¿La impunidad sigue en la agenda del Gobierno? – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

La más justa aspiración de las víctimas es que sus victimarios sean juzgados y castigados efectivamente. En Colombia, donde la violencia subversiva pretende desde hace más de 50 años derribar las instituciones democráticas y ha impartido el terror y la miseria en todas sus formas y por todas partes, ese clamor es permanente, vasto y enérgico. Sin embargo, la Corte Constitucional, para asombro de todos, le acaba de decir no a esas legítimas aspiraciones.

El presidente Juan Manuel Santos, los senadores y los magistrados santistas podrán proclamar en todos los tonos lo contrario: que el fallo de antier de la Corte Constitucional es magnífico pues garantiza el derecho de las víctimas. Mentira. Las víctimas y sus derechos fueron, una vez más, dejados de lado para que los violentos puedan salirse con la suya y apoderarse de la vida política del país sin pagar un solo día de cárcel.

El mensaje que enviaron los magistrados de la Corte Constitucional es, por eso, terrible: la paz (ficticia) que ofrecen las Farc al Gobierno de JM Santos doblega hoy todos los principios de derecho y de humanidad en Colombia.

La decisión del 28 de agosto consagra ese lamentable punto de vista al dejar intacto el artículo que permite que haya una suspensión de la ejecución de la pena. Ese artículo será invocado por los peores enemigos del país para no pagarle a la sociedad sus cuentas pendientes, aunque hayan sido condenados por sus numerosos crímenes, incluidos los de guerra y de lesa humanidad.

Ante las advertencias formuladas, directa o indirectamente, por Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, y por  Alejandro Ordóñez, el Procurador General de Colombia,  y a pesar de los llamados de atención del ex presidente Álvaro Uribe y de la oposición contra la tentación de fomentar la impunidad, los magistrados acomodaron,  a última hora, una serie de consideraciones, que pueden parecer como “salomónicas” y muy garantistas, para tratar de hacer compatible el llamado “marco jurídico para la paz” con el derecho internacional y, en particular, con las exigencias de la Corte Penal Internacional.

Es verdad que el fallo exige el fin definitivo de las acciones armadas, la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados, la desvinculación de los menores de las filas guerrilleras y la entrega de las armas, y no se contenta, en principio, con la sola “dejación” de los fusiles que evocan a veces las Farc.

Sin embargo, y a causa de la fuerte presión del gobierno de JM Santos, la Corte Constitucional optó por dejar intacta la parte más errónea, negativa e inconstitucional del  acto legislativo 01 de 2012.

Si se lee con atención las declaraciones dadas a la prensa y el boletín entregado ayer a los medios (el fallo en sí y los salvamentos de voto no han sido publicados al momento de redactar esta nota), se ve que ninguna de esas observaciones o “exigencias” particulares parecen ser decisivas y determinantes. Lo decisivo es la clausula que permitirá la suspensión de la ejecución de la sanción o la pena.

Al acordar a los miembros de las Farc (pues el “marco jurídico para la paz” fue diseñado para ellas) la posibilidad de que la justicia les suspenda la ejecución de la pena, la CC asume la grave posición de desconocer los estándares contra la impunidad de la legislación penal internacional y de la misma CPI. Ésta conceptuó que dictar condenas demasiado bajas o el perdón para ciertos crímenes, en virtud de los acuerdos que se negocian en La Habana, obligará a que esa Corte intervenga sobre este asunto.

La Corte Constitucional, con ese fallo, contribuye al deterioro del Estado de derecho en Colombia y aniquila la buena imagen que podía tener en el país y en la comunidad internacional.

Toda la argucia de la Corte Constitucional descansa sobre la palabra “sancionar”. En efecto, si bien es cierto que el punto 5 del boletín de los magistrados habla de la “obligación de sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario” no es menos cierto que esa “sanción” podría ser únicamente teórica y en el papel.

En Derecho sancionar y ejecutar la pena son dos momentos judiciales diferentes. En casi todos los países democráticos hay excepciones al principio de que todo delito debe ser reprimido. La condena decidida por un tribunal o por un jurado de conciencia, puede ser dejada en suspenso. Todo proceso penal termina, en general, en una sentencia de absolución o de condena. Pero una condena privativa de la libertad, por las particularidades del caso (insignificancia del delito, culpabilidad mínima del juzgado o padecimiento de éste de una enfermedad o de una lesión), puede ser dejada en suspenso.

