maduro, un “complot del imperialismo” mientras él protege a los paramilitares que asesinan a bala y desaparecen a los estudiantes. Santos firma un “marco jurídico para la paz” que le otorga impunidad total a las Farc y sigue negociando el destino del país mientras las Farc abaten soldados, policías y civiles. Al mismo tiempo, golpea la moral de la fuerza pública y señala a los patriotas como “ultraderechistas” que quieren “descarrilar” y “envenenar” el proceso “de paz”. La diferencia entre Santos y Maduro es de grado, no de esencia.

El silencio de Santos ante las atrocidades del régimen venezolano lo pone en el mismo pantano moral de Maduro. Con su postura “cuidadosa”, Santos se hace cómplice de esas violencias contra la juventud venezolana. Por eso su afonía ante las atrocidades diarias de las Farc contra Colombia.

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Univisión ataca de nuevo – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Vuelve y juega. El viernes pasado, Univisión anunció que había descubierto otro caso de “espionaje electrónico” en Colombia. Esta vez la víctima de las “intervenciones” o “hackeos” parece ser, nada menos, que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (1). Horas después, el diario El Colombiano, de Medellín y la revista Semana, de Bogotá, sin aportar ningún dato nuevo, relanzaron la noticia tal cual. Sin hacerse la menor pregunta sobre la legitimidad de esa información. Y una nueva bola de nievo comenzó a rodar.

Como en las recientes “revelaciones” que desembocaron en la destitución de la cúpula militar colombiana, el artículo de Univisión está firmado por Gerardo Reyes y Casto Ocando. La nueva incursión de esos dos periodistas, y la forma como lanzaron la supuesta noticia, plantea, una vez más, dos problemas fundamentales del periodismo: el de la ética y el de las fuentes de información.

Los citados periodistas dicen que unos correos electrónicos privados del presidente Santos fueron pinchados. Dan a entender que  esa información viene de una documentación que ellos habrían recibido antes y que utilizaron parcialmente para lanzar el escándalo que  terminó en la destitución –sin pruebas– de dos altos oficiales de la inteligencia militar y, después, de otros generales, entre ellos el General Leonardo Barrero, comandante general de las Fuerzas Militares. Agregan que las intercepciones a Santos hacen parte de “un asalto masivo [de] por lo menos dos años”.

El acto denunciado es, pues, un delito grave y continuado. Importa saber qué individuo o qué equipo hizo eso. Y cómo esa información fue a dar a manos de Univisión. La fuente criminal puede ser un espía extranjero, como puede ser un organismo subversivo local. Puede ser un equipo local bajo órdenes de un servicio extranjero. Puede ser un servicio de inteligencia oficial, etc. Todas las posibilidades están abiertas.

¿Es ético publicar una información que es el fruto de un acto ilegal? ¿Se puede recibir y explotar información que viene de un criminal sin revelar su naturaleza y su origen? ¿Se puede callar quien es el actor ilegal y cuáles son sus motivaciones?

Reyes y Ocando no dicen una sola palabra al respecto. Parece que ellos no se plantean siquiera esos problemas de ética periodística. Sin embargo, ese es el elemento central del asunto.

Reyes y Ocando no dicen si ellos obtuvieron de manera leal esa información. Ocultan la fuente y el sentido de esas pinchadas, creyendo que la esencial del periodismo es desligar el evento de su fuente. En realidad, es lo contrario. La regla de base del periodismo es que todo evento narrado debe ser atribuido a una fuente. Hay excepciones a esa regla, como veremos, pero la regla es esa.

Lanzar una noticia sin haber investigado y sin decir cuál es el origen de la misma, sin valorar la seriedad de la fuente, ni la autenticidad de lo que dice, ni la calidad de la “prueba”, y sin ofrecer un panorama completo de lo que dice haber “descubierto”, es sorprendente.

La regla general en periodismo (lo que hacen los diarios y las agencias de prensa serias) es que todo evento debe ser atribuido a una fuente. Eso permite al lector sopesar la credibilidad de esa información y eso protege al medio en caso de discusión o pleito.

Hay casos en que la fuente pide no ser mencionada. El periodista tratará de convencerla de hacerlo, salvo en caso de fuerza mayor. Si la fuente insiste en ser anónima el periodista debe decirlo, y decir por qué. El periodista debe  respetar el secreto profesional y no divulgar la fuente si ésta ha dado la información a título confidencial.

En caso de una información sin fuente el medio debe asumir la responsabilidad de esa información. Por eso la información sin fuente es la menos utilizada, pues es vista, con justa razón, como una información frágil o dudosa. No hay que olvidar que, como dice un excelente manual de estilo de la AFP,  “la información sin fuente es el primer paso hacia la desinformación”. La propaganda soviética era experta en ese tipo de trucos.

Si no se puede citar el nombre de la fuente, al menos se debe calificar la fuente, es decir indicar qué calidades tiene, de qué medio es, agregar un detalle que pueda indicar que la fuente existe realmente.

El método de algunos periodistas en los años 50 y 60 era salir del paso  diciendo que la suya era una “fuente segura”, o una “fuente digna de fe”, o “muy bien informada”. El manual de estilo de El País, de Madrid, lo prohíbe expresamente. Tales frases son excluidas hoy del trabajo periodístico. Pues muchos timos periodísticos se hicieron con ese método. Si la fuente exige (en casos muy excepcionales) que no se dé detalle alguno de ella, ni de su medio, ni de su posición,  el periodista debe citar esa exigencia y, sobre todo, debe obtener el respaldo de su jefe de redacción, o de sus colegas, quienes asumen la responsabilidad de la información difundida en esas condiciones.

La información sin fuente es aceptable únicamente cuando ésta relata o rinde cuenta de un hecho notorio o público: una manifestación, una sesión parlamentaria, un evento deportivo, etc.

Si la fuente de un hecho público es indirecta (otro medio, un testigo), hay que mencionar esa fuente.

Reyes y Ocando no respetaron ninguna de esas reglas básicas, que son  universales para el periodismo de hoy. Propusieron, en cambio, una información importante pero sin fuente y sin analizar la calidad de la fuente, sin medir qué intenciones hay detrás de la entrega de esa información por una fuente anónima. Aunque ignoran las reglas de la ética periodística ellos le exigen al lector, y al poder judicial, que crean sin más, que traguen entero. Ni siquiera acudieron a la fórmula obsoleta, como hemos visto, de “la fuente de alta fidelidad”. Hay que creerles porque  ellos lo dicen. Eso es ridículo. Esos estándares de Univisión son de los años veinte. Lanzar así una noticia y venderla como una “investigación”, es reducir la credibilidad que podía tener todavía Univisión.

¿Alguien ha visto al New York Times divulgar una “información” dada por una familia mafiosa de Chicago, callando toda referencia a ese origen, para hacer caer un juez en Washington?

