Lo que dice (realmente) el “preacuerdo”

   Eduardo Mackenzie

   

 

La mayor debilidad  del documento que los medios dieron a conocer bajo el título de “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” es que no dice cual es el sócalo conceptual sobre el cual se abrirán las negociaciones. No dice que hay unos valores, unos principios, unas libertades y unas instituciones que no son ni serán negociables.

 

Como calla todo al respecto se puede deducir que las libertades, principios, valores e instituciones colombianas podrán ser negociados.  Esa es, lamentablemente, la filosofía de ese texto y el marco psicológico en el que, por descuido o apresuramiento, se dejaron encerrar los que representaban al gobierno Santos en los “contactos preliminares” con las Farc.

 

Si se lee con atención ese documento, se verá que no hay allí puntos no negociables. Todo es negociable. Es como si quienes suscribieron eso vieran a Colombia  como un inmenso desierto donde nada existe y donde todo está por construir o, mejor, por pactar. Es como si los negociadores tuvieran que partir de cero y avanzar hacia la construcción de unos valores y de unas instituciones pues nada de lo que tenemos los colombianos sería estable y legítimo. Natural: el comunismo considera que siglos de capitalismo no han producido nada de valor.

 

La mención en ese texto de la fórmula “derechos humanos” podría dar la idea contraria, de que al menos esa es la base intocable, no negociable. Error. Los derechos humanos sólo aparecen allí, lamentablemente, como algo que debe ser “promovido”, como una perspectiva, no como una realidad, como algo ya adquirido.

 

Ese texto ni siquiera dice que la democracia  impera en Colombia pues ésta, asegura el documento, debe ser “ampliada” para que sirva de algo, sobre todo para que sirva de “base para la paz”. El absurdo es total. Quienes firmaron ese papel parecen ignorar que los colombianos, gracias a la democracia, están en paz con ellos mismos y que sólo una facción subversiva absolutamente minoritaria, que trata de demoler esa democracia, se opone a esa paz desde hace 50 o más años. Esa facción armada se ha auto excluido del pacto social. Ese documento acepta de entrada hacerle concesiones de principio enormes a ese grupo. Es la civilización capitulando ante la barbarie.

 

Los puntos más asombrosos

 

La agenda de las negociaciones “de paz” tendría seis temas más un capítulo sobre las “reglas de funcionamiento” de la negociación. Lo que aparece en esa agenda es aterrador.

 

Veamos los temas principales y lo que ocultan ciertas frases.

 

El primer punto habla de una “política de desarrollo agrario integral”. ¿Por qué el desarrollo agrario que quieren las Farc debe ser “integral”?  Porque no es lo que Colombia ha hecho y hace. Porque se trata de desarrollar otra agricultura, con otros actores, otros métodos y otros objetivos. Lo que proponen las Farc es una agricultura socialista, donde  los propietarios son eliminados como clase. Por eso debe ser “integral”. Es decir radical, extrema, violenta. En este texto, “integral” quiere decir todo eso: que el desarrollo agrario debe ser acompañado de expropiaciones, invasiones, vías de hecho, matanzas. Es la lucha de clases en todo su esplendor, la eliminación de las clases sociales en el campo. Esa agricultura fracasó en todos los países donde fue aplicada.

 

El punto 2 dice que, tras la firma del acuerdo final,  surgirán “nuevos movimientos” de oposición y que a éstos hay que darles garantías y derechos para que ejerzan su oposición y para que accedan a los medios de comunicación. Tal énfasis anuncia algo: que una parte de las Farc se disfrazará de partido político y podrá penetrar aún más todas las esferas de la sociedad  y del Estado. En particular, la fracción mediática deberá contar con espacios autónomos en la televisión,  en la radio y en los diarios del país. ¿Por eso el preacuerdo se abstiene de decir cuál será el futuro de los medios privados y públicos de comunicación, del pluralismo y de la libertad de prensa en Colombia?

 

¿En aras de la “concordia nacional”, vamos hacia  un modelo de prensa única, como el de Cuba, en el que los capataces, los únicos con derechos en los medios, serán los “nuevos movimientos” controlados por las Farc? Una información deformada y que proyecta sobre la sociedad una ideología caduca constituye un peligro para el futuro.

 

El punto 3 suscita enorme preocupación pues habla de la “dejación de las armas” y no de la entrega de las armas. La diferencia es enorme. La idea fija de las Farc es imponer su modelo de sociedad a las mayorías nacionales sin que tengan que entregar al Estado sus armas, sus guaridas, sus redes clandestinas y sus cultivos ilícitos. Las Farc, dice el texto, “dejarían” las armas “de acuerdo a sus intereses”. Es decir, que seguirán armadas y con una serie de brazos legales incrustados en la sociedad civil y el Estado para minarlos desde dentro. Es lo que las Farc llaman “la combinación de todas las formas de lucha”, una tenaza diabólica para destruir lo que somos. Ellas esperan que la negociación “de paz” ratifique eso.

 

El texto dice que habrá “reincorporación de las Farc a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses”. Es decir que ellas conservarán su nombre, sus armas y sus intereses. Y podrán intervenir, ordenar, interferir en todas las esferas de la sociedad: en “lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus intereses”.  En otras palabras: el interés particular de las Farc, minoritario, violento y detestable, podrá imponerse sobre el interés general.  

 

Conclusión: las Farc lograron meter esa doctrina leninista en el “preacuerdo”, envolviéndola  en frases sibilinas, sin que los “plenipotenciarios” del gobierno se hayan dado cuenta de semejante contrabando. Ese detalle muestra lo que será la “negociación de paz” en Oslo y en La Habana.