En los países democráticos, la suspensión de la ejecución de la pena tiene unos límites: no es otorgada sino a penas de corta y mediana duración (no más de cuatro años) y la libertad del condenado es restringida y condicionada a respetar ciertas órdenes.

Sin embargo, en el fallo de antier comienza a aparecer una desviación de esa doctrina aceptada hasta ahora por las naciones civilizadas. ¿Cómo es posible que a un jefe terrorista que ha cometido las peores atrocidades –lo que en un país normal generaría una pena de prisión perpetua o de 30 años de cárcel–, pueda ser beneficiado no sólo con una medida de renuncia condicionada a la persecución penal, o con una suspensión de la ejecución de la pena, sino además con la posibilidad de postularse como líder político?

Esa desviación lamentable es lo que constituye el epicentro de la decisión de la Corte Constitucional.

Ese aspecto no aparece a primera vista. Miremos con qué cautela formulan eso los magistrados en su boletín de prensa: “La Corte determinó que los mecanismos de suspensión condicional de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y las modalidades especiales de cumplimiento, no implican por sí solos una sustitución de los pilares esenciales de la Carta, siempre que se encuentren orientados a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.”

Las Farc deben estar satisfechas con esa decisión, aunque digan lo contrario. Las Farc rechazan desde el comienzo el “marco jurídico para la paz” no por su contenido (que les ofrece impunidad) sino porque es un texto elaborado, votado y examinado por los órganos de la democracia. Ellos quieren que ese texto sea, por el contrario, un producto del cogobierno que quieren imponerle al poder ejecutivo y que, por lo tanto, sea reexaminado y modificado en la mesa de negociación de La Habana.

Habrá que ver con mucho cuidado lo que hará el Congreso al dictar (ejercicio nada fácil) las leyes destinadas a hacer aplicable el acto legislativo 01 de 2012.

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Las mismas excusas – Fernando Egaña

 Fernando Luis Egaña

Todo es tan predecible y tan falto de creatividad. El discurso del oficialismo luce petrificado en los mismos cuentos. Siempre inventando excusas –o mejor dicho, reciclándolas—para justificar los errores, los desmanes, las trampas, los crímenes. Nunca asumen la responsabilidad de lo negativo y no pierden ocasión para ganar indulgencia con escapulario ajeno, en aquello que pueda ser positivo.

Lo de Maduro declarando que su presunto magnicidio estaba sincronizado con un ataque a Siria, podría parecer de un surrealismo tan delirante como excepcional, si no estuviéramos ya acostumbrados a este tipo de culebrones. Tiene que ser sumamente dañoso para el conjunto del país, el que éste se acostumbre a semejantes truculencias y que las considere como parte de la “normalidad”.

En ese sentido, ahora vuelven con que la mega-explosión y la mega-tragedia de Amuay fue un acto de sabotaje. Desde hace una década, todas las refinerías del país sufren explosiones y accidentes variados a cada rato, y las mismas excusas se profieren una y otra vez: sabotaje del imperio o de la oposición apátrida que, en teoría goebbeliana, debe ser un solo o unificado enemigo.

Además, en esta situación de Amuay debe uno imaginarse que el tema del sabotaje no sólo tiene sus implicaciones políticas, sino que debe tenerlas económicas, por algún negociado con el seguro o el reaseguro o con ambos. Estos jeques petroleros de Pdvsa y su sistema satelital, no dan puntada sin el dedal típico de la mega-corrupción. Pero en fin, pura fachada para tratar de esconder la realidad.

Así, la mala praxis cubana se transmuta en envenenamiento de la CIA. O los continuos apagones no tienen que ver con la depredación del sistema eléctrico, sino con los cambios climáticos y la osadía de pájaros y reptiles. La explosión de violencia criminal es culpa de los paramilitares de Álvaro Uribe y la volcánica corrupción bolivarista es producto de los anti-valores del capitalismo infiltrado.

Los jerarcas incluidos en los listados internacionales de narcotráfico alegan que les cobran sus “lealtades insobornables” al fallecido jefe. Y los funcionarios encargados de controlar la administración de recursos públicos, los contralores, otorgan solvencias generales a los corruptos más documentadamente denunciados. Y todo, repito, con las mismas excusas de todos estos años de mengua.

No hay turismo y la excusa es la prensa amarillista que malpone al país. Faltan alimentos y remedios básicos y la excusa son los empresarios acaparadores. Ya casi no hay exportaciones no-petroleras y la excusa es que existe una conspiración internacional de inversionistas en contra de la revolución. En fin, no hay mal que no tenga su excusa a la mano, automática, típica, y mientras más absurda, acaso más difundida.