¿Alguien ha visto a Le Monde divulgar una información que hace parte de la reserva de un sumario para precipitar la caída de alguien antes de que haya cosa juzgada?

¿Alguien ha visto a Reuters utilizar información que viene de un robo para favorecer  una u otra facción de la vida política británica?

¿Ha visto alguien a una televisión norteamericana divulgar informaciones relacionadas con  los intereses fundamentales de esa nación, o con la protección de sus fuerzas militares, sin ser objeto de una instrucción penal?

La Declaración de deberes de los periodistas franceses dice esto: es un deber: […]  “3. Publicar únicamente las informaciones cuyo origen es conocido o en el caso contrario acompañarlas de las reservas necesarias; no suprimir las informaciones esenciales y no alterar los textos y documentos.”

Una de las reglas del periodismo en Japón dice: (…) “3. Al tratar una información hay que ver si hay el riesgo de que ésta sea utilizada con fines de propaganda y por eso se debe adoptar una actitud de vigilancia especial al respecto.”

En vista de las anomalías que presenta la información propuesta por Reyes y Ocando surge esta pregunta ¿Por qué Univisión? ¿Por qué esas “revelaciones” no fueron suministradas por la fuente misteriosa a un medio más conocido, serio y exigente como CNN, o como una de las agencias internacionales de prensa como la AFP, Reuters, o AP?

Es obvio que la fuente secreta no busca sino a Univisión. ¿Por qué? La respuesta salta a la vista: porque ésta no es lo suficientemente exigente. La deontología periodística, como hemos visto, al menos en estos episodios de las supuestas “chuzadas” en Colombia, fue ignorada. Lo que difícilmente habrían hecho las agencias o los periódicos serios.

Ese estilo de trabajo de Univisión es inaceptable. Univisión es irresponsable al lanzar la cosa así. Pues ese tipo de “noticias” tuvieron y tienen efectos negativos sobre la seguridad nacional colombiana. Si esos periodistas tienen la prueba de esas grabaciones debe tener también claro quién es el interceptador, el hackeador. ¿Por qué callan todo al respecto? ¿A quién protegen?

Ellos emplearon esta vez la misma técnica de la “revelación” anterior: citaron unos correos interceptados, y dijeron que ellos, Reyes y Ocando, habían verificado “la autenticidad de los documentos”. Falso. Lo que hicieron fue verificar el contenido, no la autenticidad de esos textos. Le mostraron al presidente Santos uno o dos textos (que nadie ha visto) y éste dijo que los reconocía.

Pero esto es sólo la punta del iceberg. Lo importante es la credibilidad de la información. ¿Alguien agregó, mutiló o alteró esos textos? Eso depende de la fuente. Lo importante es saber quién, realmente, suministra esa información y por qué. Es saber quien está haciendo esas pinchadas, dónde y cómo y con ayuda de quien. Ahí es donde habría verdadera investigación periodística.

¿Qué hacer con una información robada? Los periodistas repudian la información robada, o tratan de confirmar esa información por medios legítimos antes de publicar. Un debate sobre eso existe, es cierto, pero no ha concluido. Estamos lejos de eso. Incluso la información robada por Julián Assange no fue publicada por tres conocidos diarios europeos sino después de que esa información fuera contrastada por los periodistas de esos diarios.

Reyes y Ocando fueron utilizados como correa de transmisión. El periodismo no es eso. El periodista no puede convertirse en vocero de su fuente, de su interlocutor, mucho menos si éste oculta su identidad. La información debe ser tratada, verificada, contrastada, controlada. Como hicieron los periodistas que destaparon el Watergate: las informaciones de “garganta profunda” eran verificadas y contrastadas antes de ser difundidas.

Al final de su artículo, Reyes y Ocando tratan de consolar al lector con un dato vago sobre el origen de esas pinchadas: dicen que, según un experto “de la policía colombiana”, hay tres posibilidades: 1. Una “fuga interna”; 2. Un “acceso externo” y 3. “a través de los destinatario” (sic). Es decir que todo es gris en ese paquete que ellos recibieron y aún así ellos pretenden hablar de información “autenticada”. Increíble.

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Un escándalo de doble fondo – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Mientras en Venezuela las mayorías están en la calle sufriendo la metralla del régimen de Maduro y luchando por el fin del sangriento y ruinoso experimento chavista, en Colombia estalla una serie de escándalos destinados a fragilizar la fuerza pública que defiende al país de la amenaza chavista.

Tras la salida en falso de la operación Andrómeda, que echó a tierra a dos altos y valiosos oficiales especializados en inteligencia militar, aunque la culpa de éstos no fue probada, tenemos ahora la sorpresiva destitución de la misma cúpula militar por motivos muy discutibles. Esos escándalos en ráfagas, además de sospechosos, son de doble fondo: un escándalo puede esconder otro. Hay un juego entre un escándalo explícito, provocado por una revista y por el jefe del Ejecutivo, y otro que algunos quieren hacer invisible.

Nadie puede creer que el presidente Santos destituyó al General Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares, exitoso combatiente contra las Farc en el sur del país, por haber deslizado, en privado,  en 2012, una frase ridícula contra unos fiscales. Santos, empero, escogió ese pretexto para deshacerse de un alto mando. El mismo admitió que había destituido al General Barrero por una frase. Al hacer tal cosa, el jefe de Estado incurrió en abuso de poder.  Tal movida desnudó aún más a Santos. ¿Por qué él aceptó correr ese riesgo precisamente ahora?  ¿Para cerrar aún más las puertas de su propia reelección?

No se sanciona a nadie por una frase dicha a una persona y en privado. Desde luego, la frase en cuestión fue torpe y hasta coja, pero no era más que eso, una frase. El elemento de la publicidad faltó. Fue un desliz verbal desafortunado. El General Barrero hablaba con un oficial detenido que se quejaba de irregularidades cometidas contra él por la Fiscalía. Barrero no le dió una orden, ni una instrucción. Su frase no fue un acto de servicio. No fue un acto de insubordinación. Fue un comentario suelto, que él repudia y por el cual pidió excusas. Fue una frase como las hay por miles cada día en todos los niveles del Estado y del gobierno. En los pasillos de los ministerios, en los mails y en las conversaciones telefónicas.

La diferencia es que alguien escuchó ilegalmente esa frase, la disecó, la estudió y la envió a otro para que cayera un día (parece que en 2012) a la Comisión de Acusaciones del Congreso. Y la volvió a sacar ahora para que la revista Semana  la transformara en un espectro amenazante, en un crimen de Estado, en medio de una campaña electoral.

Esa revista aceptó, como otras veces, hacer parte de esa obscura intriga –quizás no está en posibilidad de decirle no a ese actor secreto–  y redactó de manera capciosa ese folletón. Aprovechando la inconmensurable fragilidad institucional del país, logró desatar así uno de los golpes más injustos de los últimos años contra los servicios de defensa de Colombia.