 

El punto  3c abre la posibilidad de un pacto de impunidad, bajo la forma de amnistías, indultos, cesación de procedimientos, a favor de los detenidos y condenados por terrorismo, rebelión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ese punto hace eco al llamado “marco jurídico para la paz”, que pretende dejar en libertad a toda suerte de criminales “políticos”, incluso a los autores de crímenes de lesa humanidad.  

 

El punto 3d fabrica el instrumento para  barrer con todos los que se opondrán  a eso. Ellos serán catalogados como “organizaciones criminales” y “redes de apoyo de organizaciones criminales” y deberán ser “acabados”, como dice el preacuerdo.  La menor crítica a las Farc, a sus agentes y a sus grupos y movimientos será catalogada como un “atentado  contra defensores de derechos humanos” y deberá ser “acabado” (nótese la connotación violenta de esa palabra).

 

En cuanto a la Fuerza Pública (fuerzas militares y policía nacional) el documento  es tremendamente cínico. No menciona a la Fuerza Pública pero señala que ésta podrá ser   “reformada” y “ajustada”, es decir desmembrada, desmovilizada y transformada en fuerza menor, diversa y dividida. Las fuerzas militares quedarán sin doctrina, sin orientaciones, con un mínimo de efectivos, equipos y material de guerra. Todo ello en aras de “construir la paz”. Es lo que significa esta frase: “El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”.   Tal perspectiva es tenebrosa.  En Colombia hay una ley: cada vez que la fuerza pública es desatendida y perseguida el paramilitarismo y la guerrilla se crecen, y cada vez que la fuerza pública es reforzada  el paramilitarismo y la guerrilla decrecen.  

 

En materia de “victimas” las únicas que reconoce el preacuerdo son las víctimas de los paramilitares. En eso es muy claro el texto.  El preacuerdo no dice nada acerca de cómo las Farc “resarcirán” a sus víctimas. El punto 3 sobre el “fin del conflicto” el punto g dice: “En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.”

 

¿Cuáles son esos “otros”?  ¿Las Farc y el Eln, las Bacrim? ¿Por qué el preacuerdo no lo dice? Ese texto solo apunta contra el llamado “paramilitarismo” noción que, además, es imprecisa. Las Farc también son un movimiento paramilitar. Es la organización paramilitar más antigua del país. Pero el preacuerdo no cree que el paramilitarismo comunista tenga por qué resarcir a sus numerosas víctimas.

 

Otro punto que llama la atención es el que consagra este principio: No habrá entrega ni destrucción de cultivos ilícitos de las Farc, ni de sus laboratorios de droga, depósitos clandestinos, pistas de aterrizaje y otros elementos constitutivos del narcotráfico, como  cuentas bancarias e infraestructura inmobiliaria.  Sólo hay una frase sobre “sustitución” de cultivos ilícitos. El preacuerdo es totalmente laxista en materia de lucha contra el tráfico de drogas en Colombia.

 

Sobre el cese bilateral de fuego, el punto más importante quizás de la eventual negociación, es muy curioso. En el punto 3  hay, efectivamente, una frase que dice: “a. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”.  Sin embargo, ese punto no es desarrollado en ninguna parte: ni en los acápites que siguen, ni en el resto del documento. En realidad, no hay nada más sobre cese al fuego bilateral. En el punto 3, “las partes”  tocaron otros puntos, como la “dejación de las armas”, la lucha para “acabar” con el paramilitarismo,  la impunidad para los detenidos y condenados de las Farc, la reducción de las Fuerzas Armadas (que se deriva de lo que dice el punto g).

 

Pero el punto del cese al fuego bilateral no es desarrollado. ¿Por qué? Para mí, ese punto no existe. O fue incluido arbitrariamente y de esa curiosa manera, sin precisarlo, pues no existió acuerdo sobre eso. Estamos pues ante otro enigma que afecta un tema central, como dije en un artículo anterior. Ver: http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/colombia-hacia-un-cese-del-fuego-bilateral

 

Trampas en las reglas de funcionamiento de las conversaciones

 

La eventual “transparencia” de las conversaciones es una burla: no habrá un solo elemento de “transparencia”: las reuniones serán secretas y ni siquiera las discusiones podrán ser conocidas por la prensa. El mismo secretismo cubre los “informes periódicos” que alguien redactará (no dice quien redactará esas notas). Esos textos también  serán secretos.

 

En cambio, habrá un mecanismo (cuyo perfil no es precisado) para “dar a conocer conjuntamente los avances de la mesa”. El texto habla también de una “estrategia de difusión eficaz”. El problema es que la tal  “difusión” no se sabe a quién le llegará primero. El documento no dice una sola palabra sobre la relación formal que habrá entre la mesa y los medios de información en general.  ¿La prensa en general (y no los amigos de las Farc) tendrá acceso prioritario a tales “avances” y “difusiones”?  ¿Tales vacíos en ese punto crucial no son para relegar a los periodistas y a los medios que no tragan entero sobre ese misterioso pacto?

 

Un punto final: la recepción de propuestas está concebida para quitarle estabilidad a las discusiones. Cualquier persona o cualquier grupo podrá presentar “propuestas” (ante quien, no se sabe) y la mesa podrá delegar a “un tercero” para que organice ese “espacio de participación”. Crean así un buzón de correo (físico y electrónico) a donde podrán llegar, sin control alguno, exigencias anónimas o no.  Ese obscuro mecanismo puede convertirse en el instrumento para presionar o favorecer a uno de los bandos. Si los negociadores del gobierno insisten en un punto (algo que la opinión pública ignora pues el secreto de la discusión impide la circulación de información), las Farc podrán hacer presión a través de sus redes para criticar, insultar, intimidar a esos negociadores. Así se prepara un  mecanismo para favorecer a una de las partes, imponer otros temas, aplicar otras salidas, etc. 

 

Consulte el archivo de artículos del autor

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