Y por si todo ello fuera poco, el ministro Rodríguez Torres insiste en el enésimo expediente del magnicidio. Curiosamente oportuno en medio de tanta desgracia económica, social y política. Cierto que este ministro no ostenta el  estilo bufo de uno de sus predecesores en el cargo, Pedro Carreño, pero en el fondo las excusas son las mismas.

flegana@gmail.com

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Globovisión podada – Trino Márquez

Trino Márquez

A Roberto Giusti

 

Me encuentro entre quienes pensaron que la cercanía de los empresarios que compraron Globovisión con el Gobierno, y especialmente con Diosdado Cabello, no propiciaría un giro radical de su programación y línea editorial en el corto plazo. Imaginé que el criterio comercial prevalecería sobre las afinidades políticas y que sus propietarios no renunciarían a su audiencia natural, sectores de las clases medias urbanas que fueron ganados por la señal del canal a partir de diciembre de 1994 cuando comenzaron sus transmisiones. Me equivoqué. En ese momento no capté la densidad del entramado de intereses, más allá de lo económico, existente entre ese sector de la boliburguesía y el gobierno. La salida en avalancha de sus anclas y fundadores, y las razones que esgrimen para renunciar, colocan la situación en un nuevo plano. Los dueños optaron por alinearse con la hegemonía comunicacional del orden existente. La audiencia no importa.

Ahora será muy difícil para los comunicadores que permanezcan allí sostener la tesis de la “defensa de los espacios”. Algún periodista en su propio feudo podrá intentar preservar la pluralidad y autonomía de su perfil. Pero, la independencia ya no forma  parte de la estrategia del canal.  Domina la subordinación al grupo gobernante. Los cambios tan abruptos que se han desencadenado están asociados a los cuestionamientos expresados por Nicolás Maduro, y a ese pacto tenso e inestable existente entre el Presidente y su sombra, el teniente Cabello.

            La Globovisión erizada y combativa, caja de resonancia de la oposición, fue tolerada por Hugo Chávez, caudillo con una autoestima muy  inflada. Le aplicó multas, la amenazó y acosó, pero nunca la cerró. Habría sido una muestra de debilidad inaceptable para un líder que se creía ungido por los dioses y con proyección universal. Al final se impuso la estrategia  de convertirla en un negocio condenado a la quiebra, con una sola vía de escape: la venta. La operación no podía autorizársele a cualquier sujeto anónimo que tocase las puertas de Conatel solicitando permiso para realizar la transacción. Podía caer en manos de un grupo aún más crítico del Gobierno. El trato tenía que darse con integrantes del entorno gubernamental o al menos de una de sus facciones más poderosas. Esto fue lo que sucedió. Al principio convenía maquillar la compra. Mostrar que Globo se mantendría dentro de su línea crítica, atenuando los vértices más filosos. Sin embargo, Maduro no acepta ningún género de críticas que le lleguen al país a través de los monitores de televisión. Su enorme inseguridad, los graves problemas que lo asedian, la corrupción de su círculo, la ineptitud de su equipo, no le dan espacio para la tolerancia. No fue capaz de admitir ni siquiera la leve crítica que Alberto Nolia le formuló a su política de seguridad. Su atrevimiento lo llevó a salir eyectado de VTV. Si esto ocurrió con un personaje incondicional como ese, encargado del trabajo sucio del régimen, menos podía tolerarse que un medio comprado con la anuencia de los jerarcas del gobierno, sirviese de tribuna para continuar denunciando y criticando los desafueros y errores de los herederos. A sus recientes dueños había que recordarles que este es un gobierno que no se lleva bien con la democracia, que la acepta a medias y de mala gana porque no le queda otro remedio. La legislación internacional obliga a mantener una cierta compostura, incluso a los tiranos cubanos, refractarios a todo cambio, por inocuos que sean. Maduro se encargó de refrescarles la memoria a los propietarios del canal de La Florida. Comenzó por acusarlos de conspiradores, denuncia que explotó como un misil en el canal. Solo había que esperar que los grados de tolerancia de la emisora se redujeran. Y fue lo que ocurrió.

            Al régimen le agradan televisoras como VTV y periodistas e “intelectuales” como los que cubren todos sus espacios. El análisis crítico que reclama Mario Vargas Losa en La civilización del espectáculo, quedó pulverizado en el “canal de todos los venezolanos”. Allí solo trabajan comunicadores y opinan “intelectuales” que le cantan loas al teniente coronel fallecido y admiran los “éxitos” de su revolución, continuada por los herederos. Todo asomo de cuestionamiento es satanizado como expresión de la derecha, el imperialismo o cualquier otra necedad de las que abundan en la jerga gobiernera. Lo mismo buscan con Globovisión. Por eso la podaron.