Es obvio que ese actor misterioso debe tener en remojo decenas de otras frases indiscretas de sus propios amigos. Y no espera sino que éstos se duerman en el cumplimiento de sus manipulaciones para obligarlos.

“Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa huevonada” (sic). Como esa frase telegráfica, tan confusa como grosera, no había logrado tumbar al General Barrero en 2012, la revista redactó su libelo de otra manera: amalgamó  las conversaciones de Barrero con el amargado coronel Robinson González, detenido en un centro de reclusión militar, como si éstas hicieran parte de otro entramado: los delitos de contratación en el Ejército, a sabiendas de que a Barrero no se le reprocha nada en materia de contratación. En otras palabras: Semana quiso, con unos párrafos tendenciosos, ponerle la etiqueta de corrupto al General Barrero, para hacerlo caer. Barrero denunció esa manipulación de Semana en su comunicado del 16 de febrero.

Ese escándalo debió haber terminado con las excusas. Fue Santos quien lo redimensionó. ¿Por qué? Desde un ángulo humano,  la tal frase tiene, además, un cierto sentido. La frase alude, evoca, unos fiscales anónimos, es decir denuncia aquella capa de operadores judiciales que son la vergüenza y la pesadilla de la justicia colombiana. La frase iba contra ellos y no contra todos los fiscales, pues los hay muy honorables. Iba contra unos funcionarios que han derribado el debido proceso, que fabrican y escamotean pruebas, que compran testigos, sobre todo cuando el justiciable es un militar. Algunos de esos fiscales han salido por eso de la Fiscalía. Otros fueron a dar a la cárcel. Otros están en líos con la ley. Pero hay otros que siguen allí, incrustados y haciéndole el más grande daño al país.

Más allá de su aspecto primario, la frase criticable del General Barrero reflejaba algo muy cierto: que los militares de Colombia están llegando a un nivel inaudito de saturación y de cólera ante la pérdida del fuero militar, ante el maltrato que sufren a manos del Estado que ellos protegen y, sobre todo, ante la acción subversiva de ciertos fiscales, los principales promotores de lo que ellos ven, con razón, como una guerra judicial piloteada por el terrorismo, sin que el poder central haga nada contra eso. Y demuestra que los altos mandos desconfían del llamado “proceso de paz” en La Habana. Antier, el General Barrero los interpretó a todos cuando dijo que él esperaba  que el Ejército de Colombia no sea nunca “negociado ni en la mesa de La Habana ni en ninguna parte”.

El silencio del presidente Santos ante estas angustias de los militares y policías de Colombia es algo que lo hace indigno de ser reelegido. Esto ocurre cuando el control cubano de Venezuela tambalea. ¿Por qué Santos, en lugar de reforzar la fuerza pública, la única muralla de contención contra las Farc y el narco terrorismo, la hunde en semejante incertidumbre?

Que tal guisote haya sido preparado por Semana, la revista que defiende con ardor la línea del actual gobierno — hasta el punto de que muchos la ven como el órgano de expresión del presidente Santos–,  permite concluir que el ataque contra la estabilidad del alto mando militar vino del oficialismo más rancio. ¿Cómo pueden las Fuerzas Militares, en esas condiciones de inseguridad moral, psicológica e institucional, combatir  con éxito las bandas armadas del castro-chavismo y echar abajo sus operaciones de toma del poder? ¿Con semejante precedente cómo se sentirá la nueva cúpula militar designada por Santos?

Esta crisis confirma algo que ya sabíamos: que en La Habana Santos no está negociando nada. Lo que sale de Cuba es otra cosa: que las partes ya están realizando lo que presentan como reformas futuras “del postconflicto”. Santos está dirigiendo, desde ya, un reordenamiento capitulador del Estado. No es algo que él y las Farc harán más tarde. Lo están haciendo ya. Sin que nadie haya conocido esos pactos ni aprobado nada. Examine el lector los textos que han lanzado los “plenipotenciarios”. Leyéndolos desde ese ángulo aparece la coherencia de lo que está ocurriendo. Las “partes” se han comprometido a hacer ya mismo estas cosas, sin decirle nada al pueblo, burlándose de su credulidad y de sus inmensos anhelos de paz.

Ese temor penetra ya hasta los círculos santistas. John Marulanda, un perspicaz analista, saludaba ayer la brutal decisión de Santos. El cree ver en eso un acto de “limpieza necesaria que fortifica aún más a la institución”. Sin embargo, con cierto realismo tuvo que ir al fondo del asunto y concluyó: “Ojalá este sometimiento no sea excusa para un futuro desmantelamiento de nuestro Ejército Nacional. Algo que no se sabe si se está negociando en La Habana, Cuba”. El temor es evidente en esa frase, solo que esa concesión a las Farc ya comenzó.  Y la están implementando a golpes pero sin que nadie vea la maniobra. Para eso sirve la propaganda. Para eso sirve Semana.

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Curioso Consejo de Estado – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

El 21 de enero de 2014, la prensa informó que el Consejo de Estado había condenado, cuatro meses atrás, a la Nación por un ataque guerrillero contra una estación de Policía y más de 40 viviendas de un pueblito de Arauca y que, en consecuencia, estaba pidiendo ahora que las estaciones de Policía sean retiradas de los centros urbanos con el argumento de que esas estaciones “ponen en riesgo a la población aledaña” durante los ataques de la guerrilla. La sorpresa fue enorme y agudos observadores cuestionaron tanto el fallo como la exigencia.

Desde ese día quedó visto que para  el Consejo de Estado quien debe pagar no son los terroristas sino la Policía pues ella es la que provoca tales ataques al edificar sus cuarteles en áreas urbanas.

Debemos estar en un gran error los que creemos que esas estaciones fueron ubicadas  razonablemente, es decir donde la población más las necesita, y que sacarlas de allí desprotegerá a los civiles y a las autoridades políticas y administrativas ante los recurrentes  ataques de la guerrilla.

Sin embargo, el CE en su gran sabiduría dice que eso no va. Desde el fondo de nuestra ingenuidad podemos preguntar al menos: ¿al invertir los términos del problema  –sacar a la policía de los pueblos es la mejor manera de proteger a los civiles–, el CE no está retomando, de hecho, y sin sonrojarse, la doctrina de las Farc? Esa banda quiere que los poblados y ciudades queden a la merced de sus granadas, obuses, fusiles y huestes depredadoras.

Al pedir que la Policía se retire de las ciudades y pueblos, y erija sus estaciones en zonas aisladas, donde serán obviamente más fácilmente el blanco de las bandas, y la protección de la población será más obstaculizada, el CE no sólo debilita los mecanismos de seguridad que el país ha construido y pagado con sangre durante décadas de lucha heroica contra el crimen organizado, sino que viola la ley natural, la lógica y hasta la Constitución.

Al obrar de esa manera el Consejo de Estado está, además, en camino de convertirse en el hazmerreir de los colombianos y de los otros Consejos de Estado del mundo.

