La resistencia como derecho y deber

   Fernando Luis Egaña

La resistencia al despotismo, a la arbitrariedad y a la opresión política es un tema que tiene una antigua genealogía en el dominio de las grandes corrientes de pensamiento, y también una clara proyección contemporánea en el derecho constitucional, incluyendo al venezolano y en lugar destacado. En la Asamblea Constituyente de 1999 se puso especial empeño en desarrollar lo relativo a la resistencia.

Tenemos por ejemplo que el texto constitucional aprobado entonces, consagra lo siguiente en su artículo 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella”. Y esa misma norma también dispone: “En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Tal disposición fue invocada por muchos ante los decretos del 12 de abril de 2002, a todas luces contrarios al orden constitucional, y sin embargo no ha sido debidamente ponderada cuando es el llamado Estado “revolucionario” quien dinamita la letra, espíritu, propósito y razón de la Constitución. Realidad que caracteriza su proceder de forma constante y deliberada, aunque a veces se logre disimular con mañas habilidosas.

Y por si quedaren dudas al respecto del reconocimiento constitucional a la resistencia como derecho y como deber, el artículo 350 establece: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

En la renovada doctrina social de la Iglesia, se plantea que “nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural”; y el  Catecismo católico también expresa que “el poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana… y a administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno”… Sentencias éstas que adquieren una vigencia muy particular en el caso de los viejos y nuevos despotismos de América Latina.

Más avanzada se vuelve la enseñanza correspondiente al sostener que el ciudadano tiene obligación de conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios, por ejemplo, a los derechos fundamentales de las personas. Lo que ha sido el núcleo de las grandes expresiones de la resistencia social y política en el siglo XX y XXI. Desde la epopeya de Ghandi en la India hasta algunas de las primaveras árabes en el norte de África.

Podemos apreciar, entonces, que la resistencia no es un apelativo propio de la sinrazón o del fanatismo, sino que se trata de una institución plenamente autorizada por doctrinas éticas, políticas y jurídicas de valor general y también de carácter vinculante en el plano normativo. Amén de diversas experiencias históricas que han sido notables en su concepción, ejecución y efectos fructíferos.

Es necesario, por tanto, que la población conozca mejor y más a fondo el alcance de sus derechos. La defensa frente al despotismo, la arbitrariedad y la opresión política es un derecho ciudadano y, de igual modo, un deber cívico. Y esa defensa también puede y debe hacerse realidad a través de la resistencia.

flegana@gmail.com

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