@trinomarquezc

¿Será verdad que viene una vaina? – Alberto Franceschi

 Alberto Franceschi

La prudencia de los voceros oficiales de las FFAA contrastando con los bocones castristas que tenían  antes  denota  que  algo o mucho está cambiando en esa institución. Pero antes de  aventurar juicios hagamos el análisis  necesario:

Una vez más  es bueno insistir, que cada vez más numerosos  sectores  se inquietan en extremo por la situación que padecemos,  llegando a la conclusión que estamos dando tumbos como nación.

A toda persona consiente le  embarga  la sensación que al país lo dirigen dementes o inconscientes sin remedio,  y que la clase política, que incluye gobierno y oposición,  parecieran  NO QUERER SABER dónde están parados…. y eso es un fenómeno de alta peligrosidad,  porque contiene  en sí mismo un virus de  propagación pandémica, que  en la historia se  llama caos, o cuando menos crisis revolucionaria aguda.

Nada cuesta percibir que  todo este cuadro de descomposición  política  acelerada,  con ese decorado sombrío del  gobierno y de  su patética oposición,  se deriva de una putrefacción del régimen y de su base de sustentación socioeconómica.  Y esto no puede arrastrarse indefinidamente,  sin que aparezcan  los síntomas irreversibles de gangrena social.

No otra cosa  expresan  la delincuencia masiva  de choros, asesinos y altos funcionarios raspando la olla,  o las  amenazas reales de estallido social  como el que sorprendió a demasiados  el 27 de febrero de 1989, con el cual  por cierto uno nuevo podría tener rasgos demasiado parecidos.

Y por si no lo sabían,  ahora también está documentado que  quien menos conocía de la inminencia de ese cataclismo social era el propio gobierno de CAP con 24 días en el poder. Tampoco  supo ese  gobierno impedir a tiempo los golpes militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.

De manera que el que quiera averiguar lo que está emergiendo de los socavones del descontento social y de la angustia militar en particular por saberse responsables de lo que pueda evitarse,  solo va a detectar  la urgente necesidad de un fuerte reacomodo, por el cual abogan  desordenadamente los segmentos que se lanzan a luchas casi suicidas  contra un  gobierno sordo y paralitico,  y  seguro encontrarán, en los sectores  de mayor sindéresis en las FFAA  como se percibe allí, cada vez con mayor fuerza,  la  antes  imprevisible tensión,  pero donde ahora ya no es  una sorpresa para nadie… que  pueda amanecer de golpe… y esa helada no nos puede agarrar sin cobija.

Si la agudización de la crisis se  manifiesta  bajo la forma de un gran sacudón social o de un gran descalabro económico financiero,  lo más  cierto  es que puedan darse  con manifestaciones imprevisibles, que pondrían  a prueba la solidez misma del Estado. Si tal fuese el caso seguramente no se haría esperar, desde el único otro  ángulo vital del  país con capacidad para  reequilibrar todo y restituir el orden, que  deba imponerse un PRONUNCIAMIENTO MILITAR, al que solo  los demasiados escépticos no dan crédito.

Tal escepticismo sobre el papel  de las FFAA,  para imaginarles jugando a fondo su papel de garante de la institucionalidad del Estado, viene dada por el peso muerto de todos estos años  en los cuales esas FFAA no solo fueron  un sostén fundamental  del régimen, sino que sus líderes jugaron a compartir la ideología de pacotilla enfeudada al castrismo… y es esto lo que hay  que  desentrañar más,  porque el que lo vea escuetamente así, corre el riesgo de estar gravemente equivocado,  si no conserva la hipótesis  que  una mayoría de ellos  pueden contar y constituir una  poderosa reserva,  para recuperar su naturaleza fundacional  y con ella la organicidad del Estado moderno venezolano.

Una conclusión  simplista,  para quienes anuncian un papel protagónico muy transitorio de los militares,  sería imaginar que solo les toca poner orden contra y luego de ese estallido social,  pero para organizar elecciones de inmediato  y  que se haga evidente que se no se necesita la presencia militar  en la escena política. Esa es la trillada visión de los políticos tradicionales.

En realidad si tal fuese el cálculo, nada garantiza menos que salgan bien parados los uniformados,  si debieran asumir solo  el costo del descalabro y de los pasivos  en materia de  “derechos humanos” que tal hipótesis lleva implícita para las FFAA en la calle, como lo fue el 28 de febrero de 1989 y los propios golpes del 1992.