Los magistrados del CE alegan que las cosas son así pues la ley y hasta la jurisprudencia los respaldan. Seguramente dicen la verdad. Los magistrados  parecen tener a su disposición una batería de normas heteróclitas que les permiten tomar esas decisiones que los ciudadanos consideramos absurdas.  Los malabarismos que logran hacer con esas normas son, evidentemente, “de derecho”, aunque sean actos injurídicos  que ponen en peligro la vida de millones de colombianos.

Utilizando ese arsenal, los magistrados Danilo Rojas Betancourt,   Stella Conto Díaz del Castillo y Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, pudieron, el  27 de septiembre de 2013, condenar a la Nación a pagar millones de pesos por tres ataques que la guerrilla había cometido en 1999  contra la Policía y la población civil de Puerto Rondón (Arauca).  Colombia es, pues, el único país del mundo donde los terroristas matan y destruyen y, en una segunda fase, logran que el erario público, es decir los contribuyentes y las víctimas de esos ataques, se vean obligados, en virtud de una ingeniosa legislación, a pagar una segunda vez tales horrores.

Esa realidad nos obliga a admitir que estamos ante un trabajo de zapa de amplio espectro que ciertos actores políticos-judiciales han hecho en los últimos veinte años, en el campo de las normas de derecho y de la composición de ciertas cortes, para poner de rodillas a la fuerza pública.

La curiosa legislación que existe hoy es, sin duda, el resultado, también, de la incuria, dejadez y bastardía intelectual de cierta clase política que jamás se preocupó por la relación que podía existir entre la aprobación de leyes y decretos incoherentes y la seguridad nacional.

El resultado práctico es este: las Farc ahora tienen un excelente argumento para atacar a los civiles. Al hacerlo saben que tres o cuatro años más tarde el Consejo de Estado les dará razón e impondrá sanciones no al agresor sino al agredido Estado colombiano y tomará medidas que debilitan objetivamente las posiciones militares del mismo.

Gracias a la legislación monstruosa, pulverizar civiles, arrasar pueblitos, aniquilar iglesias, minar escuelas, acueductos y torres eléctricas,  lleva inflexiblemente a dos éxitos adicionales del terror: 1. La desprotección de la sociedad y del Estado en las áreas de agresión narco-terrorista; y 2. La difusión de la idea perversa de que la Policía al salir de las urbes  le “brinda protección” a la población y al hacer lo contrario pone en peligro a los civiles. Pues, como se sabe, las Farc y el Eln nunca han maltratado la población civil: solo atacan a la fuerza pública y si hay bajas civiles es por culpa de los civiles y del Estado, no de los amables “insurgentes”.

Esa legislación le permite al CE inmiscuirse en temas que pertenecen al poder ejecutivo, como retirarle combatientes a las Fuerzas Militares y a la Policía, o fijarles  tareas a esas fuerzas, o  distraerlas en actividades desligadas del orden público, a pesar de que el país enfrenta a diario todo tipo de violentos ataques en el marco de la guerra asimétrica más perfeccionada del mundo.

Otros ejemplos ilustran esa situación asombrosa: el 17 de diciembre de 2013, por ejemplo, el CE ordenó  al Ministerio de Defensa hacer cumplir el “servicio militar ambiental”. En otros términos: que el 20 % de los llamados a cumplir el servicio militar obligatorio  –nada más ni nada menos–  trabajen en la preservación del medio ambiente,  de la flora y fauna del país. La encomiable orden, pedida por un sagaz ecologista, sería el resultado de una interpretación abusiva de los artículos 102 y 103 de la ley 99 de 1993. Estos dicen que los llamados al servicio militar obligatorio, “prestarán servicio ambiental, preferentemente entre quienes acrediten capacitación en las áreas de que trata esta ley”.

La curiosa providencia  que ve así las cosas fue firmada por la magistrada Susana Buitrago Valencia, en respuesta a una apelación del ministerio de Defensa.

Días antes, el 5 de diciembre, la prensa había descubierto otra lindeza: que había normas vigentes que le abren avenidas a cierto tipo de contrabandistas. Esta vez  la víctima fue la Fiscalía. El Consejo de Estado la condenó, en efecto, a pagar una indemnización por haber detenido a tres españoles que habían ingresado clandestinamente al país más de 200 mil dólares, en el año 2001. La magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, quien participó también en el fallo del 27 de septiembre de 2013,  falló en el sentido de que los citados contrabandistas no habían cometido delito alguno pues su acto sólo constituía una “infracción”. En consecuencia, la detención de nueve meses había sido “injusta”.

La víspera, el Consejo de Estado había vuelto a condenar al Ministerio de Defensa y al Ejército a pagar más de 2 mil millones de pesos por la desaparición, 17 años atrás, de siete hombres en una carretera de Antioquia. En vano los abogados del Ejército explicaron que en el episodio del 14 de agosto de 1996 no hubo intervención de la fuerza pública: el responsable había sido una banda paramilitar.

Haciendo caso omiso de la gravísima situación de orden público que existía en 1996,  el magistrado Enrique Gil Botero  sacó las conclusiones citadas y atribuyó los crímenes de esas bandas a un supuesto  “comportamiento permisivo” de la administración pública. Peor, invocó una supuesta –y no probada—“connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales”. Tal es el armazón de la teoría tan en boga de que el Ejército era culpable “por omisión” al no haber impedido la realización de ese crimen.

Este fallo hace recordar otro no menos indecente de 2009. El 30 de abril de ese año, el país supo que el CE, respondiendo a una tutela, había prohibido la presencia  de soldados regulares en las zonas de combate, a donde solo podrían ir, según los magistrados, militares profesionales. Un diario de Bogotá hizo las cuentas y descubrió que ese fallo, de ser acatado, le quitaría el 76% de sus combatientes a las Fuerzas Militares y el 40% de sus marinos a la Armada nacional.

Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de ese momento, y el general Freddy Padilla de León,  comandante de las Fuerzas Militares, expresaron su inconformidad.  Empero, no se sabe si esa decisión del CE fue anulada o si se está cumpliendo hoy pues el ministerio de Defensa y los medios no volvieron a tocar el tema. En todo caso, tal decisión del CE fue firmada en un contexto muy agitado: en medio de una ofensiva de activistas en Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza,  que había logrado que Londres retirara su ayuda militar a Colombia,  invocando unas presuntas violaciones de los derechos humanos.

El escritor húngaro Sandor Marai, quien vio caer su país bajo el dominio soviético en 1946, describió ese proceso de “disección en vivo” de una nación, en el que una a una, en perfecto silencio,  las instituciones y las libertades fueron cayendo. Lo que él describe en su libro ¡Tierra, Tierra! (Ediciones Salamandra, Barcelona) invita a pensar lo que está ocurriendo en Colombia. “Los comunistas trabajaban con cautela, con un cronómetro en la mano. Desmembraban el cuerpo de la nación, como hace un profesor de anatomía con las distintas partes de un organismo en una práctica de laboratorio. Por el momento respetaban los órganos vitales, aún no habían sajado los nervios fundamentales, pero ya iban disecando las vísceras con ayuda de tijeras y pinzas”.