De manera que si es irreversible el protagonismo  de las FFAA, en la superación de un trauma institucional que ya existe,  bajo la  forma de un gobierno a la deriva,  “dirigiendo” un país  directo hacia el abismo,  lo lógico es pensar que deben estarse preparando,  como institución,  para asumir el papel de conducción de una viraje de fondo en la conducción del Estado,  amenazado de disolución.

En esa óptica estamos hablando es de una  presencia prolongada de las FFAA en el rediseño del Estado y  la economía venezolana.

Y lo que quizá entonces no están viendo  los analistas superficiales, obcecados por la polarización política ambiental  heredada, es que  sin detenerse  a  responder  a  la desconfianza innata del sector político opositor contra las FFAA —y sobre todo  de los factores  portadores  de la gangrena  institucional, como el gobierno y la presencia castrista cubana que estos pilletes auspician— está en marcha en las FFAA ese proceso de regeneración de  sus fibras institucionales, aislando, desde los ascensos del mes de  Junio y el relevo de los mandos de guarniciones etc,  a los factores del propio entorno  gubernamental que llevaban de hecho al escenario de un estallido interno de  las FFAA.

No se cómo llamar ese proceso, pero  hay rectificaciones muy importantes inspiradas desde los propios  mandos militares y nada tienen que ver con las directrices cubanas y del gobierno que se ha limitado a tragar entero, o verse suspendidos  en el aire.

Para decirlo más directo, difícilmente podía pensarse que los militares podían poner orden en el Estado en desorden, si antes no superaban su propio desastre.

Por estas razones ea un disparate para  las FFAA meterse de inmediato a resolver el caos institucional  heredado del régimen de Chávez donde descuella  esta sucesión de “elegidos” ilegítimos y fraudulentos,  lo que seguramente implicaba un nivel de riesgos por encima del máximo tolerable,  sobre todo  sabiendo que la presencia cubana dejada por Chávez,  minó y desnaturalizó a las FFAA  amenazándola incluso  hasta en sus posibilidades de sobrevivencia  como institución fundamental de resguardo  del a soberanía.

Intuyo que  hay mucha gente, haciendo denodados esfuerzos para poner orden en nuestras FFAA,  al margen  de la cabroneria habitual de Maduro y otros,  ante  los amos cubanos. Esa es la clave. Eso  es lo que  permite ver que no se quedarán allí,  porque si  al régimen se le permitiera  seguir enfeudado al castrismo,  terminaría por hacer devolver todo,  mediante corruptelas y manipulaciones,  apenas tenga la fuerza para  intentarlo.

Difícilmente en esas FFAA dejadas por Chávez, llena de espías y mandones cubiches podía esperarse otra cosa distinta, entre diciembre 2012  y julio de este año, a vivir bajo el signo, no solo de la incertidumbre institucional, sino en concreto bajo  un clima de zozobra  lleno de soplones y manipuladores de  todo tipo.

Un ejemplo de lo que digo es que sujetos  como el irrepetible Mario Silva,  declarado agente de los Castro, era  un gestor  de no pocas intrigas del poder  prostituido de segmentos  incrustados en la cima misma de las FFAA.  Recuérdese  el complot de  alto vuelo delatado por este espía bocón, en torno a un supuesto plan de golpe militar del Ministro de  Defensa  Molero contra Maduro,  que según Silva propalaba el entorno de Cilia Flores, “que es la que gobierna” según él.

¿Era acaso un “mensaje a García” auspiciando un plan de golpe cubano contra  la deriva madurista, que no se alineaba tan rápido  como querían los Castro, hasta el nivel de abyección?

¿La clave de todo esto  no es acaso que Maduro le fue imposible  seguir  siendo, como hubiera querido, un alcahuete de la ocupación cubana y en algo o mucho fue obligado a  aminorar su papel de simple secuaz del Comité Central del Partido Comunista de Cuba?  ¿Y en este tema crucial como califica y actúa Diosdado después de sus viajes de  informes ante los amos de La Habana?

Aunque le suene surrealista a muchos, la primera y gran discusión  sobre el poder en Venezuela, después de muerte Chávez,  es  ponderar en cual nivel se actúa  o no como agente del régimen totalitario que nos chulea y sojuzga, y aunque no lo crean,  los segmentos de las FFAA que quieren a los cubanos fuera de juego han ganado un terreno muy importante,  al punto que  un desenlace contra ellos, para sacarles del país, sería menos dramático hoy que hace  6 meses.

¿No será que  el resumen de toda  esta comedia de enredos es que Maduro ni sabe para dónde va, confundiendo panes con penes,  oyendo pajaritos y  durmiendo al lado de la tumba del “eterno”,  para escuchar susurros nocturnos, mientras Diosdado  copa TODO el gobierno?
Porque es un hecho demasiado sabido que es Diosdado  el que ha inducido las muy tímidas y  ya inútiles maniobritas de aperturas económicas,  a las que tapa con una desmedida diatriba “ultrosa”,  contra esos  victimizados, pero cómplices del PJ,  que siguen al pie de la letra el calendario, me imagino que a cambio de concesiones, ahora por lo menos  hasta fin de año,  como sostén del régimen basado en el CNE chavista.

Lo cierto es que este régimen agónico le pertenece a  Diosdado  y  Maduro y aunque parezca insólito también de  Capriles, el presidente electo, devenido en lastimero  implorante de veredictos judiciales suecos, en este país de jurisprudencia ugandesa, que cambió su liderazgo nacional por el lastimoso papel de puchinbol  político y moral del malandraje rojo?

¿Podemos acaso mantener  la fe en que este país tenga algún destino y que  efectivamente  están  armándose en los subterráneos de las FFAA  los reajustes institucionales y cambios de régimen,  para que en meses se hagan irreversiblemente  necesarios, impuestos por un inevitable  PRONUNCIAMIENTO MILITAR?

Yo creo que ya es hora de dejar de tomar en cuenta a  los charlatanes de  todo pelaje que escriben y parlotean,  creyendo que esto se arregla con un nuevo  festín electoral de diciembre y sembrando expectativas de viabilidad de este régimen en las últimas boqueadas de ahogado.

¿Sera verdad que viene una vaina? …Muchos  me dicen que sí,  y  yo no tengo razones para ser escéptico.

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Santos o Timochenko: ¿Quién manda en las negociaciones de La Habana? – Eduardo Mackenzie

   Eduardo Mackenzie

Lo qué pasó este fin de semana entre las Farc y el presidente JM Santos es un misterio. La crisis de las negociaciones en Cuba, bruscamente suspendidas primero por las Farc y luego por JM Santos el 23 de agosto de 2013, fue superada horas después cuando el mandatario colombiano retrocedió y anunció que, el lunes siguiente, se reanudarían los contactos en La Habana   como si nada hubiera pasado.

Lo más chocante es que, precisamente, mientras los diálogos estaban suspendidos, la embajada de Colombia en Costa Rica fue atacada a bala por desconocidos y, en seguida, el mismo día, 14 militares colombianos fueron asesinados por las Farc y el Eln en Tame, Arauca, zona limítrofe con Venezuela, sin que el presidente colombiano, ni la prensa santista, hayan querido ver qué conexión puede haber entre la “pausa” decretada por las Farc y esos graves hechos.

¿Qué quería decir el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, cuando escribió el 22 de agosto de 2013, el mismo día en que JM Santos lanzaba su idea de referendo,  que el mandatario colombiano “no quiere ceder un milímetro” para “tranquilizar al gran capital”? Es obvio que ante ese pronunciamiento, los subalternos de Jiménez decretaron la “pausa”. Pausa efímera (pero cuán sangrienta) pues unas horas después de que Santos dijera que no eran las Farc las que decretaban la suspensión de la negociación, éstas prometían regresar puntualmente a la mesa de La Habana. Luego de haber ensangrentado de nuevo el suelo colombiano.

¿Qué había ocurrido? ¿Quién cedió? ¿Cuál fue el precio que pagó el Gobierno para que las Farc levantaran su chantaje de suspensión de negociaciones? ¿Santos renunció a su idea de organizar un referendo? ¿Acogió, en secreto, la exigencia fariana de que  lo pactado entre ellos sea ratificado por una Constituyente? Como ocurre desde el comienzo de los contactos en Cuba, las dos partes ocultaron de nuevo su juego y sus convergencias.

Pero no es imposible vencer tanta obscuridad. Pues unos detalles arrojan cierta luz.

En medio de la crisis, el 25 de agosto, Timochenko lanzó otro comunicado el cual, en pocas horas, puso de acuerdo a todo el mundo. Ese texto podría explicar el cambio de actitud, respecto de la “pausa” de los dos bandos. Allí, Timoleón Jiménez sigue mostrándose, es verdad, receloso ante Santos, al decir: “Lo que Santos pretende con ese Referendo es que el país vote sí o no, a dotar de facultades extraordinarias al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley encaminados a poner en vigencia los Acuerdos firmados en La Habana”.