Que el lector saque sus conclusiones y obre en consecuencia.

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La falsa “irracionalidad” de las Farc – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

El miserable ataque de las Farc contra la población de Pradera (Valle) no tiene nada de “irracional”. Sorprende ver al jefe de Estado colombiano equivocarse al calificar así la nueva infamia de la banda narco-terrorista.

El país se siente perdido y desprotegido cuando ve que el presidente de la República estima que ese atentado es “contradictorio”, antes de pasar, de la manera más displicente, a otro tema, a algo menos aterrador, como si la persona muerta y los 61 heridos de esa localidad martirizada no merecieran la compasión y, sobre todo, la acción y la determinación del jefe de Estado para lograr a corto y mediano plazo la seguridad y tranquilidad de esa región y de toda Colombia.

Santos se fue en palabras zalameras y eludió ese tema. Para él parece  inconveniente ordenar la persecución general de las estructuras subversivas que matan colombianos donde quieren, cuando quieren y al ritmo que quieren. Santos, en lugar de hacer eso, sigue con su estrategia de golpes con cuenta gotas, que no debilita a las Farc, dilata las conversaciones y contribuye a ambientar la reelección.

La sangre de las víctimas no se había enfriado cuando Santos escogió los apelativos más suaves para aludir al cobarde atentado y pasar, sin más, a hacer una especie de elogio subliminal de los victimarios al decir que este año él firmará la paz con ellos. Al día siguiente, aparecía en un diario español esta declaración: qué él se “imagina  a los representantes de las Farc sentados en el Congreso.”

Atacar pueblos, matar y mutilar uniformados y civiles, así como periodistas, sacerdotes, sindicalistas, indígenas, estudiantes, es un acto totalmente racional de las Farc. Son actos calculados y premeditados. Los golpes de las Farc tienen un calendario y una dosificación. Con ellos, las Farc reanudan sus “negociaciones” en La Habana y le dicen al país que la iniciativa de la guerra depende de ellas, que el gobierno no las ha paralizado. Lo de Pradera dice que la estrategia de tensión sigue por cuenta de ellas y que Colombia debe ceder ante sus pretensiones.

No hay nada de “irracional” en esos atentados. No son actos “demenciales” ni “estúpidos”, como cree el general Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares.

El atentado de Pradera, y los anteriores, no es “contradictorio” pues las Farc no son cascos azules. No son dialogantes pacíficos, no son interlocutores leales, no son agentes de la paz.

Matar colombianos hace parte de la racionalidad y de la cronología política de esa gente, de sus resortes psicológicos e ideológicos más profundos. Matar colombianos, sembrar minas, secuestrar, aterrorizar ancianos, mujeres y niños, mentir, dialogar en falso, no sólo es necesario sino que es legítimo y hasta indispensable. Para ellos las matanzas son simples episodios que ayudan al derrumbe espiritual del país y que preparan la toma del poder.

Ésta y la construcción del colectivismo son, para ellos, objetivos supremos, de gran humanismo. Creen que ellos encarnan el progreso. En su visión torcida y mesiánica, las víctimas, incluso las millones de víctimas  que cuesta ese “proyecto”, son muy poco o nada.

Por eso nunca hicieron la paz, y no la podrán hacer. Por eso entre las filas de las Farc jamás surgió un Mandela, que de terrorista cargado de odio saltó a lo contrario, gracias a la audacia de un De Klerk y de otros visionarios, a una perspectiva de reconciliación y colaboración entre razas y clases sociales que salvó a su país. ¿Quién imagina a Timochenko pensando así?

Los asesores del presidente Santos ven lo de Pradera como una “muestra de debilidad militar” de las Farc. Ellos piensan la guerra en términos caducos. Un atentado durante la segunda guerra mundial era, en efecto, poco útil. El paradigma de hoy es diferente. Colombia sufre la perfecta guerra subversiva, asimétrica, en que la propaganda, la infiltración del Estado y los actos puntuales de terror contra los civiles son la mejor manera de robarle a un país su alma y sus libertades. Incluso y a pesar de que haya triunfo militar del Estado.

Los asesores no ven eso. Creen que todo va bien. Estiman que “presionar militarmente a las Farc en medio de la negociación” llevará al triunfo del Gobierno. Olvidan que eso ya se hizo en el Caguan, con resultados desastrosos. Así duermen al país mientras la traición avanza.

No, la matanza de Pradera no fue un acto “irracional”. Al utilizar esa palabra, Santos dejó ver que había entrado en el embudo mental de Rodrigo Granda. Este dijo lo mismo: que era un acto que lo había “sorprendido”. Sin embargo, aprovechó la tribuna para justificar el atentado y para desinformar: “las Farc no van a atacar impunemente a la población civil”, dijo,  y aseguró que el atentado “iba sobre [sic] un cuartel de la Policía o detrás de alguna patrulla militar”.

Sí,  lo que sale de este episodio es doblemente triste. Horas después de la tragedia de Pradera el poder central habló de paz a cualquier precio, de Congreso invadido por esos monstruos. El mensaje es claro: cada nueva masacre nos acerca más de la paz. Con esa torva dialéctica los sacrificios aumentarán pero serán más y más silenciados. ¿Eso es lo que tenemos que aceptar los colombianos?

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Petro en su nadir – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

La suerte parece haberlo abandonado a Gustavo Petro. Sus gesticulaciones de los últimos días, acudiendo al ruido, a la multitud y a la falsa reclamación de derecho, no parecen darle resultados. La gente que salió a la calle el pasado 10 de enero en Bogotá fue la minoría que los aparatos de izquierda del país utilizan rutinariamente como masa intimidatoria. Los bogotanos, siete millones de personas, le dieron la espalda a esa invitación. No hay que perder el sentido de las proporciones: los que desfilan a favor del alcalde destituido no son sino un puñado de personas, comparados a la ciudadanía total de la capital.

No hubo grandes violencias esa tarde, es cierto, pero unos días antes hubo una muerte misteriosa. Gerson Martínez, uno de los organizadores de la marcha, fue asesinado por desconocidos en un cerro suroriental del barrio San Cristóbal. Otra persona fue herida a bala, al lado de Gerson. La prensa parece desinteresarse del asunto, la policía dejó violar, según un matutino, la escena del crimen, y la Fiscalía guarda silencio y se demora en entrevistar a los testigos. ¿Por qué?

El paso de Petro por la alcaldía mayor de Bogotá culmina así de manera abrupta: con una destitución que no puede ser más legal y que la mayoría de bogotanos considera necesaria, con vocinglería obsesiva y con extraños hechos de sangre que algunos quisieran soslayar.