Empero, a renglón seguido, el cabecilla de las Farc cambia de tono y le sugiere a Santos una salida. Y hasta le susurra al oído que esa variante contaría con su apoyo, lo cual ayudaría mucho, es evidente, al proyecto reeleccionista del presidente. Timochenko dice que el país debería votar “sí o no a la conformación de un pequeño Congreso o cuerpo legislativo encargado de redactar los decretos” y que ese “Congreso estaría conformado por voceros de todos los partidos políticos y en él tendrá cabida una pequeña representación de las Farc.”

Así, deslizando esa frase sobre el “pequeño congreso”, con “representación” de las Farc, Timochenko vuelve a poner en escena su idea de ratificar los pactos de La Habana por una Constituyente y a ofrecer como telón de fondo la reelección de Santos.

El resto de la carta del 25 de agosto es humo diversionista. Incluso Timochenko redacta una frase para mostrar a Santos como un negociador intransigente: “Sus posiciones en la mesa siguen siendo inamovibles en cuanto a no tocar un solo aspecto del orden establecido.” Tal estimación de Timochenko es falsa. El “marco jurídico para la paz” sí desborda el orden establecido, y viola la misma legislación internacional. Sin hablar de los otros puntos absurdos ya acordados en Cuba como eso de entregarle a las Farc no desarmadas centenas de miles de hectáreas de tierras laborables, con millones de ciudadanos adentro, para que erijan bastiones bajo el rótulo de “zonas de reserva campesina”.

Ese episodio de la carta del 25 de agosto del jefe de las Farc,  analizado erróneamente por cierta prensa, trasladó de hecho, durante unas horas, el escenario de la negociación y lo puso directamente en manos de Santos y Timochenko.

No sabemos si ese hecho cambiará el curso de los contactos entre los negociadores en Cuba. En todo caso, el equipo de Santos ha hecho saber que su urgencia ahora es modificar la Constitución para poder realizar el día de las próximas elecciones legislativas el referendo en cuestión. Pero no dijo nada acerca de cuáles serán los postulados que podrían examinar los colombianos.

A lo que inmediatamente respondió, el lunes, Iván Márquez: que el Gobierno al “tomarse esas atribuciones está en flagrante violación del acuerdo general firmado en La Habana”. Según el jefe negociador de las Farc, la reforma que estudiará el Congreso “sin discutirlo con la contraparte, expresa una situación de hecho que ni se comparte ni se acompaña”. Al hablar de “situación de hecho” inaceptable, el jefe terrorista quiso decir que el régimen de Santos debe cogobernar con las Farc, sobre todo en materia legislativa, si quiere avanzar en el proceso de paz.

La conclusión de estas idas y venidas del fin de semana es que las Farc no quieren renunciar a una negociación, la única vía que les queda para apoderarse del Estado y de la sociedad colombiana. Por eso su “pausa” no fue más que un truco para reiterarle, no al gobierno, sino a la sociedad, que ellas quieren romper la institucionalidad democrática mediante la palanca solapada de un cenáculo restringido (lo que ellas llaman “asamblea constituyente”) donde ellas llevarán la batuta y sin que los colombianos puedan rechazar o acoger, mediante el voto, tal salto hacia el infierno.

Para evitar una tragedia histórica, los colombianos debemos saber desde ya, en términos exactos, lo que se está preparando en La Habana. Fracasarán quienes escogen el silencio y esperan pedirnos a última hora que ratifiquemos unas capitulaciones aberrantes, presentadas como la única vía hacia la paz.

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No pasa nada – Luis DE LION

IMG_0806  Luis DE LION

La realidad sigue siendo más chocante, a pesar de los eufemismos izquierdosos, que las misiones, que los planes, que los proyectos. Desde que ejerce el poder supremo, Nicolás Maduro, sigue una ruta zigzagueante, ante los obstáculos propios del mundo real, los cuales apenas esquiva. Su resistencia ante el desastre impresiona. Un síndrome particular: mientras más evidencias de su incapacidad para gobernar, parece que más se atornilla. A su extrema confianza en sí mismo, unas certezas que confunden, que engañan y que le permiten ser indiferente ante la impopularidad. Su popularidad nunca fue un punto fuerte, la misma ni siquiera se estanca, simplemente no tiene prestigio. En un primer tiempo, dicho marasmo para algunos se debía a la inexperiencia. Pero resulta que es estructural. Paradójicamente, dicha debilidad, parece ser la fuerza de Maduro. Poco o nada importa, cuando uno controla y dispone ampliamente de todos los poderes del Estado y si además tienes frente a ti a una oposición mediocre.