Las ejecutorias de Petro como alcalde mostraron su impericia y sus obsesiones anticapitalistas.  El hombre que prometía un porvenir luminoso para Bogotá, después de los millonarios desfalcos cometidos por sus ex copartidarios, ni siquiera logró ser un gerente  perspicaz de  la capital. Por el contrario, le creó enormes problemas a la ciudadanía.  Ahora, ante su derrota, insiste en usar sus armas habituales: verbalismo,  ofuscación y  amenazas. El estima que Bogotá está en deuda con él. Que ser relevado de funciones sería cometer una injusticia y que, sobre todo, la crisis de las basuras, que él y solo él desató, no fue sino un “complot” de sus enemigos. Tal acto de negación de la realidad no convence sino a los convencidos.

Al adoptar esa estrategia para atornillarse al cargo, Gustavo Petro no hace sino copiar las gesticulaciones de otro ogro izquierdista con ínfulas enormes: el mexicano Manuel López Obrador,  súcubo de Fidel Castro y lacayo de Hugo Chávez, que perdió dos veces la elección presidencial y precipitó a la capital de su país en graves dificultades. La última vez, en 2012,  perdió ante un candidato de centro, Enrique Peña Nieto. López Obrador decretó que la elección había sido “comprada” y le ordenó a su gente tomarse el Paseo de la Reforma y levantar campamentos, casuchas, letrinas. Eso duró seis meses. El día de la toma de posesión de Peña Nieto vandalizaron comercios y agredieron  transeúntes. El daño a la ciudad fue enorme. En 2006, López Obrador decidió que él era el presidente electo y que un reconteo de los votos lo probaría. Y calificándose de “legítimo” tomó posesión de su “cargo” ente una multitud enardecida. Todo ese circo fue en vano.

Gustavo Petro sigue ese ejemplo: alebresta la gente desde los balcones de la alcaldía, insulta a sus adversarios, trata de ocupar de manera indefinida la Plaza de Bolívar, conmina al presidente Santos para que salga en su defensa, lanza un centenar de tutelas contra el acto de destitución, viaja a Washington para agitar los lobbies anticolombianos, pide medidas “cautelares” al CIDH, como si la justicia de su país hubiera cometido una atrocidad contra él, exige un nuevo choque de trenes (que el Fiscal Montealegre castigue al Procurador Ordóñez por cumplir con su deber), y hasta trata de empapelar a uno de sus críticos, el ex vicepresidente Francisco Santos, en un proceso por “contaminación ambiental, estafa y concierto para delinquir”. Petrista durante años, la revista Semana ahora cambia prudentemente de tono y asegura que tales ardores defensivos “no auguran buenos resultados”.

Petro es un hombre que miente y que ha mentido. Recuerde el lector las insistentes acusaciones de Petro contra el coronel Alfonso Plazas Vega de que lo había “torturado”, lo que era falso. Y los años que gastó como senador para lanzar contra el presidente Álvaro  Uribe  las peores infamias y calumnias, fría y sistemáticamente. Un hombre así no se merece Colombia.

Petro mintió de nuevo cuando dijo que las firmas recolectadas para obtener la  revocatoria de su mandato eran un “enorme fraude”. Las autoridades dijeron lo contrario. Petro mintió cuando dijo que no le habían respetado sus derechos. En realidad, el interpuso más de 250 obstáculos para frenar el proceso de revocatoria y éste fue adoptado.

¿Por qué tantas contorsiones? Petro es, quizás, el hombre más visible de la primera fase,  de la transición que algunos pretenden hacer, sin decirlo,  de una democracia liberal-conservadora, imperfecta o no, a una democracia “popular” de salsa chavista, que terminará, como se vio en Cuba y en Venezuela, en el derrumbe de la economía y el desbanque de los idiotas útiles del primer ciclo de asalto, y con la toma de control férreo del poder por el partido “revolucionario”, encarnado, en el caso colombiano, por las Farc maquilladas que saldrán de las negociaciones en La Habana.

El argumento final de Petro es que, en una democracia, lo que vota el pueblo no lo puede deshacer el ministerio público. Falso. La democracia no consiste en atribuirle poderes omnímodos al voto. Ese es, por el contrario, el subterfugio de los dictadores, para legitimar su terror. Fidel Castro y Hugo Chávez entre otros siempre utilizaron el voto como coartada.

Petro afirma que la destitución pronunciada por el Procurador Ordóñez es “una violación a la elección del voto popular”. Y que prefiere una votación caliente de revocatoria a la fría destitución. El truco es simple. Quiere convertir el voto revocatorio en un plebiscito tramposo: por o en contra de la paz. ¿Quién podría votar en contra?  Lo dice así: “Iremos a las urnas para decir no más guerras, no más mafias, no más élites”. ¿Es un llamado a la guerra civil?

El voto como acto superior a la Constitución y a la división de los poderes, es una falacia. Quien pretenda que el voto popular  prevalece sobre la Constitución, y sobre el derecho, mina la democracia.

La Constitución da poder al Procurador General para vigilar la conducta de los funcionarios públicos, incluso los de elección popular. Petro lo sabe y ahora lo oculta. Infla al extremo el voto, lo potencia y le atribuye poderes mágicos. El absolutismo del voto jamás fue la esencia de la democracia. El déspota utiliza esa creencia para legitimar sus abusos.

El poder disciplinario es una de las atribuciones del Procurador General que la Constitución y la ley enmarcan. Lo democrático es respetar el orden jurídico, no confundir a la gente, sobre todo fuera del país, con leguleyadas.

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Reflexiones a medio plazo

   Eduardo Mackenzie

 

La injerencia orgánica creciente de los cubanos en los asuntos internos venezolanos es un fenómeno nuevo en nuestro continente pero no en otras partes del mundo. Ese tipo de relación particular entre Cuba y Venezuela, que tiene forzosamente un impacto sobre Colombia,  comenzó con acuerdos diplomáticos y comerciales y continuó con una vasta implantación de militares y funcionarios de inteligencia del país dominante (Cuba) sobre el país dominado (Venezuela). La cifra de 46.000 agentes cubanos en Venezuela fue dada en meses pasados en la Asamblea Nacional venezolana. Hoy ese proceso avanza con un entrometimiento directo de Cuba  en los asuntos internos del vecino país. Ese sistema fue ideado y puesto en práctica, en grados diversos, por el sistema comunista, sobre todo en  la relación que la URSS logró establecer, por la fuerza y el engaño, con los países de Europa del Este y con China, tras el fin de la segunda guerra mundial.

 

La implosión del mundo soviético, en diciembre de 1991, y la liquidación del Pacto de Varsovia y del Comecon, no pusieron fin del todo a ese fenómeno. Ese modelo de dominación y opresión de un régimen comunista sobre otro ideológicamente compatible, sobrevive hasta hoy en algunos países. El caso más conocido es el que existe entre Vietnam, de un lado, y Camboya del otro.

 

Para ser breves: la  injerencia vietnamita en Camboya es muy fuerte, sobre todo desde que el primer ministro camboyano Hun Sen está en el poder. Ese dictador, quien hoy se dice liberal, aunque fue un  khmer rojo en 1975 antes de aliarse a los vietnamitas,  vive rodeado de consejeros vietnamitas que garantizan su seguridad. El aparato de Estado camboyano está infiltrado por los  vietnamitas. Sam Rainsky, un líder de la oposición camboyana en el exilio (en Francia), explica que los vietnamitas trabajan en Camboya “para mantener la dominación de Hanói sobre Camboya, para que no podamos escapar a la esfera vietnamita.”

 

Eso comenzó tras la invasión vietnamita de Cambodia y la caída del régimen de los khmers rojos, en 1979. Desde hace más de 30 años, ese sistema de imbricación, injerencia y dominación, de un país comunista sobre otro país comunista, está siendo experimentado, aún después del derrumbe de la URSS.

 

El resultado no es halagador para Camboya: ese país no logra salir de la pobreza y la gestión económica de Hun Sen, basada en la corrupción y en la represión, es pésima.  Por eso sectores de Camboya buscan la ayuda de China y Japón pero los vietnamitas mantienen su control férreo, a pesar de todo. Vietnam controla también la vida política y económica de Laos.

 

Lo que vemos hoy en Venezuela, sobre todo la dominación cubana sobre los asuntos de Estado de Venezuela es, pues, un sistema probado en Asia y mantenido incluso en un periodo posterior a la desaparición del sistema soviético. Aunque el caso Venezuela tiene una particularidad. El país económicamente más fuerte (Venezuela) es obligado a entregar una parte de su producto nacional bruto al país económicamente más débil pero políticamente hegemónico. Se le atribuye a Fidel Castro esta frase de 2005: «Somos dos países, una sola nación». Se sabe que  Caracas, gracias a ese cuento,  envía a La Habana  3.700 millones de dólares al año, más otros rubros no petroleros.

 

¿Este fenómeno podría aparecer en otros países?  Mi punto de vista es éste: puede haber planes para Colombia en ese mismo sentido. Si los designios de Cuba se cumplen, si la hegemonía cubana en Venezuela se profundiza, si la orientación del gobierno colombiano sigue siendo compatible, como lo ha sido desde agosto de 2010, con la aventura venezolana, es decir si el presidente Juan Manuel Santos cede más y más ante los esquemas de Caracas, Colombia entrará en una fase de injerencia venezolana-bolivariana cada vez más acentuada.

 

Como los venezolanos dependen hoy del control político de Cuba, Colombia terminará  forzosamente bajo la dependencia política de la Venezuela castrista. Ese puede ser, precisamente, el esquema estratégico de los hombres de La Habana. No es siquiera un plan de las Farc. Ellas aquí no son más que los comodines de Cuba. En el fondo, lo que busca la dictadura cubana es manejar finalmente toda de la parte norte de América del Sur, para extender su penetración totalitaria sobre Centroamérica y el resto de América del Sur. En ese esquema Colombia quedaría bajo la tutela de Caracas, y ésta dependería de las decisiones de La Habana.

 

Pero hay otra variante que hay que considerar. Pues también se da el caso de que una dictadura comunista es capaz de llevar a un país vecino no comunista a subsidiarla. Es lo que ocurre entre Corea del Norte y Corea del Sur. La hambreada pero ultra agresiva y militarizada Corea del Norte ha sido beneficiada por  enormes cantidades de alimentos y de insumos agrícolas que le envió la próspera y anti comunista Corea del Sur, sobre todo entre 2000 y 2008. Para tratar de apaciguar a su belicoso vecino, Seúl propuso un sistema de coexistencia pacífica con Pyongyang que no sirvió, finalmente, sino para que Corea del Norte empleara sus recursos para desarrollar armas nucleares y sistemas balísticos sofisticados. Seúl cambió su actitud y hoy trata de ligar su ayuda a si Pyongyang avanza en  temas como derechos humanos y desarme nuclear. Lo que no le impide a Pyongyang atacar barcos de Corea del Sur y amenazarla con desatar la “guerra total”.

 

Pienso en una Venezuela como la actual, dirigida por fanáticos desesperados, que sabiéndose más fuertes desde el punto de vista del armamento, y respaldados por sus alianzas con potencias como Rusia, China e Irán, creen que podrán obligar a su vecino, aunque éste no abandone el modelo democrático, a moldear su política interior y exterior y a hasta dedicar una parte de su ingreso nacional y de su comercio exterior a satisfacer las necesidades del Estado bandido vecino.

 

¿Cuál será la actitud de Washington y de la OEA ante esa preocupante perspectiva?  ¿Seguirán en su indiferencia y ceguera actual y verán esos planes y escenarios futuros como fantásticas creaciones del espíritu sin pies ni cabeza? Si los Estados Unidos y la OEA permiten que las cosas sigan como van (consolidación del proyecto castro-“bolivariano” en el hemisferio, si el régimen dictatorial cubano no cae, Colombia deberá enfrentar sola ese desafío y tendrá que darse ella misma los medios diplomáticos, políticos y militares para derrotar ese plan de sojuzgamiento a mediano plazo.

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Santos y su encrucijada ante Caracas

   Eduardo Mackenzie

¿Por qué Nicolás Maduro  acusa a Colombia de urdir un plan para derrocarlo? ¿Por qué ese súbito estallido de histeria de los líderes de la “revolución bolivariana” contra el presidente Juan Manuel Santos tras su entrevista en Bogotá con el líder opositor Henrique Capriles?  ¿Cuándo fue que  Bogotá aceptó la doctrina brezhneviana de la “soberanía limitada”?

Nicolás Maduro tuvo que haber creído  que Colombia estaba definitivamente bajo la bota de Caracas gracias al pretendido “acuerdo de Santa Marta” (1), y por lo que siguió después. Como Colombia aceptó hacer parte –en mala hora– de Unasur, y el presidente Santos acomodó su diplomacia regional a las veleidades de Hugo Chávez, los de Caracas estimaron que los “neogranadinos” eran ya su colonia.

Desde que Santos llegó al Palacio de Nariño, el 7 de agosto de 2010,  no sólo declaró que Chávez era su “nuevo mejor amigo”, sino que empezó a demostrar que esa frase iba muy en serio. Santos aceptó archivar y enterrar, sin ningún debate, como lo exigía con gritos destemplados Caracas, el plan para reforzar con Washington siete bases militares  colombianas, única posibilidad que tenía Colombia para equilibrar en ese momento la relación de fuerzas ante el armamentismo rampante, sobre todo aéreo, de Venezuela. Esa errada decisión mostró que la venia de Bogotá antes el gobierno tiránico vecino era real.