Amplia mayoría en la Asamblea, pero una evidente incoherencia. Esa suerte de brebaje, ideológico, acomplejado y conservador, que apesta desde la bancada oficialista legislativa, constituye una política. Imposible darle una definición precisa. Se dicen socialistas, pero ante la interrogante, qué es hoy el socialismo, en qué se ha convertido dicho término, arrebatan, y responden que hay una sola línea la de Chávez y Bolívar. ¿Cuál es esa línea? Maduro tiene en su mayoría dentro de la Asamblea Nacional, una diversidad en la cual cada quien reivindica una izquierda de acuerdo a su cultura, a su historia y lo más importante, de acuerdo a sus propios intereses. El resultado, es la suma de una mayoría incoherente, de la cual extrañamente la oposición, no logra sacar provecho político alguno.

Impopularidad e incoherencia, se ejerce el poder por aproximación política. Parece que va a ser así. Lo peor, es que nos acostumbremos a ello. ¿Quién o qué se opone realmente a ese desorden ideológico, a ésta confusión ejecutiva, a éste martirio judicial?  La ruta opositora parece guiarse por lo irónico, lo humorístico y la indignación ciudadana, a falta de una organización verdaderamente política y no solo electorera. La preocupación es una supuesta “unidad” electoral, en lugar de preparar una alternativa al mandato de Maduro.

Es en medio de dicho clima sofocante, que vamos una vez más a, acercarnos a una enésima cita electoral.

Maduro ya mostró cuan extensible es su incapacidad. Está convencido de su eficiencia y de la homogeneidad de los interesados que conforman su contradictoria mayoría en la Asamblea.

¿Y la oposición? ¿Es inofensiva? ¿Cuál oposición?

luisdelion@gmail.com

@LDeLion

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Corruptos ¡uníos! – Agustín Blanco Muñoz

  Agustín Blanco Muñoz 

Hoy  los fantasmas de la corrupción  recorren ¡uníos! este expaís por todos sus rincones. Y frente a esta decidida acometida, quien ocupa hoy la presidencia, lanza  una supuesta y  valiente   alarma anticorrupción, como si el asunto fuese algo  que le sorprende.

Ni en sus largos años  en el PSUV, en cargos  burocráticos o como mano derecha de su padre-presidente,  advirtió que la corrupción y el robo de la cosa pública es consustancial a la clase política de lo que fue Venezuela y hoy es Venecuba.

El golpista-presidente aludió muchas veces al fenómeno, hasta con pasión y vehemencia. Pero al parecer no llegó a ver que incluso a su alrededor crecía como monte el robo amparado  en la matraca del poder estatal.

Al inicio de su mandato en 1999, el Director de la Disip Jesús Urdaneta Hernández (ABM, El comandante irreductible. Caracas, 2003) en cumplimiento con las tareas de inteligencia que se le encomendó como Director de la Disip, le presenta al jefe de Estado 49 expedientes de corrupción de funcionarios o relacionados con su gobierno, que fueron de inmediato engavetados.

El golpista presidente argumentó que no estaban dadas las condiciones para enfrentar esa situación y que era necesario esperar a que el gobierno estuviera más consolidado y fortalecido.

La  respuesta de JUH  fue terminante: pero esa no es la bandera que enarbolamos cuando nos alzamos contra el gobierno  de Carlos Andrés Pérez que calificamos de corrupto. En respuesta Chávez le pidió al amigo tener paciencia, porque más adelante tomaría medidas  contra el robo público.

Pero pasaron 14 años y esto no ocurrió. Y ese árbol ha alcanzado niveles a tal punto impredecibles que Maduro siente hoy    que no puede gobernar con esa herencia de corrupción ni con el lastre de haber recibido un aparato financiero que dispuso de 900 mil millones sin dejar siquiera un aparato productivo cónsono y un alto mando militar 4F-chavista que ha tenido que sacar de su antigua condición. ¿Cambios o revolución propia para subsistir?

El madurismo trata ahora  de tomar todos los controles de esta tragedia para impulsar una corrupción boliburguesa cada día más actualizada,  que se adecúe al Plan de la Patria de esta inigualable revolución y que no permita a oponentes incursionar en este botín. Sancho, los corruptos del pasado y el presente unidos jamás serán vencidos!

@ablancomunoz / abm333@gmail.com

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