El  giro de Santos, cuyo capítulo mayor fue el abandono de la doctrina de la seguridad democrática y la entrada en contactos secretos con la dirección de las Farc, con ayuda de Caracas y de La Habana, fue la culminación de ese cambio brutal de políticas. A cada paso que Santos daba para alejarse del uribismo, su política interior y exterior entraba más en un molde  consternante.

La independencia de Santos frente a las orientaciones de su predecesor, la cual desconcertó a los uribistas pero no a los santistas, quienes adujeron que era legítimo cambiar de línea, no desembocó en la profundización de la democracia, ni en un reforzamiento de la posición geopolítica de Colombia. Condujo, por el contrario, a una pérdida de claridad y de autonomía de Santos ante el mayor amigo y protector de las Farc y a un debilitamiento de las posiciones internacionales de Colombia. El peor resultado de ese debilitamiento, hasta hoy, fue la pérdida de una parte considerable de la soberanía de Colombia en el Mar Caribe, por cuenta de un fallo irresponsable e inicuo de La Haya que Santos no supo ni prever ni evitar. Y que Nicaragua, Cuba y Venezuela habían tramado descaradamente.

Ante esos errores de análisis, Hugo Chávez vio que podía ir muy lejos. El déspota de Caracas siguió apoyando a las Farc y consolidó la relación de dominación que había logrado imponerle a Santos desde agosto de 2010, mientras que éste le daba a entender  a Colombia que la templanza de Chávez (quien finalmente no envió sus aviones Sukhoi a bombardear Barrancabermeja y Bogotá) era el fruto de su “habilidad negociadora”.  Lo que estaba ocurriendo era lo contrario: el decline de la coherencia interna y externa de Colombia.

Consecuentes con ese nuevo paradigma, y bien guiados por La Habana, las Farc acogieron la invitación de Enrique Santos, el hermano del presidente colombiano, para abrir las “negociaciones de paz”. Seis meses después éstas no han llegado a nada, pero las Farc están felices: piden que la farsa continúe y se prolongue más allá del gobierno de Santos. Tienen razón: esas negociaciones las refuerzan mucho.

Desde el comienzo, las Farc se propusieron llegar a un cogobierno con Santos, incluso antes de que las negociaciones terminen. Varios hechos muestran esa dinámica: la pérdida de la iniciativa de las fuerzas armadas frente a la violencia de las Farc, la guerra jurídica contra los militares, el hostigamiento contra el ex presidente Uribe y sus ex ministros, corrupción de la justicia, la ampliación de la agenda de las negociaciones de La Habana, la cascada de salvoconductos para los jefes de las Farc, la organización de asambleas  y sesiones de adoctrinamiento en universidades públicas, a las que debían asistir los voceros de los gremios económicos, para embolatar a la opinión y “socializar” las ideas de las Farc. Esto último es lo que Marshall McLuhan llamaba “masaje de masas” y lo que Lenin recomendaba como “agitación y propaganda”. Todo eso lo aceptó Santos, dándose las ínfulas, al mismo tiempo, de que él guiaba bien el navío estatal que los colombianos le habían confiado.

Pero no había timonel. El país empezó a verse sacudido en un mar de aguas agitadas. La promesa de Santos de conseguir la paz  generaba más miedo que otra cosa.  Miedo y del bueno. Se supo que los contactos en La Habana eran únicamente para llegar al “fin provisional del conflicto”, y que para eso había que dejarles las armas y las redes de narcotráfico a los bárbaros, regalarles  30 escaños del Congreso, permitirles que copen los medios de información, garantizarles la total impunidad a sus crímenes, y fijar con ellos el futuro de la tierra, de la economía y de las libertades en Colombia. Y que había que trabajar todo eso en un tinglado controlado por los servicios secretos cubanos.

Ese pésimo negocio debía ser de espaldas a Colombia. Pero ante los ojos de Caracas y La Habana. Pues éstos dictan los objetivos de los diálogos, los puntos que se pactarán bajo la mesa, y la estrategia para burlarse de todo el mundo, incluyendo la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional. Ellos controlan la táctica para hacerle tragar a los colombianos, a última hora, ese tremendo pastel envenenado.

Recordemos un hecho importante: durante la presidencia de Álvaro  Uribe, el presidente Hugo Chávez, mimando ser “mediador” de buena voluntad, intentó apoderarse del expediente de los rehenes en manos de las Farc y del “intercambio humanitario”, y trató de entrar en contacto directo con el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Uribe lo paró en seco el  21 de noviembre de 2007. Ahora, la clique de Caracas, apoyada por Cuba, el Foro de Sao Paulo y los gobiernos del Alba, intenta hacer lo mismo con la negociación de paz: sustraerla al control mismo de Bogotá, pues sus intereses están en juego.

¿Ante esa actitud de sumisión cómo no iban los iracundos Maduro, Cabello y Jaua  a jalarle las orejas a Santos por haber hablado con Capriles y haberlo protegido en parte contra la infame conjura pseudo judicial que la fiscal Luisa Ortega le está tendiendo para meterlo en la cárcel con acusaciones absurdas?

Cuando una democracia acepta entrar en juegos con una dictadura comunista corre muchos riesgos. ¿Qué hará Santos para aplacar a Maduro? ¿Presentará las disculpas que le piden? El “compañero Santos”, como dice Juan Alemán, un jefe del PS venezolano, debería estar aterrado ante esta amenaza: “Si Santos no se disculpa retiramos la comisión de acompañamiento en los diálogos de paz con las Farc”. ¿Se tragará Santos esa nueva culebra? ¿Escuchará a quienes le dicen, que responda: que se vayan cuanto antes? ¿Temblará ante la advertencia de que “el segundo más beneficiado de los diálogos de paz en Colombia es Venezuela”?  Esta frase de Juan Alemán indica que Caracas cuenta con esas negociaciones de paz para que las Farc lleguen al gobierno en Colombia, etapa previa para la captura del poder en Colombia.

Santos debería enviar un mensaje a La Habana y a Caracas: Colombia no es un país de “soberanía limitada”, como quiere el siniestro Iván Cepeda, quien en plena crisis Santos-Maduro vuela a Caracas para respaldar al venezolano e insultar a su propio país desde suelo extranjero.  Este señor quiere cerrarle las puertas a la oposición del hermano país como si Colombia fuera terreno conquistado por el madurismo. Veremos si Santos, para agravar sus problemas, se inclina ante la nueva orden de Cepeda.

(1).- El 10 de agosto de 2010, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia, los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez anunciaron  el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países rotas el 22 de julio de 2010,  “congeladas hacía más de un año.  Santos aseguró que Chávez le garantizaba que “no va a permitir la presencia de grupos armados al margen de la ley en su territorio”. Pese a eso, Chávez nunca le impidió a las Farc seguir escondidas en Venezuela.

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